La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó el desvío de más de 2 mil millones de pesos de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, en las pasadas administraciones.
Así lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en su informe anual sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que envió al Senado de la República. Detalló que estos presuntos hechos de corrupción ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), reportó.
De acuerdo con El Universal, la dependencia, a cargo de Alfonso Durazo Montaño, afirmó que al realizar un diagnóstico de las irregularidades administrativas encontradas, se identificó un “complejo esquema de corrupción sistemática que ha afectado áreas de seguridad e inteligencia del país”.
“La SFP, a través del Órgano Interno de Control, ha realizado auditorías a la Partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional. Se están investigando peculados que representan más de 2 mil millones de pesos. Sobre los presuntos hechos de corrupción encontrados, se han presentado las denuncias correspondientes a la Fiscalía General de la República (FGR)”, señaló.
Además, explicó que que se han atendido de manera puntual las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades detectadas en administraciones pasadas, dando lugar a que en la actualidad en la SSPC se trabaje en una estrategia destinada no sólo a castigar a los responsables, sino a recuperar recursos y devolver a la sociedad lo robado.
Respecto a acciones anticorrupción, la SSPC informó que en el último año se han presentado ante la Secretaría de la Función Pública 132 denuncias por hechos de corrupción en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Órgano de Prevención y Readaptación Social (OPRS), Servicio de Protección Federal (SPF), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional.
“Hechos de corrupción, impunidad o conflictos de interés que se encuentran en etapa de investigación”, refirió.
Además, reveló que ha evitado sobreprecios y pagos indebidos a los proveedores en la adquisición de bienes y servicios, cuyos procesos, subrayó, se han llevado con estricto apego a la normatividad y con el acompañamiento de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
