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En 2018 Aristegui informó de diversas irregularidades en el financiamiento del movimiento de Sicilia, hoy la comunicadora pide que AMLO los reciba en Palacio Nacional

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Fue en el 2018, cuando el portal de la periodista Carmen Aristegui dio a conocer que In Lak’ech por la Paz A.C, dirigida por Emiliano Salinas Occelli y ligada a la secta NXIVM, se acercó tanto a Sicilia, Álvarez Icaza y a los LeBarón, para ofrecerles financiamiento, mismo que fue rechazado en un primer instante.

En la misma investigación se reveló que Keith Raniere habría corrido con los gastos de manutención de Julián LeBarón durante el la marcha del 2008, entre los gastos que el propio Julián reconoce, es el pago de la renta de un auto que usó durante ese periodo, la gasolina consumida y el pago de algunos camarógrafos que documentaron la movilización.

Aristegui también logró tener acceso a un documento de la asociación Lak’ech , donde uno de sus directivos asegura que sí dieron dinero, de forma “voluntaria”, al movimiento del poeta y del mormón.

“Lo que estamos haciendo con Julián Le Barón es apoyarlo con sus gastos, principalmente de su familia. Para que él pueda llevar a cabo la misión que encabeza, necesita dejar de trabajar y nosotros estamos además apoyándolo económicamente para que pueda seguir con este proyecto, estamos coacheandolo en todo momento”, se lee en el escrito.

En horas recientes, el Presidente Andrés Manuel dio a conocer que ambos activistas serán recibidos en Palacio Nacional, pero únicamente por el gabinete de Seguridad Ciudadana y que él no estará presente para evitar un “show” o que falten el respeto a la investidura presidencial.

Ante esto, Carmen Aristegui al parecer ha cambiado de postura, y en su programa en línea ha declarado que la marcha de Sicilia y LeBarón merece respeto y que AMLO tomó una decisión equivocada al decidir no recibir a los activistas.

Estas declaraciones han causado molestia en algunos sectores de la población, pues se asegura que tanto Sicilia y aliados tienen derecho a marchar, así como AMLO a no recibirlos, pues el mandatario no tiene la obligación de darles un “trato preferente” frente a otras miles de familiares de víctimas menos mediatizadas.

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