Gobierno fortalece a la UIF como pieza clave para cortar el flujo financiero al crimen y a la corrupción

Para combatir y disminuir de manera efectiva la incidencia delictiva en México es indispensable «seguir la línea del dinero», afirmó la presidenta durante su intervención en la conferencia de prensa matutina. Al abordar la estrategia integral de seguridad de su gobierno, la mandataria subrayó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cumple un rol estratégico para asfixiar la estructura económica de la delincuencia organizada y de cuello blanco.

​La presidenta explicó que actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión, el huachicol y el robo de vehículos generan volúmenes masivos de capital que superan los límites permitidos para depósitos en efectivo. Ante estas regulaciones, las organizaciones criminales recurren a la simulación mediante la creación de empresas fachada, tanto a nivel nacional como internacional, para triangular y lavar sus activos.

​»El lavado de dinero es un área muy importante para poder disminuir los delitos en México, porque es a dónde va el dinero de las actividades ilícitas de un grupo», aseveró la mandataria.

Refuerzo institucional y coordinación operativa

​Para hacer frente a estas complejas redes corporativas, la presidenta confirmó que la UIF ha sido fortalecida recientemente con la incorporación de más personal especializado y equipo tecnológico avanzado, lo que ha permitido perfeccionar el análisis de inteligencia.

​Asimismo, destacó que el organismo trabaja bajo una estrecha coordinación, pues sostiene colaboración directa con la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales para integrar las carpetas de investigación.

​Además, mantiene trabajo conjunto con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para supervisar y detectar irregularidades en el servicio público. Junto a la cooperación, la UIF opta por un enfoque preventivo para detectar patrones sospechosos de forma oportuna y la posterior judicialización de los casos cuando existe la presunción firme de un delito.

​Con estas acciones, el Gobierno de México busca consolidar un modelo de seguridad e inteligencia profesional que desmantele el poder económico de los grupos delictivos y combata la corrupción de manera sustantiva.

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