Natalia Antezana Bosques / @Natalia3_0
(3 de junio, 2013).- De los 152 casos que ha documentado Amnistía Internacional (AI) de personas que fueron presuntamente privadas de libertad por bandas delictivas o detenidas por elementos de seguridad, en 85 de ellos existen indicios concluyentes de la participación directa o indirecta de funcionarios públicos. La información la publicó AI en su informe “Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México”.
“México está viviendo una crisis humanitaria”, señaló Rupert Knox, investigador de AI sobre México, haciendo referencia a los casos de desaparecidos y a la impunidad que sigue imperando en este sexenio.
A pesar del cambio de gobierno, se siguen viendo las mismas formas de violencia: el despliegue del ejército en las calles, del crimen organizado, la violencia en las comunidades y no hay luces de la implementación de un sistema de rendición de cuentas, explicó Rupert Knox.
Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está investigando 2 mil 126 casos de desaparición forzada, es decir, aquellas en las que han participado, de manera directa o indirecta, las autoridades o funcionarios del estado.
Actualmente existen 26 mil 121 casos de desaparición o desaparición forzada en México según cifras oficiales, de las cuales, en el 40 por ciento, no se ha abierto alguna investigación. En este mismo sentido, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias formuló 34 recomendaciones al estado mexicano, de la cuales la mayoría no han sido implementadas.
“Estamos hablando de una situación de profundo dolor e indignación ante la falta de acción de las autoridades”, explicó Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en México. A pesar de que la mayoría de estos casos ocurrieron en el sexenio anterior, el gobierno actual es responsable de llevar a cabo investigaciones pertinentes para la resolución de los casos.
Familiares de desaparecidos denunciaron que en la mayoría de los casos son las familias que realizan la investigación. “Si todos los policías realizaran las investigaciones como nosotros lo hacemos, no habría más casos abiertos de desaparecidos en México”, explica Ascencio Rodríguez, quien busca a su hijo desde hace 3 años, después de que fue detenido por elementos de la policía en el estado de San Luís.
Sin embargo, a pesar de que en muchos casos los familiares les llevaron las investigaciones a las autoridades correspondientes, éstas hacen caso omiso y, en la mayoría de las situaciones, argumentan que no tienen competencia para llevar casos de desapariciones.
Este es el caso de Brenda Rangel, quien busca a su hermano Héctor, desaparecido desde el 10 de noviembre de 2009 en Monclova, Coahuila, después de que la policía municipal les marcó el alto para un cateo.
La familia realizó las investigaciones y presionó a las autoridades locales para que siguieran buscando a su hermano, a lo que le respondieron que “no anduviera levantando el polvo” o les sucedería lo mismo que a su hermano.
“A pesar de que el gobierno actual se ha comprometido a actuar para resolver los casos de desapariciones, para nosotros lo que cuenta son las acciones concretas, no las palabras”, explicó con ahínco Knox.
Cabe señalar que en los últimos 6 años sólo existen dos sentencias condenatorias por casos de desaparición forzada y en 19 estados mexicanos aún no se ha establecido el delito específico de desaparición forzada.
