(24 de junio, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Poder Judicial es el encargado de dar certidumbre y pulcritud a la impartición de Justicia en México, pese a que ésa es su función, las decisiones que han tomado algunos jueces en diversos temas ha puesto en entredicho la labor de este poder de la unión. El Poder Judicial (PJ) ha sido severamente señalado por la opinión pública por no cumplir con su función, ya que diversos elementos del PJ han dado fallos que han beneficiado a personajes relacionados con el crimen organizado y con actos de corrupción.
Desde el Poder Judicial la impartición de justicia ha sido vulnerada por algunos de sus miembros al otorgar amparos para frenar detenciones o evitar que se congelen cuentas bancarias de personajes investigados, incluso por medio de sus fallos los jueces han beneficiado a sectores de la clase empresarial por temas como el del aeropuerto de Texcoco para que se reanuden los trabajos de construcción o que se detengan las obras de la próxima estación aérea en Santa Lucía.
Uno de los casos que exhibieron al PJ en su conjunto ante la ciudadanía, ocurrió a los pocos meses de que Enrique Peña Nieto asumiera el poder, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de la francesa Florence Cassez, quien años atrás había sido detenida y juzgada por secuestro, no obstante los ministros determinaron que se había vulnerado el debido proceso en la detención y quedó en libertad.
El ejemplo más reciente de dicho actuar lo dio el Juzgado Décimo segundo de Distrito en Amparo y Materia Penal de la Ciudad de México, por medio de la juez Rosa María Cervantes Mejía, al otorgar un amparo a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, para suspender su detención definitiva contra la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero y la emisión de la ficha roja de la Policía Internacional (Interpol).
Alonso Ancira fue detenido en España por la Interpol por acusaciones que tienen que ver con la venta de una planta de fertilizantes que fue adquirida por Petróleos Mexicanos en la gestión del peñanietista Emilio Lozoya Austin. Con base en este amparo Ancira no podrá ser detenido por la Fiscalía General de la República en el momento que pise territorio nacional.
Asimismo, desde el Poder Judicial, Emilio Lozoya Austin logró un amparo por parte de la juez Luz María Ortega Tlapa, quien hace años amparó a Joaquín El Chapo Guzmán, para que no fuera detenido luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra. Aunque Ortega Tlapa favoreció a Lozoya Austin, otro juez del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Material Penal con residencia en la Ciudad de México revocó la suspensión definitiva que se le había otorgado contra cualquier orden de aprehensión.
LOS SEÑALAMIENTOS
La labor de algunos jueces en su condición de impartidores de justicia ya han puesto en alerta a la clase política de nuestro país. En el marco del décimo aniversario de la tragedia de la Guardería ABC, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, dejó en claro a Revolución TRESPUNTOCERO que el PJ vivía un proceso de desprestigio, así como también de descomposición por decisiones cuestionadas y por presuntos actos de corrupción.
Horas después de que el morenista hiciera tal pronunciamiento, el secretario general de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una solicitud a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación para que se investigue el actuar de la juez Luz María Ortega Tlapa por el amparo otorgado a Emilio Lozoya Austin para que éste no fuese detenido.
En este sentido, la solicitud de Jorge Álvarez Máynez expone que la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura debe indagar si Ortega Tlapa, ya que “pudiera haber incurrido en diversas irregularidades en el ejercicio de su encargo jurisdiccional”.
No obstante a los señalamientos que han expuesto Monreal y Álvarez Máynez sobre el desempeño del Poder Judicial, la sociedad civil también ha denunciado que diversos jueces no han hecho lo necesario para que se dé una impartición de justicia de forma rápida y expedita. Lo anterior lo ejemplifica el caso de los familiares de los niños fallecidos el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, pues a lo largo de una década no hay un solo detenido por lo ocurrido.
Hasta el momento los posibles culpables están amparados por jueces federales, por lo que mientras no exista un fallo en contra, éstos podrán gozar de su libertad pese a que hay pruebas de que los vinculan con la tragedia ocurrida hace una década, sin embargo la última palabra la tienen los jueces para que los familiares afectados el 5 de junio de 2009 puedan acceder a la justicia.
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