- En menos de dos años de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Congreso aprobó 27 reformas constitucionales y 76 reformas y nuevas leyes que transforman soberanía, justicia, democracia, bienestar y derechos de mujeres, niñez e indígenas
La Constitución mexicana cambió de manera acelerada en los primeros 23 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El balance presentado por la Consejería Jurídica de la Presidencia reporta 27 reformas constitucionales y 76 reformas y nuevas leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, un paquete de 103 cambios legislativos que abarca desde soberanía energética y electoral hasta justicia, bienestar, derechos sociales y combate a la violencia.
Durante la conferencia presidencial, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia, aseguró que este conjunto de modificaciones «ha permitido recuperar el sentido social de la Constitución», al reorganizar el marco jurídico en torno a cinco grandes ejes estratégicos.
«Llevamos 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales que han permitido recuperar el sentido social de la Constitución».
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó ese balance y sostuvo que «las 27 reformas constitucionales y 76 reformas y nuevas leyes recuperan el sentido social y la soberanía. La Constitución refleja un pacto social».
27 reformas constitucionales y 76 leyes reorganizan cinco grandes ejes del país
La Consejería Jurídica explicó que las reformas aprobadas durante este periodo se distribuyen en cinco bloques que abarcan soberanía nacional, democracia, seguridad, bienestar y derechos humanos.
Entre las modificaciones destacan la recuperación de Pemex y la CFE como empresas públicas estratégicas, el impulso al tren de pasajeros, la prohibición de la intervención extranjera en procesos electorales y la posibilidad de declarar la nulidad de elecciones en caso de injerencia.
También se incorporó el derecho humano al agua, medidas contra el acaparamiento, la protección del maíz nativo y la prohibición del maíz transgénico.
Democracia, austeridad y reforma institucional
En materia política, el balance incluye la prohibición del nepotismo, la eliminación de la reelección, restricciones a privilegios en altas esferas del servicio público y el fortalecimiento de mecanismos de consulta popular.
Dentro del proceso de simplificación institucional también se reportó la sustitución de organismos autónomos, entre ellos la transformación del INAI en un nuevo esquema de Transparencia para el Pueblo, además de cambios en telecomunicaciones y competencia económica.
Las reformas también incorporan mecanismos de defensa de las audiencias, códigos de ética y la figura del defensor de audiencias.
Seguridad y justicia: nuevas herramientas contra delitos de alto impacto
Uno de los bloques con mayor número de cambios corresponde a seguridad, combate a la impunidad y acceso a la justicia.
La Consejería Jurídica destacó reformas para perseguir delitos como extorsión, tráfico de fentanilo, facturas falsas, lavado de dinero, tráfico de armas y feminicidio.
El paquete legislativo también contempla la reforma al Poder Judicial, con la elección democrática de ministros, magistrados y jueces, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, la evaluación obligatoria de juzgadores y medidas para reducir tiempos en los procesos judiciales.
Además, se incorporó la Comisión de Integridad de Candidaturas del INE como mecanismo para blindar las elecciones frente a la intervención del crimen organizado.
En materia de desapariciones, las reformas fortalecen la búsqueda mediante registros y bases de datos unificadas, alertas inmediatas, participación de familiares, apertura inmediata de carpetas de investigación y mayores recursos para las comisiones de búsqueda.
Bienestar, trabajo y vivienda entran al centro de la Constitución
Otro de los ejes señalados por el gobierno es el de Bienestar y prosperidad compartida, donde varios programas sociales quedaron reconocidos como derechos constitucionales.
El balance incluye derechos para personas adultas mayores, personas con discapacidad, jóvenes, estudiantes, campesinos y pescadores, además de nuevas disposiciones laborales.
Entre ellas sobresalen la Ley Silla, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, acciones para disminuir la brecha salarial, la incorporación de seguridad social para trabajadores de plataformas digitales y nuevas protecciones para jornaleros agrícolas.
En vivienda, las reformas fortalecen la capacidad constructora de Infonavit y Fovissste, impulsan el derecho a una vivienda accesible y amplían facilidades para créditos de compra, renta y remodelación.
La Consejería Jurídica también incluyó dentro de este eje el fomento a la inversión pública y mixta, infraestructura estratégica para el desarrollo nacional y un proceso de digitalización y simplificación administrativa para reducir trámites burocráticos.
Mujeres, niñez y pueblos indígenas amplían su protección constitucional
El quinto bloque concentra reformas en materia de derechos humanos.
Entre las modificaciones aparecen la igualdad sustantiva para las mujeres, el fortalecimiento de mecanismos de prevención, investigación y sanción del feminicidio y nuevas herramientas de protección frente a las violencias.
Para niñas, niños y adolescentes se incorporaron medidas contra el acoso escolar, así como el derecho a un internet libre de violencia.
En el caso de los pueblos indígenas y afromexicanos, las reformas reconocen su carácter como sujetos de derecho público, fortalecen el ejercicio directo de recursos presupuestales y garantizan el derecho a la consulta previa, libre e informada.
«La Constitución refleja un pacto social»: Sheinbaum
Al presentar el balance legislativo, Claudia Sheinbaum afirmó que las reformas aprobadas durante estos primeros 23 meses de gobierno representan una recuperación del carácter social de la Carta Magna.
«Las 27 reformas constitucionales y 76 reformas y nuevas leyes recuperan el sentido social y la soberanía. La Constitución refleja un pacto social».
Con este balance, el Gobierno federal sostuvo que el paquete de 103 cambios al marco constitucional y legal constituye una de las transformaciones legislativas más amplias del periodo reciente, al modificar reglas en materia de soberanía, democracia, justicia, bienestar y derechos sociales.
