La Fiscalía General de la República (FGR) y los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa interpusieron un recurso de impugnación formal en contra de la resolución judicial que flexibilizó las restricciones procesales impuestas al exprocurador general de la república, Jesús Murillo Karam, quien se encuentra sujeto a proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y delitos contra la administración de la justicia en el marco de las investigaciones del caso Iguala.
El origen de la inconformidad radica en la decisión emitida el pasado mes de julio por Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, juez de control federal con residencia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, quien determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada que regía sobre el exfuncionario en uno de los expedientes penales instruidos en su contra, bajo el argumento de que el imputado padece diversos problemas graves de salud que presuntamente impiden su permanencia en un centro de reclusión ordinario.
A través de dicha resolución, el juzgador federal sustituyó el internamiento penitenciario por un régimen de reclusión alternativa que contempla el resguardo domiciliario obligatorio, la colocación y monitoreo permanente mediante un brazalete electrónico de localización, la prohibición estricta de abandonar el territorio de la Ciudad de México y la restricción absoluta de establecer cualquier tipo de acercamiento o comunicación con las víctimas directas e indirectas del caso Ayotzinapa.
Ante este escenario, tanto la representación social de la federación como los asesores jurídicos de los padres de las víctimas argumentaron que la atenuación de las medidas cautelares incrementa el riesgo de sustracción de la justicia y debilita el proceso de rendición de cuentas del principal artífice de la denominada «verdad histórica», por lo que apelaron formalmente el fallo con el propósito de que un tribunal colegiado revise la legalidad del criterio judicial y ordene el restablecimiento de la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario.
