En una acción contundente que busca frenar de tajo cualquier intento de violentar la meritocracia popular y el acceso justo a la educación pública, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló formalmente este lunes una Comisión Técnica especial.
El objetivo es realizar una auditoría profunda e inmediata al procedimiento y los puntajes del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, luego de que salieran a la luz graves irregularidades que amenazan con empañar el esfuerzo de miles de jóvenes de la clase trabajadora.
Desde la Torre de Rectoría, el rector general Leonardo Lomelí fijó una postura clara frente a los viejos vicios que pretenden enquistarse en los procesos de admisión. Advirtió que la máxima casa de estudios no tolerará trampas ni privilegios opacos que desplacen a quienes se prepararon legítimamente.
«No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad», sentenció de manera tajante, alineando a la institución con la defensa de la justicia social.
Libertad total para investigar
El rector instruyó a los integrantes del órgano colegiado a actuar con absoluta autonomía, poniendo a su disposición todos los archivos y la facultad de comparecencia de cualquier funcionario universitario involucrado.
La consigna es clara al esclarecer qué pasó, por qué pasó, garantizar la equidad y extraer lecciones que sirvan para blindar a todo el sistema de educación superior del país ante este tipo de amenazas logísticas o tecnológicas.
La urgencia institucional es máxima. Lomelí urgió a la Comisión a entregar resultados en los próximos días para disipar la incertidumbre que hoy agobia a miles de familias aspirantes que esperan una respuesta digna y transparente por parte de la Universidad de la nación.
Científicas, científicos e intelectuales de vanguardia
Para garantizar que la investigación no deje espacio a la simulación, la Comisión Técnica quedó blindada por un perfil multidisciplinario de alto nivel, integrado por 16 académicas, académicos e investigadores que van desde la biología hasta el derecho.
El comité está presidido por el doctor en Biotecnología Eduardo Bárzana García y cuenta con la secretaría técnica del abogado Joaquín Narro Lobo. Entre los perfiles encargados de desentrañar el alcance de las irregularidades destacan:
- Especialistas en evaluación y pedagogía: Figuras como Eduardo Backhoff Escudero (exconsejero del INEE) y la pedagoga Alma Maldonado (Cinvestav), junto a Lucía Guadalupe Monroy (exdirectora técnica en Ceneval).
- Científicos de frontera y tecnólogos: El físico Alejandro Frank (Premio Nacional de Ciencias), el bioquímico Carlos Arámburo, la bióloga María Soledad Funes, y expertos en tecnologías e internet como Héctor Benítez Pérez y Alejandro Pisanty.
- Matemáticos y expertos en datos: Los actuarios Ruth Selene Fuentes y Ramsés Humberto Mena, además del matemático Juan José Rivaud.
- Ciencias sociales y ética: El sociólogo Roberto Rodríguez Gómez, la historiadora Elisa Speckman Guerra (presidenta de CUÉTICA) y el abogado Pablo Pruneda Gross, titular de Inteligencia Artificial en la UNAM.
