- El INE descontó casi 98 millones de pesos del financiamiento público del PRI por la recepción ilegal de recursos en el caso de la nómina secreta de César Duarte; el castigo quedó firme tras el aval unánime del Tribunal Electoral.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) terminó por pagar una de las sanciones económicas más severas derivadas del caso de la «nómina secreta» del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez. El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo efectivo el cobro de 97 millones 916 mil 665 pesos, monto que fue descontado gradualmente del financiamiento público ordinario del partido durante 2023.
De acuerdo con un informe de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, el cobro ya quedó concretado. Hasta ahora, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI no ha emitido ningún posicionamiento sobre el pago de la multa.
El castigo quedó firme pese a la impugnación
La sanción fue aprobada por el Consejo General del INE el 27 de marzo de 2023, luego de acreditarse que el partido recibió ilegalmente recursos públicos durante 2015, en el esquema conocido como la «nómina secreta» operada desde la administración de César Duarte Jáquez.
Como parte del castigo, la autoridad electoral determinó reducir en 25% el financiamiento público mensual destinado a los gastos ordinarios del PRI hasta cubrir la totalidad de los casi 98 millones de pesos.
El partido intentó revertir la resolución ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); sin embargo, el 27 de julio de 2023 los magistrados confirmaron por unanimidad la sanción, dentro del expediente SUP-RAP-121/2023.
En su resolución, el Tribunal sostuvo que las multas pendientes del partido «se deben a que ha realizado conductas indebidas» y señaló que la sanción es acorde con el efecto disuasivo que deben tener este tipo de medidas.
Así operó la «nómina secreta»
El origen del caso se remonta a la denuncia presentada el 4 de junio de 2018 por Stefany Olmos Loya, entonces titular de la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, como parte de la Operación Justicia para Chihuahua.
Esta representó la segunda multa impuesta por el INE al PRI derivada de dicha investigación. La primera, por 36.5 millones de pesos, fue aplicada en julio de 2018, luego de acreditarse la retención de una parte del salario de trabajadores estatales para beneficiar al partido.
De acuerdo con la investigación del INE, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua emitía cheques a nombre del Servicio PanAmericano de Protección. Posteriormente, la empresa cobraba esos documentos y el dinero en efectivo era entregado al entonces tesorero estatal, Joaquín Francisco Hernández Vega, quien lo resguardaba en una caja fuerte de la dependencia.
La investigación también estableció que durante 2015 fueron entregados 39 millones 166 mil 666 pesos a Pedro Mauli Romero Chávez, entonces secretario de Finanzas y Administración del PRI en Chihuahua, mediante 13 recibos firmados por él mismo. Posteriormente, Romero Chávez fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión por corrupción.
Asimismo, Mezquitic Aguirre declaró ante el Ministerio Público que el mecanismo obedecía a un acuerdo entre César Duarte Jáquez y el entonces presidente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, coordinado por Gerardo Villegas Madrigales y Adrián Dozal Dozal. Por su parte, Jaime Ramón Herrera Corral, exsecretario de Hacienda, declaró ante el INE que él no autorizó ni firmó la emisión de esos cheques.
La recuperación de recursos públicos sigue creciendo
Con el cobro de esta sanción, la Operación Justicia para Chihuahua acumula casi 2 mil millones de pesos recuperados mediante procedimientos administrativos, fiscales y penales, como parte de las acciones para reparar el daño al erario.
De acuerdo con la información del caso, al menos 11 beneficiarios de la «nómina secreta» se acogieron a un criterio de oportunidad ante el Ministerio Público, aceptaron la comisión del delito y devolvieron los recursos públicos recibidos.
En contraste, se señala que María Eugenia Campos Galván, actual gobernadora de Chihuahua, así como César Jáuregui Moreno y Cruz Pérez Cuéllar, no devolvieron el dinero público recibido, según la información presentada en el marco de la investigación.
