El gobierno de Mauricio Macri, que llegó a su fin este martes, dejó a Argentina hundida e una catástrofe social, pues en los últimos cuatro años sufrió graves detrimentos económicos y sociales.
De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de Avellaneda en julio pasado, más de 50 variables económicas y sociales sufrieron un marcado deterioro durante el mandato macrista
En medio de la crisis económica, el Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió “rescatar” la deuda argentina con un “plan de ayuda” valorado en 57.000 millones de dólares. El préstamo fue concedido a cambio de un severo programa de recortes financieros que terminó por generar grandes desigualdades.
Además la inflación interanual incrementó significativamente respecto a la tasa heredada en 2015, pasando de el 26.9 por ciento al 55.8, para el tercer lugar mundial en puntaje inflacionario y el séptimo de las naciones con mayor caída económica en 2019.
Las ventas de las pequeñas y medianas empresas se derrumbaron un 22.6% y las empresas existentes se redujeron un 4.1% además el salarió mínimo disminuyó un 29.5% en términos reales.
El informe mencionó que hubo un incremento del 35.9% de la deuda pública bruta y de un 64.8 en la deuda externa.
Por otra parte, se produjo una pérdida del empleo privado agregado de 1.42% desde diciembre de 2015 a abril de 2019, aumentando el desempleo de 7.1 a 10.1%. Actualmente, Argentina tiene casi 16 millones de personas en situación de pobreza de las cuales 3,6 millones son indigentes
Un documento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reveló que en la gestión de Macri, el número de personas con inseguridad alimentaria grave aumentó a 5 millones; mientras que entre 2016 y 2018, duplicó la cifra existente y podría aumentar tras analizar las cifras de 2019.
La obra pública del Gobierno se concentró en 700 kilómetros de caminos, pues no hubo infraestructura, ni se construyeron escuelas ni hospitales. De igual manera, el presupuesto para la educación bajó más de 30%:
Desde el 2015, los fondos destinados al Programa de Protección de Víctimas de Violencia dimininuyeron 31.1% en relación a la inflación mientras que, en el de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable, ocurrió lo mismo en un 25.2%.
En relación al tema de los feminicidios, se dejó una cifra de 1 213, mientras que en 2018 hubo 3.262 personas asesinadas.
