Un bloque de 25 estados de Estados Unidos presentó una demanda judicial contra el gobierno del presidente Donald Trump, al considerar que la imposición de su más reciente batería de aranceles es un pretexto para eludir el fallo de la Corte Suprema que en febrero pasado declaró ilegales sus impuestos a la importación.
La ofensiva legal es encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y cuenta con el respaldo de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin.
“Después de perder en la Corte Suprema, la administración vuelve a intentar aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles”, aseveró James tras anunciarse la querella.
Del fallo de la Corte a la Sección 301
El origen del conflicto se remonta al uso por parte del Ejecutivo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977, mediante la cual impuso gravámenes generalizados alegando que el déficit comercial constituía una emergencia nacional. Tras el fallo del máximo tribunal que determinó que la IEEPA no autorizaba aranceles y fijó el reembolso a los importadores, la Casa Blanca aplicó una tasa temporal del 10 por ciento a nivel mundial, la cual expiró a la medianoche del pasado 24 de julio.
Para reemplazar dicho esquema, el gobierno invocó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, fijando gravámenes de entre el 10 por ciento y el 12.5 por ciento a 59 países y a la Unión Europea. La administración justificó la medida argumentando que dichas naciones no aplican controles suficientes para frenar la comercialización de bienes elaborados con trabajo forzoso, lo que afecta a países que representan el 99 por ciento de las importaciones estadounidenses.
Ante los señalamientos, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió la validez legal del mecanismo.
“Estados Unidos está utilizando su autoridad legal para lograr la eliminación de actos, políticas y prácticas injustificadas que gravan el comercio. El hecho de que un país extranjero no imponga ni haga cumplir una prohibición a los bienes producidos con trabajo forzoso es irrazonable y perjudica a los trabajadores estadounidenses. Los aranceles de la Sección 301 han demostrado ser una herramienta jurídicamente sólida desde el primer mandato del presidente, y lo siguen siendo ahora”, declaró Desai.
La demanda estatal se suma a otras dos querellas presentadas durante julio ante el Tribunal de Comercio Internacional por pequeñas empresas. Ambas impugnaciones sostienen que el gobierno federal incurrió en irregularidades procesales al no justificar de manera concreta la postura respecto a cada economía individualizada ni explicar cómo las tarifas erradicarán la práctica del trabajo forzoso en cada caso.
