Esta mañana, durante la conferencia matutina, el gobierno federal dio un informe especial sobre el caso ABC a 11 años del terrible suceso.
Zoé Robledo, director de IMSS, anunció que se retomó la investigación, pues es petición del Presidente que en este caso haya justicia, por lo que no se dará carpetazo y se hará justicia.
“La presentación de una nueva denuncia por parte del IMSS, se había presentado una meses antes; se fortaleció, se completó; hay nuevos hechos, hay nuevas responsabilidades, nuevas pruebas y en particular algo que se ha hecho es retomar la investigación”, refirió.
Adelantó que lo que quedó fue la última ejecución de la competencia de la facultad que tenía la corte de iniciar una investigación. “Tenemos confianza que la fiscalía dará hacia adelante una investigación para encontrar la justicia que se ha esperado”, dijo.
En tanto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, indicó que no cesará la lucha hasta que se haga justicia.
Informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atrajo tres casos representativos de la tragedia en la Guardería ABC que se resolverán la próxima semana y serán acatados cabalmente.
“Estamos brindando todos los elementos para que la CIDH atienda la iniciativa de los padres de las víctimas de la Guardería ABC en su búsqueda de justicia”, sentenció.
Sobre el memorial de la Guardería ABC tiene listo el proyecto y el presupuesto, pero está a la espera del acuerdo de todos los padres de familias de las víctimas para proceder a su construcción.
Refrendó el compromiso que no habrá impunidad en el caso de la Guardería ABC, y se haga justicia castigando a los responsables de esta tragedia fruto de la corrupción.
Por otro lado, informó que se han reparado el daño a 110 de los 111 núcleos familiares víctimas del incendio de la Guardería, y refirió que “prevalecen 82 litigios” contra la CEAVEM.
Detalló que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha reunido en 4 ocasiones con los familiares de los niños víctimas. Además, se publicó un decreto presidencial que otorga certeza jurídica de las responsabilidades del Estado Mexicano.
