(31 de julio, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- En Michoacán, hablar de desaparición forzada y fosas clandestinas tiene como castigo las amenazas o la misma muerte para los familiares de las víctimas. Aún con el inminente riesgo mortal, Zenaida unía a las familias para formar grupos, que con la mayor discreción, hasta ahora siguen realizando las investigaciones y rastreo de sus desaparecidos.
Ella no solamente se ocupó de la desaparición forzada de su esposo, sino que ayudó a otras familias en el rastreo de fosas clandestinas. También tuvo el valor de denunciar las amenazas padecidas por quienes buscaban, sin embargo, la Fiscalía de Michoacán no la considera una activista, mucho menos una Defensora de Derechos Humanos y ha señalado que era nada más “una comerciante”.
Zenaida murió durante un ataque a balazos perpetrado por un grupo de personas desconocidas, mientras conducía por la carretera Huahua-Pichilinguillo (región donde ella vivía); regresaba de haber denunciado ante las autoridades una serie de amenazas en su contra. Temía por su vida y finalmente la asesinaron.
Zenaida Pulido Lombera, de 43 años, buscaba a su esposo desde 2003. Después que él se subiera a una lancha nunca volvió a saber de él. “Has de cuenta que se ahogó, ya no lo busques”, le advirtieron. Pero no hizo caso, lo buscó vivo y finalmente también muerto en fosas clandestinas. Ella murió sin encontrarlo.
La inseguridad en Michoacán alcanza a los habitantes de todos los estratos sociales, sin embargo, para las familias que buscan a sus desaparecidos en fosas clandestinas representa un doble riesgo realizar un recorrido en zonas de peligro, acción que corresponde a las autoridades.
“Solamente por buscar a nuestros desaparecidos somos más perseguidas y más criminalizadas. Las amenazas las hemos vivido muy de cerca, un ejemplo son las compañeras que viven en la región de Uruapan, la Costa y la zona fronteriza entre Jalisco y Michoacán (Sahuayo). A esos sitios ha llegado la Caravana de búsqueda y la inseguridad se ha recrudecido.
“En el caso de la compañera Zenaida, ella había estado recibiendo amenazas. Lamentablemente no solamente es ella, otras compañeras las padecen. Incluso personas que no tienen desaparecidos son amenazadas por los terrenos que poseen, quieren apropiarse de las tierras y la forma es mediante el terror que ejercen sobre ellos”, comentó a Revolución TRESPUNTOCERO, Mercedes Ruiz, compañera de búsqueda de Zenaida e integrante de la organización Familiares Caminando por Justicia.
Uno de los factores que puede dar pie a las amenazas, dijo Mercedes, es el hecho de exhibir la grave problemática de inseguridad y señalar las zonas en las que impera la desaparición forzada pero también el descubrimiento constante de fosas clandestinas.
“Es evidenciar que algo está pasando. Sí porque encontramos restos óseos. Sí porque encontramos cuerpos. Sí porque encontramos prendas. Y hay actores que no quieren verse expuestos pero sucede cuando demostramos lo que pasa, aunque no lo quieran reconocer”.
Las madres que se han convertido en rastreadoras de fosas clandestinas, que son quienes en su mayoría investigan los casos, perciben que lejos de detenerse, las desapariciones forzadas se han incrementando.
En Michoacán, la búsqueda de desaparecidos es casi secreta por el riesgo que corren las familias
La desaparición forzada del esposo de Zenaida es uno de los casos más antiguos y por ello da una idea clara a las familias desde cuando la problemática comenzó a extenderse por el territorio de Michoacán. Siendo las zonas donde se podría explotar mega proyectos (mineras) los principales focos rojos de fosas y de ausencias forzadas, a decir por el análisis de los miembros de Caminando por Justicia.
“Y en el caso de Uruapan, tendría que ver con que es una zona de gran producción de aguacate. El problema se va incremento en ese tipo de regiones. Nosotros corroboramos esta situación con los testimonios de las vivencias de los habitantes. Las noticias que estamos recibiendo es que se ha incrementado el hostigamiento. Sobre todo de las familias que tienen terrenos que ha alguien le interese.
“Así es como se recrudece la violencia, así se acalla a la gente, se aterroriza y no hace nada. Y de esto derivan los asesinatos y por supuesto la desaparición forzada”, comentó Mercedes, quien busca a su hijo desde el 2010.
