El Estado mexicano consolidó su presencia en las regiones más vulnerables del país al otorgar 1,388,910 atenciones integrales en 56 municipios prioritarios de 21 entidades federativas, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de julio de 2026.
Esta estrategia de seguridad pública se enfocó en pacificar los entornos locales mediante visitas casa por casa, la recuperación de espacios públicos, ferias de servicios y la incorporación de las familias a los programas de bienestar social, logrando además alejar a los jóvenes de la delincuencia a través de alternativas educativas, culturales y recreativas.
Como parte central de este despliegue, las llamadas Brigadas de Paz, integradas por servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, recorrieron un total de 277,545 hogares.
En estados como Baja California, Estado de México, Sinaloa y Tabasco, estas visitas permitieron levantar 30,723 cédulas de información, detectando 408 casos críticos de emergencia asociados a la violencia familiar, el abandono escolar, problemas de salud y extrema vulnerabilidad social, los cuales fueron canalizados de inmediato para su atención médica e institucional.
La oferta gubernamental también se trasladó a las calles mediante la realización de 459 Ferias de Paz en los municipios considerados como prioritarios. En estos espacios se acercaron más de 100 servicios públicos y de salud a la población, sumando un total de 1,211,858 asistencias directas.
Paralelamente, el trabajo de las 298 Mesas de Paz en todo el territorio nacional hizo posible la ejecución de 6,259 Jornadas por la Paz, un esfuerzo que benefició a 1,617,417 personas con orientación ciudadana, talleres de prevención del delito y dinámicas deportivas que devolvieron el uso de los espacios comunitarios a la niñez y a las familias.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó acciones específicas en estas jornadas para identificar factores de riesgo y garantizar el acceso de las poblaciones indígenas a los esquemas de apoyo institucional.
El bienestar socioeconómico y el desarme civil se posicionaron como pilares indispensables para reducir los índices de violencia.
A través del programa Tianguis del Bienestar, operado en 17 municipios de Guerrero, Michoacán y Puebla, se distribuyeron de manera gratuita 1,911,484 artículos de primera necesidad y más de 181 toneladas de bienes nuevos confiscados o decomisados —tales como calzado, ropa, juguetes y utensilios domésticos— en beneficio de 56,378 familias vulnerables.
Sí al desarme
Por otra parte, la campaña nacional «Sí al Desarme, Sí a la Paz» logró recolectar y destruir en 31 estados de la República un total de 357,084 artefactos peligrosos, entre los que destacaron 4,916 armas de fuego y más de 320,000 cartuchos.
Esta iniciativa incluyó una vertiente pedagógica en la que niñas y niños intercambiaron 8,359 juguetes bélicos por opciones lúdicas, desactivando la normalización de la violencia desde la infancia. A estas acciones se sumó el programa específico de Desarme Voluntario, que destruyó 371 armas de fuego adicionales y miles de cartuchos y cápsulas detonantes para salvaguardar la seguridad de los hogares.
La estrategia gubernamental impulsó la participación y organización ciudadana con la conformación de 220 Comités de Paz distribuidos en distintas entidades.
Entre los estados con mayor organización vecinal destacaron Jalisco con 38 comités, Guanajuato con 37, Colima con 33 y Chihuahua con 23, seguidos por estados como Tabasco, San Luis Potosí, Baja California, Estado de México, Morelos, Guerrero, Nuevo León, Puebla, Sonora y Durango, consolidando una red comunitaria enfocada en la convivencia pacífica y la prevención del delito a nivel local.
