- El exgobernador de Guerrero enfrentará en prisión el proceso por la desaparición de los 43 normalistas; el juez consideró suficientes las pruebas sobre la presunta destrucción de evidencia clave de aquella noche.
El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
La decisión fue tomada por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, luego de una audiencia que se prolongó por más de 15 horas. El juzgador determinó que los elementos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) eran suficientes, en esta etapa procesal, para presumir la participación del exmandatario en los hechos que se le imputan.
La resolución mantiene a Aguirre Rivero preso en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, mientras continúa el proceso judicial por un caso que marcó profundamente la historia reciente de Guerrero y del país.
El juez rechaza las pruebas de la defensa
Durante la audiencia, la defensa del exgobernador presentó 31 datos de prueba con los que intentó desacreditar la acusación de la Fiscalía. Sin embargo, el juez consideró que esos elementos no fueron suficientes para desvirtuar la hipótesis de la FGR.
La acusación sostiene que Aguirre Rivero habría ordenado ocultar y destruir evidencias relacionadas con lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron privados de la libertad y desaparecieron.
El señalamiento central de la Fiscalía se apoya, entre otros elementos, en los testimonios de Blanca N, entonces visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina N, quien se desempeñaba como presidenta del Poder Judicial de esa entidad.
De acuerdo con la acusación, ambas aportaron información sobre la existencia de material audiovisual considerado clave para reconstruir el traslado de los normalistas después de su llegada a Iguala.
El video que la FGR considera una pieza clave
Según la investigación presentada ante el juez, Blanca N habría sustraído de la oficina de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero un sobre que contenía un disco con imágenes captadas por cámaras ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
Las grabaciones, de acuerdo con la Fiscalía, mostraban la llegada de uno de los autobuses en los que eran trasladados los normalistas, así como la presencia de personas armadas que habrían obligado a los estudiantes a abordar otro vehículo.
Posteriormente, ese autobús habría abandonado la zona escoltado por policías y personas armadas, según los elementos expuestos por el Ministerio Público.
Para la FGR, esas imágenes constituían evidencia fundamental para identificar a quienes participaron en el traslado de los estudiantes y establecer la ruta que siguieron después de salir de Iguala.
La acusación sostiene que el sobre fue entregado a Aguirre Rivero en las oficinas de la gubernatura el 29 de septiembre de 2014, tres días después de la desaparición de los normalistas. De acuerdo con esa versión, el entonces gobernador habría entregado posteriormente el material al procurador estatal, Iñaki Blanco, con la instrucción de deshacerse de él.
La Fiscalía también sostiene que después de ello se habría ordenado borrar o destruir otras evidencias relacionadas con lo ocurrido durante aquella noche.
La reunión con Osorio Chong, argumento central de la defensa
La defensa de Aguirre Rivero intentó desmontar esta versión mediante testimonios y documentos relacionados con una reunión que el exgobernador habría sostenido en la Ciudad de México con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el 29 de septiembre.
El argumento de sus abogados fue que esa reunión demostraría que Aguirre no se encontraba en Guerrero cuando presuntamente recibió el sobre con el disco, por lo que tampoco habría podido recibir el material ni ordenar su destrucción.
El juez, sin embargo, no consideró suficientes esos elementos para impedir la vinculación a proceso.
120 días para ampliar la investigación
Con la resolución, el juzgado estableció un plazo de 120 días para concluir la investigación complementaria.
Durante ese periodo, la Fiscalía podrá continuar fortaleciendo su acusación, mientras que la defensa tendrá oportunidad de reunir y presentar nuevos elementos de prueba de cara al juicio.
Aguirre Rivero permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras enfrenta el proceso por desaparición forzada. Sus abogados, no obstante, buscarán modificar la medida cautelar para que pueda continuar el procedimiento bajo prisión domiciliaria, argumentando el estado de salud del exgobernador, quien tiene 70 años.
La vinculación a proceso representa un nuevo capítulo judicial en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una de las causas de mayor relevancia en materia de derechos humanos y justicia en México.