En Michoacán, como en el país entero, las familias comienzan buscando a un esposo, un hijo, un hermano y terminan buscando a muchas más personas que nunca conocieron, porque en su andar se unieron con otros familiares para hacer mayor presión ante las autoridades omisas e indolentes a quienes incluso les hacen el trabajo.
Mercedes conoció a Zenaida hace dos años, durante un recorrido. “Ella de manera muy discreta nos presentó a otras personas que buscaban a sus familiares. Me dijo que había muchos desaparecidos pero que la búsqueda era casi secreta por el riesgo inminente que padecían.
“Ella asumió la labor de búsqueda de su esposo, pero también buscaba a los familiares de muchos más. Zenaida nunca dejó de buscar a su persona desaparecida aunque desde el inicio del caso le advirtieron que ya no lo hiciera. Amenazaron a toda su familia”.
Durante la más reciente caravana de búsqueda, realizada en Tizupan, Michoacán, muy cerca de Pichilinguillo, se localizó una fosa clandestina. De acuerdo a la información de Mercedes, el grupo encontró 63 indicios, entre ellos 43 restos óseos y otros objetos como ojivas, restos de ropa, zapatos y botones.
La Caravana visitó cinco municipios de Michoacán, sin embargo, Mercedes mencionó que al inicio de la búsqueda fueron abandonados por las autoridades y se quedaron sin protección alguna, sin recibir una explicación del porqué los habían dejado solos en zonas de riesgo.
Lo anterior pese a que hubo consultas previas con el consejo de seguridad, que incluyó a autoridades de todos los niveles, tales como Policía Federal, Ejército, Policía estatal. “Durante los acuerdos todos se comprometieron a resguardarnos. Pero llegando al municipio de los Reyes nos dejaron solos. Buena parte de ese trayecto estuvimos solos, siendo una de las zonas más peligrosas y riesgosas”.
La caravana se vio en la necesidad de hacer presión por medio de protestas para que les volvieran a brindar seguridad. “Nunca argumentaron cuál fue el motivo del abandono”, agregó Mercedes.
Con el paso de los años y la experiencia, las familias que buscan a sus desparecidos en fosas clandestinas en Michoacán, han aprendido también a descartar informaciones falsas que provienen de personas internas en las prisiones. Hasta ahora pese a haber encontrado restos, no han coincidido con el de algún desaparecido a quien busque la organización.
“Solamente existe la posibilidad de que algunos de los restos que se encontraron en la fosa de Tizupan pudieran pertenecer a la hija de una de nuestras compañeras. Quien anteriormente recibió información que posiblemente en aquella región podrían estar los restos de su hija”, narró Mercedes.
A lo largo de dos años, recuerda Mercedes, durante sus conversaciones con Zenaida, sobre desaparecidos y el riesgo que implica buscarlos, supo que la defensora de Derechos Humanos había recurrido a las autoridades para denunciar las amenazas y exigir seguridad para las familias, pero fueron gritos al vacío.
Autoridades se negaron hacer la búsqueda porque “no podían enviar personal por ser una zona peligrosa”
Mercedes forma parte de la población que ha padecido la desaparición forzada de un miembro de su familia. Ella busca a su hijo, Guillermo Alejandro. Él desapareció junto con su socia, Vianey Heredia.
Abogados de profesión, los dos jóvenes desaparecieron el 22 de noviembre de 2010. De acuerdo a las evidencias, que son principalmente la localización de las últimas llamadas telefónicas, las ausencias forzadas sucedieron cerca de las inmediación de la 47 zona militar de Apatzingán.
Guillermo había asumido la defensa jurídica de un grupo de pobladores quienes denunciaban la solicitud de una concesión minera para explotarla. “Ese asunto para nosotros es una fuerte línea de investigación. Por los intereses que se podían ver afectados al ser el representante de pequeños propietarios. Además, por la fecha en que él desaparece y la zona, también coincide con una fuerte presencia militar”, narró la madre.
El abogado tenía su despacho en Morelia, pero realizó la visita a aquella región para entrevistarse con sus clientes y dar a conocer los avances del caso del denuncio de la mina. Esta información la conoció Mercedes un año después de los hechos. “Me estuvieron ocultado los registros de llamadas telefónicas y eso es lo sospechoso.
“Cuando yo veo finalmente el expediente y ubico la zona desde donde se hicieron las llamadas entonces comprendí porque me las retuvieron tanto tiempo. Nada es coincidencia y nada es casualidad. De inmediato al conocer la desaparición de mi hijo acudí a la Procuraduría del Estado, se levantó un acta circunstanciada -pero después supe que no tiene valor legal-.
