La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por el desvío de recursos por parte de la “Estafa Maestra”.
El titular de UIF, Santiago Nieto, indicó que se trabaja “para detectar si en los casos de ‘Estafa Maestra’ también el dinero que fue separado de forma ilícita, a partir de empresas fachada, llegó a procesos electorales o no”.
Tras asistir a la reunión plenaria de los diputados federales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Santiago Nieto mencionó que trabaja junto a la Fepade sobre la Operación Zafiro, por la que se desviaron recursos de las Secretarías de Educación Pública para financiar campañas electorales.
Antes de esto, informó sobre una reducción en el monto de recursos congelados por actividades ilícitas, de cinco mil millones de pesos reportados en diciembre, a cuatro mil 500 millones este mes.
“Las cifras se mueven en razón de la concesión de juicios de amparo derivados de la jurisprudencia impulsada por el exministro, Medina Mora” – agregó.
Además, se tienen “cuatro mil 500 millones de pesos congelados, 52 millones de dólares congelados, de los cuales corresponden a 980 millones, digamos mil millones para redondearlo, a temas vinculados con delincuencia organizada, particularmente Cártel Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito y por supuesto Cártel de Sinaloa”.
Por su parte, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, informó que existen, al menos, seis procesos de investigación abiertos en contra de altos servidores públicos ante la falta de medicamentos o cobro de cuotas en algunos hospitales, como el Infantil de México o el de Neurología.
“En el ámbito de las farmacéuticas hemos dado resultados, incluso se han inhabilitado algunas de ellas. Todos los involucrados en estos procesos tienen sus derechos intocados, ellos están en derecho también de acudir a todos los tribunales en donde puedan controvertir las decisiones” – aseveró.
En cuanto a las denuncias contra los superdelegados por el uso electoral de programas para atender la pobreza, informó que algunas han terminado con un proceso sancionador administrativo.
