Esta mañana, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que en total se detuvo a 27 personas durante las protestas de ayer por el asesinato de Giovanni López.
Dijo, que la mayoría son originarios de la Ciudad de México, Michoacán y Yucatán y aseveró que los detenidos “cuentan con antecedentes penales” y estaban equipados con máscaras antigas, por lo que le parece que las protestas “son orquestadas” desde la capital del país.
En entrevista radiofónica el criticado mandatario aseveró que “Muchas personas no son de Jalisco y algunas tienen antecedentes penales. Yo nunca había visto que de distintos lugares salieran grupos amotinados equipados con máscaras antigases, listos para atacar el Palacio de Gobierno, donde había muchas personas trabajando”.
“Estamos haciendo una investigación y vamos a dar todos los detalles. Desde distintos puntos del centro salieron grupos amotinados, ayer lo que vimos es gente que no se pude explicar porque está en nuestro estado”, dijo.
Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos -nacionales e internacionales- exigen al Gobierno de Jalisco debe de dar garantías judiciales a personas detenidas e investigar abusos policiales en manifestación,
