Este martes, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ordenó al juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal admitir las pruebas de la actriz Kate del Castillo por presunta persecución política.
Del Castillo busca demostrar que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) dañó su honor, salud e imagen.
Asimismo reclama una indemnización de 60 millones de dólares por ser vinculada al exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera.
La actriz reclamó que con la apertura de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/523/2015, la PGR investigó por presuntamente reunirse con el narcotraficante con la intención de realizar una película sobre su vida, cuando este último se encontraba prófugo de la justicia. A partir de ello, la investigación se decantó por descubrir si tenía nexos con el narcotraficante.
De acuerdo con El Universal, la investigación fue archivada desde el 21 de marzo de 2017. Del Castillo ofreció como pruebas las copias certificadas de dicho expediente para demostrar que el Estado Mexicano incurrió en Responsabilidad Patrimonial.
Destacó que la PGR “filtró información relacionada con la investigación y actuó de manera irregular por lo que se le ocasionaron daños y afectaciones”.
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