Enrique Legorreta / @enriquelego3_0
(09 de junio, 2013).-“La nota no vale la vida” es una frase que los periodistas utilizan para girar y dar la espalda a una cobertura que pone en riesgo su vida.
Son seis palabras que Jaime Rochín, director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, conoce bien: la situación de seguridad en el país tardará en recuperarse y la protección a los periodistas aún no es prioridad para el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Se ha avanzado en una serie de reformas para combatir la impunidad en los delitos contra los periodistas, aunque no es suficiente ya que estos delitos siguen en constante crecimiento. A pesar de los avances en materia legislativa, la realidad señala que falta una verdadera procuración de justica tanto federal como estatal”, destacó.
La organización internacional por la defensa de la libertad de expresión Artículo 19 ha enlistado cerca de un centenar de periodistas que han sido víctimas de la delincuencia, desde lesiones y amenazas verbales hasta asesinatos y desapariciones forzadas desde 2006, cuando el gobierno federal inició la “guerra contra el narcotráfico”.
Y desde entonces, la inseguridad ha crecido conforme los años: sólo en 2013, dicha organización ha contabilizado 19 periodistas amenazados de muerte en México.
“Yo creo que siempre ha habido el riesgo de la profesión; antes del 2000, teníamos un partido que controlaba al país y el sistema tuvo que cambiar esto a partir de la transición del poder que rompió el esquema de control de los medios e información.
“Esto derivó en la apertura de la libertad de expresión, pero también dejó como resultado que a veces las autoridades quieran quitar esta misma libertad de expresión que tanto se pidió. El crimen organizado y su crecimiento hizo que la seguridad de los medios y periodistas fuera nula, ya que ellos no permiten que se informe lo que está pasando actualmente”, señaló Jaime.
En febrero de 2006, se creó de manera oficial la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) y sus resultados hasta antes del 5 de mayo de este año son decepcionantes: sólo una condena en contra de la integridad de la libertad de expresión.
Este hecho propició que se hiciera una reforma al artículo 73 constitucional, que faculta a la PGR atraer casos locales de agresiones a periodistas, que se dirimen en instancias estatales.
La procuraduría federal realizaría las investigaciones sobre agresiones a periodistas cuando, por indicios o por querella, se presuma la intervención de un funcionario estatal o municipal; siendo delitos graves calificados por la ley, o si la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real y cuando lo solicite la autoridad competente.
“Lo que no hay es una política de estado en materia de libertad de expresión y de protección a los periodistas, hay muchas instancias que se han creado como la fiscalía o comisiones encargadas en el tema, porque no hay una visión de estado y son políticas aisladas que no tienen un fondo firme ya que no cuentan con el respaldo de los tres poderes de la Unión.
“Se ha visto una voluntad del gobierno federal actual, necesitamos tiempo para ver si esto va ser efectivo en esta administración, ya que se tendrá que analizar el trabajo de las organizaciones de justicia que son las que llevan el esclarecimiento del tema,”, comentó.
Ante la pregunta de que si se debe o no dejar de escribir cosas que pongan en riesgo a la integridad de un periodista, Jaime Rochín destacó que sería un atentado a la libertad que se tiene en el país.
“Para que un estado sea democrático debe de tener libertad de expresión, y para que eso suceda debe de haber alguien que cuente lo que está pasando. Si se pierde la capacidad de informar a los ciudadanos, se estaría afectando al derecho a la información de toda la sociedad”, afirmó.
En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, se tiene el reporte de que dos periodistas han sido asesinados, pero Jaime destaca que aunque no hay una cifra exacta de agresiones, los estimados ayudan a entender la realidad de las cosas.
“No hay una cifra como tal que sea certera, por eso hay numeros distintos en varios lados. Estos números se pueden contabilizar si se determinan los criterios de asesinatos y desaparecidos, también se debe de determinar en qué categorías estarán catalogadas estas personas”, comentó.
Aunque la lucha contra el narcotráfico ya no es mencionada como en su principio en los medios de información, la administración de Enrique Peña Nieto mantiene patrullajes con el Ejército en el estado de Michoacán, uno de los estados afectados por la violencia.
“Hay una disposición del gobierno de Peña Nieto por proteger a los periodistas, pero tenemos que ser escépticos de las cosas hasta que no haya una respuesta oportuna cuando se le necesite, tendríamos que dar unos meses para ver la tarea que realizan.
“Mientras ninguno de nuestros periodistas esté seguro, no seremos un país libre y totalmente democrático”, concluyó.
