- Las nuevas reglas permitirán que el acero fabricado en México utilizado en infraestructura cuente como contenido nacional de cada proyecto; las empresas deberán acreditar su origen y las dependencias verificarlo para impulsar a la industria siderúrgica con las compras del Gobierno.
El acero fabricado en México tendrá, por primera vez, un peso directo para determinar cuánto contenido nacional tiene una obra pública federal. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno modificó las reglas de contratación para que el valor del acero mexicano utilizado directamente en la construcción pueda contabilizarse dentro del porcentaje nacional de cada proyecto, abriendo mayor espacio a la industria siderúrgica del país en las compras gubernamentales.
La reforma, publicada este 31 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), convierte en reglas de contratación uno de los compromisos del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, firmado el pasado 29 de abril por la presidenta Claudia Sheinbaum, y busca utilizar el poder de compra del Estado para fortalecer la producción mexicana y sus cadenas productivas.
¿Qué cambia para las obras públicas?
Hasta ahora, el cálculo del contenido nacional contemplaba materiales distintos de aquellos utilizados directamente en la construcción, además de maquinaria y equipo de instalación permanente. Esto significaba que el acero nacional incorporado físicamente a la infraestructura no se contabilizaba de la misma manera para determinar el porcentaje mexicano del proyecto.
Las nuevas disposiciones cambian esa fórmula. A partir de la reforma, el valor del acero de fabricación nacional utilizado en la construcción también podrá sumarse al contenido nacional de las obras públicas.
En términos prácticos, cuando el Gobierno contrate infraestructura que requiera acero, utilizar producción mexicana podrá elevar el porcentaje de contenido nacional reconocido en el proyecto. La medida busca convertir el gasto gubernamental en una palanca adicional para generar demanda para la siderurgia mexicana y fortalecer las cadenas industriales vinculadas con ella.
No habrá un porcentaje único para todas las obras
La reforma tampoco establece que todos los proyectos deban utilizar exactamente la misma proporción de acero nacional. El porcentaje correspondiente será definido obra por obra, considerando las condiciones reales de producción y las necesidades técnicas de cada infraestructura.
Para establecerlo se tomarán en cuenta la disponibilidad de acero producido en México, la calidad requerida, los plazos de entrega y las características específicas del proyecto.
Con ello, el Gobierno busca ampliar la participación de productores nacionales sin comprometer la viabilidad técnica y económica de las obras, las condiciones de contratación para el Estado ni sus tiempos de ejecución.
La modificación aterriza así uno de los objetivos del acuerdo siderúrgico firmado en abril: incrementar la presencia del acero mexicano en las compras públicas mediante mecanismos concretos dentro de los procedimientos de contratación.
Empresas tendrán que demostrar que el acero es mexicano
El cambio no se limita a contabilizar el material. Las nuevas disposiciones también incorporan mecanismos para comprobar que el acero reportado como nacional efectivamente cumple con los requisitos establecidos.
Las empresas que resulten adjudicadas deberán entregar documentación que acredite el cumplimiento de los porcentajes de contenido nacional exigidos en cada contratación.
Por su parte, las dependencias y entidades federales tendrán que verificar los materiales al momento de recibirlos, con el propósito de comprobar que correspondan con las características y requisitos establecidos previamente.
El esquema añade así trazabilidad y mecanismos de verificación a una política que busca favorecer la producción nacional sin dejar la acreditación únicamente en manos de los proveedores.
Compras del Gobierno, una palanca para la industria siderúrgica
La incorporación del acero al cálculo da un nuevo alcance al Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, al trasladar sus objetivos hacia las reglas que determinan cómo se contrata y cómo se mide la participación nacional en infraestructura pública.
El Gobierno federal busca que el presupuesto destinado a obras tenga un efecto adicional sobre la economía mexicana, al generar condiciones para que una mayor proporción de los insumos utilizados pueda provenir de empresas y cadenas productivas establecidas en el país.
Con las nuevas reglas, el acero mexicano deja de quedar fuera de una parte clave del cálculo y comienza a contar formalmente como contenido nacional cuando sea incorporado a las obras públicas, mientras las empresas deberán demostrar su origen y las autoridades verificar su cumplimiento.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que continuará impulsando compras públicas con reglas claras y verificables, orientadas tanto a obtener mejores condiciones para el Estado como a generar mayor valor para la producción nacional.
