Organizaciones, redes de la sociedad civil y universidades firmantes, manifestaron profunda indignación y preocupación ante los hechos ocurridos en estaciones migratorias (EM) a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), en específico las ubicadas en Villahermosa y Tenosique, Tabasco, así como la Siglo XXI en Tapachula, Chiapas.
“Hemos denunciado reiteradamente las pésimas condiciones de subsistencia en las que se encuentran las personas migrantes y solicitantes de protección internacional privadas de su libertad en estaciones migratorias, así como la ilegal detención de niñas, niños y adolescentes. La pandemia global del Covid-19 profundiza la incertidumbre y el miedo, al tiempo que genera aún mayores riesgos sanitarios para las personas detenidas. Frente a las medidas tomadas por el INM ante la pandemia, desde la sociedad civil se solicitó el cese de las detenciones por razones migratorias y la liberación de todas las personas detenidas en estaciones migratorias y estancias provisionales”.
Señalaron en un comunicado que, dado que las autoridades migratorias no han impulsado medidas efectivas, especialmente del orden de la salud pública, para proteger a las personas migrantes en detención, ocurrieron protestas: el 23 de marzo, al menos 50 migrantes que se manifestaban en la EM Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, fueron reprimidos por la Guardia Nacional y la Policía Federal, mediante el uso de mangueras de agua, gas lacrimógeno y abuso de la fuerza de la Guardia Nacional.
“El 29 de marzo se registró una manifestación al interior del centro de detención migratoria ubicado en Villahermosa, Tabasco, por los mismos motivos. Finalmente, el 31 de marzo hubo otra protesta en la EM de Tenosique, nuevamente a causa de la incertidumbre e insalubridad en que el INM mantiene a las personas en detención migratoria. Un hombre de origen guatemalteco murió y por lo menos 14 personas fueron heridas. Según testimonios de las personas sobrevivientes, la represión fue ejercida por agentes del INM y, nuevamente, miembros de la Guardia Nacional, quienes además impidieron la evacuación de las personas para escapar del incendio al interior del centro”.
El Gobierno mexicano ha declarado que las medidas que tomará para hacer frente a la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 se realizarán en un marco de respeto y protección de los derechos humanos. Asimismo, el Consejo de Salubridad General señaló que la situación de emergencia no restringe ni suspende el ejercicio de los derechos.
“Los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en tratados internacionales de los que México es parte, continúan vigentes para todas las personas que habitan en el país, incluidas las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Consideramos que, debido a la especial vulnerabilidad en que se encuentran estos grupos de población, el Estado mexicano debe tomar medidas tendientes a garantizar su salud, integridad física y mental, así como la vida y las garantías jurídicas que correspondan para hacerlos efectivos.
“El Consejo de Salubridad General determinó que la población en general y las autoridades en lo particular, deben dejar de realizar actividades no esenciales para la atención del contexto actual. Los operativos de control y verificación migratoria además de que impiden cumplir con las medidas de sana distancia y no concentración de más de 50 personas en un mismo lugar, ya que derivan en la detención y hacinamiento de cientos de personas (4). Por lo tanto, estos operativos deben dejar de realizarse”.
En ese sentido, su exigencia irrestricta es que todas las personas migrantes y solicitantes de la condición de refugiadas privadas de la libertad en estaciones migratorias y estancias provisionales sean puestas en libertad de manera inmediata, tal como lo recomiendan organismos internacionales como la OACNUDH, OIM, ACNUR y profesionales de la salud como la OMS.
“Esto, necesariamente compromete al Estado mexicano a diseñar una estrategia de detección, canalización y atención a grupos de migrantes y personas sujetas de protección internacional con mayores condiciones de vulnerabilidad, entre los que se encuentran mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas solicitantes de protección, personas con discapacidad, adultos mayores, miembros de la comunidad LGBT.
“El Estado está obligado a agilizar las acciones de regularización migratoria y las solicitudes de protección internacional, evitando generar un mayor grado de vulnerabilidad y de rezago. Además, el Estado mexicano y los consulados correspondientes deben apoyar y facilitar, con las respectivas medidas de protección a la salud, los retornos voluntarios de las personas que así lo deseen”.
Es importante mencionar que los albergues de la sociedad civil se encuentran saturados y con pocos apoyos gubernamentales para proteger la salud e integridad física y mental de las personas. Es responsabilidad del Estado garantizar condiciones dignas y en libertad para las personas migrantes y refugiadas, señalan en el comunicado.