“El 1 de diciembre acudí directamente con el Procurador y me pasaron a Antisecuestros para que yo hiciera la denuncia. Fue hasta ese día cuando hubo una denuncia real por la desaparición de mi hijo y de Vianey. Ahí comenzó el peregrinar. Las autoridades no se trasladaron a hacer las investigaciones y salutaciones pertinentes a la zona”.
Contrario a esto, el Ministerio Público le dijo a Mercedes que no hicieran la denuncia de la camioneta desaparecida (propiedad de la familia de Vianey). Se argumentó que de hacerlo “podrían ser confundidos con delincuentes”.
Aunque no encontró lógica en esa explicación, Mercedes esperó que las autoridades se trasladaran a la zona a hacer algún tipo de investigación. Pero no sucedió. La directora de Antisecuestros le dijo a la madre que ella “no podía enviar a su personal a esa zona por ser muy peligrosa”.
Sin embargo, Mercedes ya se había trasladado sola y sin ninguna protección hacia aquella región. Ella inició las investigaciones y hasta la fecha es quien continúa haciendolas. “Muchas veces lo hacemos sin tomar en cuenta que estamos exponiéndonos demasiado. Esto pasa en medio de la desesperación por saber qué pasó y dónde están nuestros familiares, por eso es que hacemos esto solos”.
La experiencia de Mercedes al recurrir a denunciar una desaparición forzada, es lo mismo que padeció Zenaida y también la gran mayoría de ciudadanos que acuden a las autoridades esperanzados de un apoyo y acompañamiento. Ante la nula ayuda, deciden en medio de su desesperación, ser ellos los investigadores de los casos, ser ellos quienes entregan las pruebas a las autoridades y sin embargo, en muchas ocasiones ni siquiera así las autoridades intentan dar avance a las carpetas de investigación.
Pese a todo el peligro no me voy a quedar con el remordimiento de que no lo busqué en los primeros momentos
Mercedes recorrió gran parte de la zona minera aledaña al punto donde desapareció su hijo. Dándose cuenta del inminente riesgo tan solo al observar que en aquellas regiones el transporte público es inexistente. “Pese a todo el peligro estoy satisfecha por haber ido aquella semana. No me voy a quedar con el remordimiento de que no lo busqué en los primeros momentos”.
De aquella zona la madre regresó el cinco de diciembre, un día después se desató un fuerte operativo militar donde se abatió a el ‘Chayo’, señalado como el líder de la Familia Michoacana. “Por eso sé que en aquella región había mucha presencia militar y más aún donde desaparecieron a mi hijo”.
Mercedes también pidió acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero continuó sin recibir apoyo. Así se encontró con otras familias quienes buscaban a sus familiares pero que no eran escuchadas. “Comenzamos a agruparnos y la presión en colectivo provoca aunque sea un poco que la actitud de las autoridades mejore. Porque ya no nos ven solos”.
Otro punto que han cuestionado las familias, de acuerdo a lo señalado por Mercedes, son los acuerdos y conciliaciones que busca llevar a cabo la Comisión Estatal de Derechos Humanos. “En materia de desaparición forzada no tiene que haber ningún tipo de acuerdo. Solamente investigación y justicia”.
“En mi caso, la misma Comisión me negó el acceso a mi expediente. Una visitadora me dijo que no se me tenía permitido y después me enteré que era mi derecho leer mi expediente y entonces sí me lo entregaron”, recordó.
Aquella fue la primera vez que Mercedes revisó el expediente y se dio cuenta que no había avances. “Imagínese la frustración que se siente al ver que se perdieron dos años y que si ahora se hacen las investigaciones no sería lo mismo. Después de eso el expediente se ‘extravió’, tuve que poner un amparo para que lo buscaran y con esa maniobra jurídica como por arte de magia, apareció”.
Vivos o muertos: Quienes rastreamos fosas clandestinas sabemos que en cualquiera podría estar nuestro familiar
Pese a que Mercedes, como muchas familias más, buscan a sus seres queridos vivos, llega el momento difícil en tomar como otra opción la búsqueda en fosas clandestinas, asumiendo que es posible que los encuentren muertos. “En la búsqueda pasada, una compañera me dijo: ‘Compañera esos restos que encontramos hoy podrían ser de su hijo o de la socia de su hijo’. Y así es. Quienes buscamos en fosas clandestinas sabemos que en cualquiera de éstas que descubramos, ahí podría estar nuestro familiar. Por ahora como muchas personas, soy solamente yo buscando a mi hijo, sin contar con las autoridades”.
