El senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez rechazó categóricamente las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que lo vinculan con actividades de narcotráfico y colusión con la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa. Durante una conferencia de prensa en la Cámara Alta, el legislador negó ser un “narcosenador”, calificó los señalamientos como «patrañas» y denunció una «embestida mediática» de la ultraderecha.
A pesar de la gravedad de los cargos, Inzunza descartó solicitar licencia para separarse de su escaño, argumentando que es «verídicamente inocente» y que defenderá su trayectoria de más de 25 años en el servicio público. Sin embargo, para evitar que la polémica afecte al movimiento de la Cuarta Transformación, anunció su separación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, optando por mantenerse como legislador independiente.
La acusación formal del gobierno estadounidense y la postura defensiva del senador se sustentan en los siguientes puntos:
- Las imputaciones de EE. UU.: La fiscalía estadounidense le atribuye delitos de asociación delictuosa para la importación de narcóticos, así como la posesión y asociación para portar ametralladoras y armamento táctico. Según el expediente, Inzunza presuntamente pactó con el cártel la entrega del control de la Policía Estatal de Sinaloa para permitir el libre transporte de droga a cambio de favores políticos, además de operar como enlace directo entre los líderes criminales y el gobernador Rubén Rocha Moya.
- La defensa del legislador: Inzunza Cázarez enfatizó que, a poco más de cuatro meses de publicarse el documento del Departamento de Justicia, no se ha presentado una sola prueba en su contra. Asimismo, ligó temporalmente los señalamientos con una respuesta política a su actividad legislativa realizada a finales de abril, y defendió su historial como exsecretario General de Gobierno de Sinaloa y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.
Con esta decisión, Inzunza toma una ruta distinta a la del gobernador Rubén Rocha Moya, quien previamente sí solicitó licencia a su cargo para hacer frente a cuestionamientos de índole política, mientras el Senado procesa la baja del legislador de la bancada mayoritaria.
