Autoridades federales, investigan a ex funcionarios de Emilio Zebadúa que formaron parte del presunto esquema de desvío de recursos de la Estafa Maestra.
Según investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hay documentos que ponen en la mira a distintos operadores del ex oficial mayor, durante su paso por Sedesol y Sedatu durante la gestión de Rosario Robles.
En este contexto, el grupo ligado por medio de empresas, propiedades y conexiones políticas que surgen desde su paso por el Gobierno del Distrito Federal, se trasladó casi íntegro entre las dependencias bajo las órdenes de Emilio Zebadúa, y fue pieza clave para operar la contratación y supervisión de los convenios de La Estafa Maestra.
Se trata de Claudia Morones Sánchez, Enrique Prado Ordoñez y Sonia Zaragoza González.
Sonia Zaragoza, estaba encargada de la administración de bienes materiales, mientras que Claudia Morones y Enrique Prado tenían funciones en la adjudicación de contratos y la licitación y administración de bienes, según información de Declaranet.
Junto con Emilio Zebadúa, Enrique Prado y Sonia Zaragoza firmaron convenios y anexos con la Universidad de Morelos, mismos que la Auditoría Superior de la Federación señaló como parte del mecanismo de desvío de 3 mil millones de pesos.
Con base a una investigación de Aristegui Noticias en junio del año pasado, se dio a conocer que la empresa Factores y Servicios Humanos Lizpog se dedicaba a elaborar facturas, entregables, contratos e incluso actas constitutivas para La Estafa Maestra.
En dicha empresa, Claudia Morones Sánchez era comisaria y en la investigación que se sigue actualmente contra Rosario Robles hay un testimonio que señala que ella coordinaba la elaboración de entregables desde unas oficinas ubicadas en Tennyson 125, propiedad de Emilio Zebadúa desde el 2000.
En este contexto de acuerdo con Animal Político, la Fiscalía General revisa las operaciones de Morones y su familia pues se ha detectado una transferencia a su hermano Arturo Morones, de millón y medio de pesos en tres empresas extranjeras. El capital cayó en dos firmas italianas y una más ubicada en Malasia.
La compañía que involucra a Morones, Factores y Servicios Humanos Lizpog, además, está constituida por dos socias: Lizette Chávez y Lizzette Prado. Lizette Chávez Zaragoza, es hija de Sonia Angélica Zaragoza González, la funcionaria hoy investigada que fue directora general en la Oficialía Mayor de Sedesol y Sedatu, con Emilio Zebadúa.
En Sedesol, Sonia Zaragoza formó parte del desvío de recursos de la Estafa Maestra con la Universidad de Morelos, al firmar el Apéndice 1 del Anexo Técnico del convenio entre la dependencia y la universidad que fue autorizado tanto por Zebadúa como por el rector, Alejandro Vera.
El documento que firmó Sonia Zaragoza derivó en contrataciones por 159 millones de pesos para actividades de la Cruzada Nacional contra el Hambre que nunca se realizaron.
En 2015, esta funcionaria se mudó a Sedatu junto con Emilio Zebadúa y se convirtió en directora general de capital humano.
Por otra parte, la empresa Factores y Servicios Humanos Lizpog tenía otra socia: Lizzette Prado Ordoñez, hermana de Enrique Prado Ordoñez, el otro funcionario hoy investigado que ocupó la Dirección de Adquisiciones y Contratos de Sedesol de 2013 a 2015, y que posteriormente trabajó en Sedatu de 2015 a febrero del presente año.
Enrique Prado también firmó en Sedesol el Apéndice 1 y el Anexo Técnico 2 del convenio suscrito con la Universidad de Morelos, en el que la ASF encontró irregularidades por 140 millones de pesos. Fue él quien recibió los reportes y notas informativas de la Universidad que aseguraban que los trabajos se habían hecho completamente.
Además de ello, previo a integrarse al equipo de Zebadúa en la Secretaría de Desarrollo Social, Prado Ordoñez trabajó en la delegación Iztacalco, al igual que su madre, María Luisa Ordoñez.
En 2006, coincidió con Alexandra Malpica, en ese entonces directora de recursos materiales y después Directora Jurídica de la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) del Gobierno del Distrito Federal gobernador por el PRD.
Enrique Prado fue parte del equipo de la dependencia encabezada por Armando Quintero hasta 2013, cuando pasó a Sedesol y Alexandra Malpica se convirtió en la coordinadora de asesores de Emilio Zebadúa en la Oficialía Mayor.
Y unos meses después de su salida del gobierno capitalino, se asoció con los transportistas que supervisó y logró una concesión de camiones.
Posteriormente en 2015 buscó comprar un departamento en la colonia Anzures, en Shakespeare 27 con un valor de 5 millones de pesos, que finalmente fue adquirido por Mauricio Prado Moreno, tío de Enrique Prado, en 2019.