En Michoacán, comentó la madre, la mayoría de los expedientes sobre desaparición forzada están ‘en reserva’. Lo que significa que “no se ha hecho nada. Como si en algún momento se hubiera hecho algo, pero así son las cosas aquí. Cuando preguntó por qué no hay avances, dicen que es porque yo no he aportado la suficiente información. Me reclaman que no haga su trabajo”.
A esta situación se suma que aun cuando es obligatorio tomar a las familias de los desaparecidos muestras genéticas para cotejar con los cuerpos o restos que ya han sido rescatados, esto no se hace. En el caso de Mercedes no ha sucedido. Y pese a pedir explicaciones, nada le han sabido responder.
Pese a que las familias temen aún más por sus vidas, después del asesinato de Zenaida, también es un motivo para continuar rastreando fosas clandestinas y exigir con mayor presión el incremento de la seguridad de quienes hacen la labor que corresponde a las autoridades pero que se han negado abiertamente. “Es evidente que incomodamos por eso es que nos agredieron de esa manera. Vamos por el buen camino, aunque desgraciadamente en esta ocasión perdimos a nuestra compañera”, finaliza Mercedes.
De 2006 hasta mediados de 2017, se han descubierto mil 606 fosas clandestinas con 2 mil 320 cuerpos
De acuerdo con los datos obtenidos a partir de solicitudes de información realizadas a las procuradurías o fiscalías estatales, así como de dos fiscalías cuya información fue recuperada del Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el país se han observado desde noviembre de 2006 hasta mediados del año 2017, mil 606 fosas clandestinas con 2,320 cuerpos, 169 osamentas y 584 restos o fragmentos de personas en 24 entidades del país.
En el caso de Michoacán, se descubrieron 69 fosas con 82 cuerpos y se identificaron ocho cuerpos.
En México, entre los años 2009 y 2016, la prensa reportó un total de 618 fosas clandestinas, de las cuales fueron exhumados 1 mil 829 cuerpos y 45 mil 381 restos de personas en 23 entidades del país. Estas cifras podrían aumentar a 817 fosas con 2 mil 229 cuerpos y 93 mil 296 restos si tomamos las cifras “altas”, señala el informe Violencia y terror: Hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017.
Entre los años 2006 y 2017, las procuradurías y fiscalías estatales reportaron 1 mil 606 fosas, de las cuales fueron exhumados 2 mil 489 cuerpos y 584 restos de 24 entidades del país.
El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (IBERO), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y ARTICLE19 México y Centroamérica presentaron el informe, con el objetivo de difundir los resultados más recientes del monitoreo que llevan a cabo desde el año 2015 sobre esta problemática. De acuerdo con lo reportado por dos fuentes: la prensa y las procuradurías y fiscalías estatales.
A partir de la sistematización de los datos se concluyó que entre los años 2000 y 2015, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) afirma haber identificado tan sólo el 6% de los cuerpos exhumados.
Entre los años 2000 y 2015, la FGR afirma haber abierto 81 investigaciones o averiguaciones previas y consignado a 106 personas.
“A partir de los datos anteriores, es posible señalar que: 1) el número de fosas halladas se sigue acumulando, de manera que la práctica de la inhumación clandestina ha persistido; 2) las fosas clandestinas que han sido observadas por las fuentes de prensa y oficiales son solo una fracción de un universo más grande que no se ha documentado en su totalidad; 3) existen inconsistencias y falta de certeza en las cifras oficiales”, se informó.
Concluyendo que “ante todo, el recurrente hallazgo de fosas clandestinas constituye una evidencia de los niveles de violencia que aún prevalecen en México, de la falta de estrategias adecuadas de prevención, de la debilidad de los sistemas de procuración de justicia y de la impunidad”.
La organización Familiares Caminando por Justicia, condenó el asesinato de Zenaida Pulido. Aseguraron que además de la profunda tristeza existe la indignación, porque el homicidio de la activista se une a la lista en la que figuran decenas de víctimas que por buscar a sus seres queridos han recibido la muerte como castigo, en un estado que no solo no garantiza el derecho a la seguridad de todas las personas, sino que además olvida la vulnerabilidad a la que las víctimas están expuestas, seguido de las revictimizaciones y violaciones a derechos humanos a que son sometidos por los servidores públicos cuando exigen conocer el paradero de los suyos, mediante investigaciones serias. “Lo que refleja el debilitamiento del estado de derecho en México”.
