El Congreso de Nuevo León aprobó por 38 votos a favor y dos abstenciones, las reglas procesales para aplicar una sanción directa contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, por el desvío de recursos públicos para la obtener de firmas a fin de que “El Bronco” pudiera obtener su registro como candidato presidencial independiente para las elecciones del primero de julio de 2018, publicó El Universal.
“El procedimiento avalado por el pleno del Congreso, previamente aprobado en el seno de la Comisión Anticorrupción, determinó la sanción directa y descartó el juicio político para sancionar a Rodríguez Calderón y González Flores, bajo el argumento de que se trata de un caso ya juzgado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“La sentencia donde se resolvió sancionar al Gobernador y al Secretario de Gobierno fue emitida el 30 de junio de 2018, sin embargo la instrucción no fue atendida por la 74 legislatura que concluyó sus funciones el 30 de agosto del mismo año”, explicó el mismo medio.
El mismo medio, informó que, el 25 de julio de 2019, el TEPJF emplazó a la 75 Legislatura local que está en funciones desde el primero de septiembre de 2018, para que a más tardar en el actual periodo de sesiones que concluye el 20 de diciembre, dé cumplimiento a la sentencia, bajo advertencia que se aplicarán medidas de apremio y correcciones disciplinarias si no da cumplimiento.
El coordinador del PRI, Francisco Cienfuegos, dijo que “su partido está de acuerdo en que se debe imponer una sanción ejemplar al Gobernador y al Secretario General de Gobierno, pero la única vía permitida por la ley es el juicio político. Afirmó que un procedimiento especial como el que se ha emprendido, bajo reglas que no están en el marco constitucional, puede ser motivo de impugnaciones”.
Puntualizó Cienfuegos que el artículo 14 de la Constitución del Estado, señala que “nadie podrá ser privado de sus derechos sino conforme a las reglas aplicables”. Sin embargo dijo que “el PRI dará su voto de confianza, y no será impedimento para que se apliquen las reglas procesales propuestas por el partido Movimiento Ciudadano a través de la Comisión Anticorrupción que preside Arturo Bonifacio de la Garza”.
Agregó Cienfuegos que la propuesta de la Comisión Anticorrupción, pretende replicar la solución de un asunto resuelto para el estado de Durango, donde su Constitución sí permite un procedimiento distinto al juicio político.
“El PRI votará a favor de las reglas con el ánimo de avanzar en el proceso sancionador, dejando clara nuestra seria preocupación, porque podrá ser objeto de impugnaciones”, recalcó.
La diputada del PVEM, Ivonne Bustos, coincidió que “el procedimiento aprobado, podría dar lugar a una declaratoria de inconstitucionalidad y que al final no se cumpliera el reclamo ciudadano para que sean destituidos el gobernador y el secretario de Gobierno”.
En tanto Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, apoyó las reglas procesales y asentó que son especiales porque no hay precedentes. “Daremos nuestro voto de confianza a la Comisión Anticorrupción por este procedimiento”, a fin de sancionar un acto ya juzgado por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló la publicación.
