Valentina Pérez Botero / @vpbotero3_0
(22 de mayo, 2013). – México se enfrenta a una paradoja nutrimental: mientras el 30 por ciento de su población padece de obesidad, el 21.6 por ciento sufre desnutrición.
La falta de acceso a una dieta balanceada, en ambos casos, indica una carencia en los principios básicos del derecho a la alimentación: disponibilidad, acceso a alimentos en calidad y cantidad suficientes, accesibilidad económica y física, alimentos adecuados nutrimental y culturalmente, así como garantía de su inocuidad –es decir, que estén libres de tóxicos y herbicidas.
México no ha reconocido a nivel constitucional este derecho como susceptible de ser universalmente exigible, y por ende, justiciable en todo la República. De las 32 entidades federativas del país, sólo tres –Sinaloa, Hidalgo y el Distrito Federal– lo reconocen en sus respectivas leyes locales. Aunque México es firmante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y por tanto está obligado a cumplir con el derecho alimentario, no existe una agenda nacional que delinee un plan para garantizar que se salvaguarde.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que el derecho a la alimentación es el eslabón que permite el goce de otros derechos humanos como los que garantizan la educación, la vida, la salud y el acceso a la información.
Para salvaguardar este derecho y resolver la contradicción alimentaria que vive México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recomienda fortalecer su marco legislativo para que la malnutrición –exceso o carencia de alimentos– se pueda resolver a través de políticas de Estado que desincentiven el consumo de comida chatarra y garanticen el acceso a la comida.
