En un comunicado de prensa, elementos de La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), han expresado que tanto AMLO, Olga Sánchez Cordero y algunos otros funcionarios del Gobierno podrán ser destituidos y privados de la libertad.
Esto debido a que hoy se realiza en Baja California una Consulta Popular donde los pobladores decidirán si se construye o no una planta cervecera Constellation Brands.
La Coparmex asegura que Jesús Rodolfo Cristena, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, ordenó la implementación de medidas cautelares de salubridad para que la consulta se hiciera con seguridad y evitar contagios de COVID-19.
Rechazamos la actitud irresponsable del @GobiernoMx y de @lopezobrador_ de continuar la consulta sobre #ConstellationBrands, poniendo en riesgo la salud de los mexicalenses ante el #COVID19.#DefendamosLaSalud #YaEstuvo pic.twitter.com/5xrIAXkLLt
— Coparmex Nacional (@Coparmex) March 22, 2020
El Juez dio un amparo a un grupo de ciudadanos para que el gobierno, en un lapso de 24 horas, concluido ayer por la tarde, emitiera las recomendaciones necesarias para que no se propaguen posibles casos de coronavirus entre los participantes.
Por lo que en caso de que las medidas sean incumplidas, tanto el Presidente Andrés Manuel como algunos de sus funcionarios podŕian ser suspendidos de sus actividades y sometidos a penas que les priven de la libertad.
Pero la Coparmex no solo ha expresado su preocupación de que se extiendan los brotes de COVID-19, sino que ven en la consulta una amenaza directa a sus intereses empresariales, alegando que la cancelación de la planta, puede afectar la economía nacional.
Añadió que independientemente del resultado, la consulta sentará un grave precedente para la certidumbre en las futuras inversiones en México, mismas que se podrían posponer a causa de la falta de seguridad jurídica para llevarlas a cabo.
Cabe señalar que tras el primer día de consulta, el 68.3% de los pobladores han votado por que la planta no sea construida en su entidad, mientras que un 29.5 por ciento ve con buenos ojos la llegada de la transnacional.
