(10 de marzo, 2020. Revolución TRESPUNTOCERO).- En enero de 2013, en medio de una crisis de inseguridad y violencia exacerbada y sin precedentes en la época reciente en nuestro país, se decreta la Ley General de Víctimas.
Esta surge como resultado de un proceso de carácter político-social en el que cientos de miles de víctimas demandaban un modelo integral de atención adecuada a sus necesidades.
“Como gran parte del país, la Ciudad de México se ha visto inmersa en una ola de inseguridad que ha generado que miles de personas se encuentren en situación de víctimas, sin que a la fecha se les haya garantizado el cumplimiento de sus derechos.
“Estas víctimas y sus familiares no solamente experimentan de primera mano esta violencia, también se enfrentan a la indiferencia, inercia, incompetencia o negligencia de las autoridades que deberían protegerlas y atenderlas. Sin embargo, la Ciudad de México sigue caracterizándose por ser una de las entidades con mayor rezago en la implementación de la Ley General de Víctimas”, señala IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A. C, que presenta un Diagnóstico sobre víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos en la Ciudad de México (CDMX).
La demanda social por una mayor protección de las personas en situación de víctimas debería ahora formar parte de la agenda del Gobierno de la Ciudad de México como prioridad, se indica. “La instalación y designación del titular de la Comisión de Atención a Víctimas para la Ciudad de México representa un paso importante y una valiosa oportunidad para avanzar hacia una mayor protección de ellas.
“En este contexto, la participación de víctimas y organizaciones en la toma de decisiones como el diseño de políticas públicas relacionadas con la atención de las propias víctimas “no solo es deseable, sino un derecho exigible y una obligación del Estado”, se indica.
El diagnóstico, elaborado por IDHEAS, y en poder de Revolución TRESPUNTOCERO, representa un primer paso para dimensionar el número de víctimas de delitos de alto impacto y violaciones graves a los derechos humanos en la Ciudad de México, futuras personas usuarias de la Comisión local de Atención a Víctimas, así como los servicios de atención que hasta el momento han sido proporcionados por parte de algunas instituciones capitalinas.
Este diagnóstico y las recomendaciones finales pretenden ser el punto de partida para generar una discusión pública, informada, plural e incluyente que permita avanzar hacia la construcción de una política integral en materia de atención a víctimas en la Ciudad de México.
En un contexto de recurrentes violaciones a los derechos humanos y violencia generalizada, la Ciudad de México ha sido considerada en los últimos años una de las entidades federativas más seguras, incluso una zona de refugio para personas en situación de vulnerabilidad: personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se ven obligadas a desplazarse tras haber sufrido agresiones y amenazas a causa de su labor, así como personas en situación de desplazamiento forzado a causa de la violencia, indica el documento.
“Si bien el índice delictivo en la Ciudad de México no ha alcanzado los niveles de otras entidades federativas, resulta innegable que la inseguridad y la violencia, en sus diversas manifestaciones, afectan cada vez más a los ciudadanos capitalinos. La agudización de la violencia e inseguridad en la Ciudad de México se presentó a lo largo de la administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), particularmente durante los últimos 3 años de dicho lapso, considerados los más violentos en la historia reciente de la capital”.
El documento explica que, el multihomicidio de la colonia Narvarte, ocurrido el viernes 31 de julio de 2015 en contra de periodistas y activistas; el operativo efectuado en la entonces delegación Tláhuac el 20 de julio de 2017, encabezado por la Secretaría de Marina y demás fuerzas federales, que culminó con el abatimiento de ocho personas, y los hallazgos de personas decapitadas, cuerpos desmembrados y narcobloqueos, son algunos de los episodios violentos registrados en la Ciudad de México en los últimos años.
Uno de los graves problemas en la Ciudad de México, es la desaparición forzada. Idheas señala el caso de Viviana Garrido, una ingeniera química de la Universidad Autónoma de México, madre de una niña de nueve años, desapareció afuera del metro Ermita el viernes 30 de noviembre de 2018 después de salir del trabajo. Un caso documentado por Revolución TRESPUNTOCERO.
Ella y una amiga viajaban a bordo de un pesero por la calzada de Tlalpan. Bajó del vehículo y no se le volvió a ver.
La organización señala que, no se realizó la búsqueda inmediata de Viviana ni se establecieron líneas claras de investigación.
A casi un año de su desaparición, no hay avances en las investigaciones. Su hermana ha dejado a un lado su proyecto de vida para investigar por su cuenta el paradero de Viviana y no pierde la esperanza de encontrarla pronto.
