Por: Estela Garrido / @StelaGarrido3_0
(14 de mayo, 2013)
– Primero llegó un citatorio a mi casa de un buró de crédito en Guadalajara. Decía que si no realizaba el pago inmediatamente se iba a proceder al embargo. Luego empezaron a llamar a los que estaban como contactos de referencia en el contrato y a mi casa. Nos llamaban diario…
Esto comenta Paola, claramente apesadumbrada por el constante acoso del supuesto buró de crédito que exigía el pago de dos meses de renta telefónica móvil por un monto de mil 500 pesos.
– ¿Te hablaban en algún horario en específico?
– Al principio en la mañana. Nos llamaban exigiendo la hora en la que se iba a hacer el pago y nos amenazaban con embargarnos si no pagaba…
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De acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor y para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros expedida por la Procuraduría Federal del Consumidor, (Profeco) durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y modificada el 6 de marzo por el Senado es ilegal acosar al deudor por motivos de cobranza.
La modificación destaca que “la práctica de las gestiones que llevan a cabo los despachos de cobranza extrajudicial violan las garantías constitucionales, pues a través de medios intimidatorios ejercen presión de pago o incluso buscan arrebatar el patrimonio del deudor bajo el amparo del incumplimiento de la promesa de pago”, se asegura en la ley.
Incluso, Ángel González Badillo, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, explicó que la práctica de notificaciones escritas debe hacerse de manera personal y con certificación legal.
“Cuando hablan supuestamente de un juzgado, esto es completamente falso. O si mandan una ‘notificación’ ésta sólo puede ser entregada por un representante del juzgado, que sería un actuario plenamente identificado. Sólo ellos podrían avisarme que hay un proceso legal en mi contra. Nadie más”, enfatizó.
Además, las empresas dedicadas a la cobranza, ya sean miembros de la institución a la cual se le debe o independientes, deben primero identificarse plenamente, explicar la situación crediticia el saldo e incluso negociar un acuerdo.
Sin embargo, la práctica común de éstas empresas viola –prácticamente- todos los derechos constitucionales del consumidor. Fingen poseer autoridad legal enviando notificaciones y citatorios, hablan con un lenguaje amenazante o insultante o incluso, se comunican entre las 11:00 de la noche y las 6:00 de la mañana.
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Guillermo, traje gris, corbata azul cielo, camisa blanca con mancuernillas plateadas adornadas con la típica flor blanca de seis pétalos, explica su experiencia con el buró de crédito que lo acosó por más de tres meses por su tarjeta de crédito Santander Platinum.
“Ya estaba harto, me hablan hasta a las 2 de la mañana. Bastante molesto la verdad. Me hablaban diferentes personas del mismo buró, argumentando que no había realizado mi pago a tiempo y amenazando, primero con un proceso legal en mi contra y luego con embargarme”, explica molesto.
A pesar de hacer una denuncia a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y al banco por las constantes llamadas, éstas siguieron por dos meses más, incluso en horarios prohibidos según la Ley del Consumidor.
“El problema era incluso que el banco ni siquiera sabía del buró de crédito ese. Según ellos [el banco] no habían dado mi información personal a ninguna empresa que se especialice en la cobranza. No entiendo, en verdad, como consiguieron mi información”, asegura.
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La CONDUSEF publicó en su página de internet el 5 de marzo un listado de páginas web de burós de crédito ilegales. Entre los servicios que ofrecían dichas empresas estaba la de “borrar” los antecedentes crediticios por una compensación monetaria.
Así como prometen ‘eliminar’ los reportes negativos de la supuesta base de datos crediticia, estas entidades también buscan que los usuarios proporcionen información personal, con lo que se favorece el robo de identidad.
Además de la denuncia de estos sitios de internet, la CONDUSEF informó que recibe un promedio de 85 denuncias diarias en contra de cobradores que realizan prácticas prohibidas.
“En el primer trimestre establecimos 3 mil 327 controversias a nivel nacional y aunque está la iniciativa que ha sido aprobada por el Senado y las reformas a la ley que protegen a la gente de este tipo de gestiones de cobranza, y pueda sancionarse de manera económica y con multas bastante elevadas para frenar o ya de plano desaparecer ese tipo de gestiones”, declaró Rogelio Mata Delgado, subdelegado de CONDUSEF.
Aunque el subdelegado afirma que se podría multar hasta con 300 mil pesos a los cobradores que realizan este tipo de gestiones, la práctica sigue aplicándose con regularidad.
“No se debe de molestar a quien simplemente se dio como referencia, ya que no hay contrato ni liga ninguna obligación legal con el acreedor para estar siendo molestado por algún despacho de cobranza”, aclaró Delgado.
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Paola afirma que además de molestar a las referencias que dio en el contrato telefónico, los acosos telefónicos y escritos continúan. A pesar de que el pago ya fue realizado.
“El pago ya se efectuó. El problema es que no se hizo en las oficinas de la empresa, se realizó en una tienda departamental y no fue registrado el pago. Y aunque ya fuimos con el comprobante directo a las oficnas de la compañía, para que vieran que ya pagamos, los cobradores siguen llamándonos y amenazándonos con embargo”.
Mientras que para Guillermo, el constante acoso del despacho de cobranza no tiene sentido. “El pago de mi tarjeta de crédito lo hice a tiempo, pero no se reflejó en el sistema del banco y a los dos o tres días me hablaron como a las 11 de la noche para cobrarme algo que ya había pagado. Lo peor es que siguieron llamando como dos meses más, no diario pero si muy tarde. Nunca se identificaron con claridad, ni mandaron citatorios. Fue una monserga hacer que dejaron de llamar”, confiesa molesto.
Para la CONDUSEF solo queda un camino: no dejarse amedrentar.
