La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la especialista en medios Sandra Fernández Alaniz defendieron de forma contundente la legalidad y necesidad de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
Ambos actores coincidieron en que estas disposiciones, emitidas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dentro del marco de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, son indispensables para fortalecer el Estado de derecho, consolidar la democracia y saldar una deuda histórica con la ciudadanía, rechazando tajantemente que constituyan un intento de censura o represión gubernamental.
A través de un extenso pronunciamiento, el organismo de derechos humanos calificó como «curioso» que las acusaciones de censura provengan principalmente de actores que se han beneficiado económica y políticamente al difundir mentiras, tergiversaciones y opiniones particulares como si fueran verdades absolutas.
La CNDH recordó que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público limitado que debe otorgar el máximo beneficio social.
En consecuencia, subrayó que los concesionarios privados de radio y televisión tienen una responsabilidad social que trasciende la lógica mercantil y que los obliga a respetar el pluralismo, garantizando el derecho a recibir información veraz, plural y claramente identificada, sin que ello faculte a las autoridades a imponer una verdad única o castigar el periodismo crítico.
Por su parte, Sandra Fernández Alaniz, experta en medios públicos y análisis político, advirtió que el debate regulatorio corre el riesgo de quedar paralizado si se reduce únicamente a la confrontación entre censura y libertad de expresión, un conflicto histórico atrapado en la distinción entre información y opinión, la separación de publicidad y contenidos, y las facultades sancionadoras.
La especialista alertó que la parálisis normativa solo perpetúa la indefensión de los públicos más vulnerables. Por ello, instó a desplazar el foco del debate hacia los derechos de los receptores de la información y no de los emisores.
Fernández Alaniz urgió a actualizar conceptualmente los derechos de las audiencias para adaptarlos al ecosistema digital contemporáneo. Propuso incorporar regulaciones basadas en el neurodesarrollo y la salud emocional para proteger a las infancias frente a contenidos diseñados con ritmos acelerados y colores hipersaturados.
Asimismo, demandó un fortalecimiento en los mecanismos de protección para personas con discapacidad y comunidades indígenas, advirtiendo además que el marco normativo debe ser diferenciado, ya que aplicar las mismas obligaciones y sanciones a los grandes consorcios comerciales que a los medios públicos, comunitarios, indígenas y afromexicanos podría asfixiar a estos últimos y dañar severamente la pluralidad mediática en el país.