Tampoco ha sido diseñado un plan de búsqueda acorde con lo señalado por el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, el cual señala una perspectiva de género.
“Esta es una muestra clara de la necesidad imperiosa de que las víctimas sean acompañadas de manera adecuada por algún asesor jurídico, pues, ante la falta de éste, las víctimas indirectas tienen que exigir por sus propios medios el cumplimiento de los derechos reconocidos en el marco jurídico nacional”.
Conforme con los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), en la Ciudad de México, entre 2008 y abril de 201812 se reportaron 721 casos de personas desaparecidas, incluidas 327 mujeres, adolescentes y niñas, todos investigados en el fuero común.
Los casos registrados en el periodo 2008-2018 en la Ciudad de México corresponden al 2.05% del total de casos de desaparición de personas a nivel nacional, lo que la sitúa como la entidad número 13 con el mayor número de casos.
El segmento poblacional en el que se concentra el mayor número de personas desaparecidas es el de menores de edad y jóvenes de 1 a 19 años, pues representa el 48 % de los casos oficialmente registrados. En este sentido, es primordial investigar la posible conexión que guarda la desaparición de personas con ilícitos como la trata de personas en sus diferentes modalidades y el secuestro.
Tanto a nivel local como federal la mayoría de las víctimas de desaparición son hombres. Sin embargo, la proporción de mujeres víctimas de desaparición en la Ciudad de México es casi el doble de la cifra nacional. Lo anterior deja ver el alto grado de vulnerabilidad de las mujeres ante el fenómeno de la desaparición en la Ciudad de México, señala el documento.
Respecto a esta situación, para realizar el análisis de la problemática deben tenerse en consideración las condiciones geográficas y demás fenómenos que propician la desaparición de personas.
“Dicha situación se visibiliza en el Diagnóstico: Mujeres Desaparecidas en el Estado de México14, que sirvió de insumo para la solicitud de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en el Estado de México, ante los casos de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, misma que fue emitida el 20 de septiembre de 2019.15 En dicho diagnóstico se puede apreciar la incidencia que hay en casos de desaparición de mujeres, en el cual resaltan municipios que colindan con la Ciudad de México, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Chimalhuacán”.
En todas las alcaldías hay registros de casos de personas desaparecidas. No obstante, en seis alcaldías se focalizan más del 60 % de los casos de personas desaparecidas: Iztapalapa, G. A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Tlalpan.
La alcaldía que registra la mayor incidencia de casos de personas desaparecidas de acuerdo con el factor población es Cuauhtémoc, cuyo índice de casos es de 15.96 desapariciones por cada 100 mil habitantes. Este índice es dos veces el de Iztapalapa y G. A. Madero.
La Fiscalía Especializada en la Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas, adscrita a la PGJ-CDMX, reveló, en respuesta a una solicitud de información pública1, que “en el periodo comprendido entre 2012 y 2018 se iniciaron 61 indagatorias referentes al delito de desaparición forzada”.
Idheas explica que, al contrastar los casos reportados en el RNPED con el número de indagatorias iniciadas por la Procuraduría, resulta que el número de casos en los que se inició una investigación es ínfimo y representa solamente el 8 % del total registrado en el RNPED.
Esta situación puede deberse a diversos factores, como: La falta de actualización del RNPED;
la posible localización con o sin vida de las personas; la falta de denuncias o su ratificación por las víctimas, y su clasificación e investigación por otros delitos.
“Aún existen numerosos obstáculos en materia de acceso a la justicia, pues las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México generalmente no se realizan de forma inmediata, seria, imparcial y eficaz.
“Una práctica que suele emplearse es iniciar la carpeta de investigación a través de la figura de extravío, a pesar de que ya hayan pasado más de 72 horas en las que se desconoce el paradero de la persona y que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas señala que justamente ese supuesto es un criterio para establecer la presunción de un delito”.
Hasta diciembre de 2018, en el fuero federal habían sido emitidas en total 34 sentencias con relación al delito de desaparición forzada de personas19 y 28 en el fuero común.
“Hasta hoy no se ha emitido sentencia alguna por el delito de desaparición forzada ni por desaparición cometida por particulares en la Ciudad de México. La ausencia de sentencias en la materia, más que demostrar la inexistencia de estos delitos en la Ciudad de México, confirma la existencia de una impunidad absoluta”, se menciona.
