Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó la creación de una Comisión de Transparencia de Archivos para obligar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar la documentación sobre la «Guerra Sucia» (1965-1990). La resolución deriva de un amparo interpuesto en 2023 por la historiadora y activista Alicia de los Ríos Merino, quien busca el paradero de su madre, desaparecida en 1978.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el tribunal determinó que la Sedena ha sido omisa en su obligación de transparentar y entregar dichos expedientes. El fallo emitido la semana pasada por las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín otorga la protección de la justicia federal para hacer efectiva la entrega de los documentos históricos.
La Comisión de Transparencia deberá integrarse de manera imparcial y contará con la participación de representantes del Archivo General de la Nación (AGN). Sus funciones principales serán:
- Identificar y clasificar de forma exhaustiva los expedientes militares de la época.
- Preservar la integridad física y lógica de toda la documentación localizada.
- Transferir los archivos que contengan datos sobre el paradero de la madre de la demandante —militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre— y de otras víctimas.
- Esclarecer las desapariciones, reconstruir los hechos históricos y coadyuvar a establecer responsabilidades legales.
Incumplimiento de decretos y alteración de pruebas
El Centro Prodh recordó que desde febrero de 2019 existe una instrucción presidencial —publicada en el Diario Oficial de la Federación— que obliga a todas las dependencias de la Administración Pública Federal, incluida la Sedena, a transferir al AGN los archivos sobre violaciones graves a derechos humanos. A pesar de este mandato y tras tres años de litigio, el Ejército no ha entregado la totalidad del material.
Organizaciones civiles denunciaron que el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEVH) tuvo acceso previo a estos archivos y halló información relevante para la búsqueda de personas. Sin embargo, acusaron que posteriormente el Ejército obstaculizó las consultas, alteró y ocultó cajas con archivos previamente identificados, negando finalmente el acceso. Las ONG reconocieron el fallo judicial y señalaron que el cumplimiento de la sentencia ahora dependerá de la voluntad política del Estado mexicano.
