Con una política que, de acuerdo con datos de Transparencia Internacional (TI), logró una aprobación ciudadana del 61%, la Secretaría de la Función Pública, encabezada por su titular Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ha avanzado durante este primer año de gobierno en el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la corrupción y la impunidad, así como de implementar efectivamente la austeridad republicana, se dio a conocer mediante un comunicado.
Según el Barómetro Global de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional con sede en Berlín, Alemania, México subió 37 puntos porcentuales en la valoración de su política anticorrupción por parte de la población, al pasar de 24 por ciento en 2017 a 61 por ciento en 2019.
Dentro de las acciones implementadas durante los primeros doce meses de gobierno, destacan la transformación del marco jurídico, con reformas claves a la Constitución y la aprobación de normas cruciales para acabar con el dispendio y el abuso de poder, como la Ley Federal de Austeridad Republicana, la cual fue impulsada por la Función Pública.
“Aunado a ello, previamente a la publicación de la ley, se implementaron medidas de austeridad a partir de la eliminación de plazas que duplicaban funciones o no realizaban tareas sustantivas. Esto significó la eliminación de casi 9 mil plazas de mando y enlace, que generó ahorros por cerca de 5 mil millones de pesos sin afectar a los trabajadores operativos.
“También se redujo en 30% el costo de las mil 928 plazas de gabinete de apoyo; disminuyeron entre 12% y 47% los ingresos de los mandos superiores y se eliminaron más de 650 plazas con nivel de Dirección General Adjunta (DGA) que no tenían un sustento normativo para su creación”.
En materia de combate a la corrupción, la Función Pública ha recibido más de 31 mil denuncias ciudadanas y resuelto más de 9 mil investigaciones. Además, en julio se lanzó el programa Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, con el cual hemos recibido más de 3 mil alertas hasta la fecha.
Las observaciones de auditoría suman más de 46 mil millones de pesos, las cuales debe ser aclaradas por los gobiernos estatales y municipales; asimismo, las observaciones en obra pública alcanzan 17 mil millones de pesos. En total, sumados ambos montos, significan 70 veces el presupuesto de la Secretaría de la Función Pública.
“En el combate a la impunidad, en este primer año la Función Pública ha impuesto cerca de 3 mil 500 sanciones a personas servidoras públicas, entre las que destacan mil 263 inhabilitaciones y 257 sanciones económicas por más de 3 mil 600 millones de pesos. Y en materia de licitantes, proveedores y contratistas sancionó a 187 empresas y aplicó multas por mil 432 millones de pesos, lo cual representa alrededor de 25% más que el último año del gobierno anterior
“Para la temporada vacacional de diciembre, se presentó el programa Denuncia Paisano, con el que se dan a conocer los derechos de los mexicanos que visitan México en temporada de fin de año, se promueve y facilita la denuncia de abusos; se inician procesos de investigación, y se integra un mapa con el registro de denuncias para disuadir la corrupción”.
Durante estos primeros doce meses, se fortaleció la vigilancia y mejora de la gestión pública mediante la transferencia organizacional de los Órganos Internos de Control (OIC) a la Secretaría de la Función Pública, tal y como establece Ley Orgánica de la Administración Pública. A la fecha se han sumado 30 OIC, con casi dos mil personas
“Para avanzar en la construcción de una nueva ética pública, en febrero emitimos el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal. De igual manera, emitimos nuevas disposiciones de recursos humanos, declaraciones de servidores públicos, de recepción de regalos, así como criterios para analizar las responsabilidades.
“Con estas acciones, la Secretaría de la Función Pública reafirma su compromiso de trabajar contundentemente para acabar con la corrupción y la impunidad y regenerar la vida pública de México”.
