Tras el asesinato del joven Giovanni López, el gobierno federal solicitó al gobierno de Jalisco información de las carpetas de investigación por el probable uso excesivo de la fuerza.
Además de este caso, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), también se requirió conocer información de un hecho ocurrido en Tijuana, Baja California.
La Segob indicó que el primer caso se trata del homicidio del joven identificado como Giovanni López, quien fue golpeado y detenido por elementos de la policía ministerial presuntamente por no portar cubrebocas, esto de acuerdo con un video difundido en redes sociales, el pasado miércoles.
La dependencia precisó que de acuerdo con información de familiares de la víctima, los elementos ministeriales se llevaron detenido a quien se desempeñaba como trabajador de la construcción, mismo que al día siguiente fue reportado como fallecido.
“El hecho se da en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco -Enrique Alfaro- para hacer frente a la pandemia, que incluyen el uso de la fuerza pública y que llevó a la comisión de abusos por parte de la autoridad”, señaló la Secretaría de Gobernación en un comunicado.
Agregó que además se solicitó información por otro caso que de igual forma se dió a conocer a través de un video que circuló en redes sociales el pasado 28 de febrero, en el cual se observa que una persona en situación de calle es detenida en una gasolinera, y más tarde falleció, mientras se encontraba en custodia de la policía municipal de Tijuana.
Solicita Subsecretaria de Derechos humanos, Población y Migración a fiscalías de Jalisco y Baja California información de las carpetas de investigación por probable uso excesivo de la fuerza pública de casos en Ixtlahuacán y Tijuana https://t.co/oFdjqTXMnW
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) June 4, 2020
“Ante la presunta ejecución extrajudicial y clara violación a los derechos humanos en ambos casos, esta subsecretaría condena los hechos en los que se recurre a la fuerza pública para hacer cumplir las medidas preventivas por la pandemia o ante la detención arbitraria que afecta a la población, particularmente a las personas más vulnerables”, enfatizó el subsecretario Alejandro Encinas.
Asimismo subrayó que ante el establecimiento de las medidas sanitarias por la contingencia de coronavirus, se requiere un ejercicio de responsabilidad colectiva para proteger la salud pública y las autoridades de todos los órdenes de gobierno “tienen el deber de garantizar las condiciones para que éstas se lleven a cabo, protegiendo en todo momento los derechos de las personas“.
El subsecretario Alejandro Encinas exhortó a las autoridades tanto estatales como municipales a no caer en acciones de intolerancia.
“No se deben fomentar discursos discriminatorios basados en prejuicios y estereotipos, por lo que exigimos desde esta subsecretaría a la autoridad judicial esclarecer ambos casos y llegar hasta los responsables de estos lamentables hechos”, puntualizó.
