Las acciones estratégicas de prevención y detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita permitieron al Gobierno de México inmovilizar un total de 15,968 cuentas bancarias entre el 1 de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026.
Durante este periodo de nueve meses, las autoridades financieras e investigadoras del país lograron asestar un impacto económico directo a las estructuras criminales estimado en 4,952.3 millones de pesos. Este golpe financiero fue el resultado directo de la emisión de 147 acuerdos administrativos que derivaron en la inclusión de 1,508 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, de los cuales 1,010 corresponden a personas físicas y 498 a personas morales o empresas fachada.
El despliegue de la inteligencia financiera nacional también se tradujo en la elaboración de 29,679 reportes de análisis y la presentación formal de 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República para robustecer los procesos penales por lavado de dinero.
Asimismo, en estricto cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el gobierno mexicano incorporó a su lista de restricciones a 56 personas físicas designadas internacionalmente, alineando la política de seguridad financiera del país con los estándares globales de combate al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
A nivel internacional, el periodo reportado estuvo marcado por la preparación y desarrollo de la Quinta Ronda de Evaluación Mutua de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional. Como parte de este exhaustivo proceso de examinación, las autoridades mexicanas coordinaron reuniones de capacitación en octubre de 2025 con organismos clave como el Servicio de Administración Tributaria, la Agencia Nacional de Aduanas y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Posteriormente, en febrero de 2026, más de 180 servidores públicos y 50 representantes del sector privado participaron en simulacros de entrevistas con consultores internacionales, preparando el terreno para la crucial visita in situ del Equipo Evaluador del GAFI, efectuada del 9 al 27 de marzo de 2026 en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La cooperación transnacional se consolidó mediante alianzas bilaterales y trilaterales de alto nivel, destacando la Estrategia Conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Este mecanismo permitió avanzar en enero de 2026 en 12 líneas de acción orientadas al intercambio de inteligencia y la identificación de objetivos prioritarios de la delincuencia organizada transnacional.
Los esfuerzos se extendieron al Diálogo de América del Norte sobre Política de Drogas junto a Estados Unidos y Canadá, la firma de un Memorando de Entendimiento en febrero de 2026 con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos estadounidense, y el fortalecimiento del marco interno mediante la suscripción de seis nuevos convenios de colaboración con fiscalías estatales y órganos federales.
