Veracruz, el miedo que silencia. Parte I

Daniela Pastrana*

Este texto forma parte del informe anual ¿Por qué tanto silencio? Daño reiterado a la Libertad de Expresión en México 2012, que será publicado a finales del mes de junio. Es resultado del trabajo permanente de monitoreo, registro y documentación con enfoque de derechos humanos, de las agresiones a periodistas y medios de comunicación que Cencos realiza desde los años 80. 

Podrás encontrar más información en los próximos días a través del hashtag #PorQueTantoSilencio y a través de las cuentas @Cencos y de la Campaña Permanente de Protección a Periodistas @Campperiodistas en Twitter y Facebook previamente a la presentación del informe. 

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El 6 de diciembre de 2012 a las 7:36 p.m., el portal de noticias Plumas Libres publicó en la red social Twitter unos mensajes de alerta:

“Por la falta de garantías para el ejercicio del periodismo en Veracruz y el respeto a la integridad de sus miembros…

“…Plumas libres retirará la información sobre los hechos en Antigua…

“…Esperamos la comprensión de la sociedad ante un escenario de descomposición creciente para el periodismo en Ver”

Los tuits se referían a una nota sobre la localización de 8 cuerpos en el paraje de la Ceiba, que había sido subida a la página dos horas antes. “Reportan masacre en Cardel”, titulaba la nota. Cardel es la cabecera municipal de La Antigua, municipio que está a unos 30 kilómetros al norte del puerto de Veracruz.

Plumas Libres era el último reducto de resistencia al silencio forzado de periodistas y medios de comunicación de ese estado, impuesto por los grupos criminales y avalado por autoridades de todos los niveles de gobierno. Fundado en mayo de 2009, rápidamente se convirtió en un medio de referencia en el que algunos periodistas se atrevían a publicar sin firma la información que no cabía en ningún otro medio. Desde que nació, hizo público un código de ética[1] que establece un compromiso con el derecho a la información y a la libertad de expresión, y pautas claras en las relaciones comerciales con sus clientes. Así aguantó los dos primeros años del gobierno de Javier Duarte, en los que Veracruz se convirtió en uno de los sitios más peligrosos para ejercer el periodismo.

Duarte tomó posesión del cargo como gobernador del estado el 1° de diciembre de 2010, en sustitución de Fidel Herrera Beltrán. De esa fecha a diciembre de 2012 fueron asesinados 9 periodistas, al menos otros 4 están desaparecidos, una veintena se vio forzada a abandonar el estado y/o a dejar el periodismo por amenazas a su vida, y un diario fue incendiado.

El gobierno de Veracruz ha intentado por todos los medios mejorar su imagen. La franquicia del Hay Festival Xalapa tuvo en 2012 a famosos periodistas como invitados especiales. La oficina de Comunicación Social mantiene una dura política de control sobre los medios a través de las pautas publicitarias, y en varios casos ha solicitado a los directivos el cambio de asignatura de reporteros críticos.

En septiembre de 2011, después de que dos ciberactivistas que difundieron rumores de ataques en escuelas fueron encarcelados por “terrorismo”, el Congreso del Estado aprobó una controvertida reforma al artículo 373 del Código Penal, popularizada como “Ley Duarte”, que sancionaba con 2 a 4 años de prisión y multa de 500 a 1000 días de salario a quien “por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos y otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud; ocasionando perturbación del orden público”.[2]

Finalmente, en junio de 2012, el gobernador anunció la creación de la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, que se formalizó el 18 de diciembre con un presupuesto anual de 15 millones de pesos, de los cuales más de la mitad sería para salarios de 37 personas que forman la estructura operativa.

La Comisión está integrada por Rocío Ojeda Callado, directora de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, como presidente, y la académica Namiko Matzumoto Benítez como secretaria ejecutiva, además de ocho comisionados: Baltazar Pazos Gómez, dueño de uno de los medios más influyentes en la zona conurbada; Norma Gibb Guerrero, propietaria de La Opinión de Poza Rica; Rogerio Pano Rebolledo, director de Telever; Jorge García Morato, coordinador de MVS Radio en Poza Rica; Benita González Morales, directora de Notisur; Gerardo Enríquez Aburto, presidente de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos; Martín Jesús García Pérez, presidente del Frente de Comunicadores del Norte de Veracruz, y Jorge Morales Vázquez, reportero reconocido en el gremio y uno de los socios de Plumas Libres, cuyo nombramiento fracturó al equipo y lo obligó a separarse de su actividad en el portal.

Pero los reporteros ven al organismo “autónomo” como un instrumento más de control estatal y la mínima confianza que le tenían se esfumó a principios de 2013, cuando Morales fue apercibido por hacer públicos los gastos de la Comisión.

El mapa de las agresiones en Veracruz

Veracruz es la tercera entidad más poblada del país, con 7,6 millones de habitantes, y una de las nueve que no han conocido la alternancia política. Tiene 720 kilómetros de costas y fronteras con otras siete entidades. En la última década se convirtió en la zona más peligrosa para los migrantes centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos. Es también una de las regiones más asoladas por la violencia que ha producido la extensión de Los Zetas –el más cruel de los grupos criminales que operan en México– en la franja oriente del país[3]. Una investigación del diario Milenio, publicada en octubre de 2012 y basada en registros forenses, reveló que de 24 mil cuerpos enterrados sin nombre durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, 5 mil están en Veracruz. La información es incompleta, pues el gobierno estatal se negó a entregarla argumentando que “invadiría la privacidad” de los cadáveres desconocidos.

El escenario político también es complejo. En las elecciones presidenciales de julio de 2012, el Partido de la Revolución Institucional (PRI) perdió todas las casillas de la zona urbana de la capital, pero ganó en el resto del estado con el voto de las áreas rurales, donde los grupos criminales tienen el control, y de la región petrolera, controlada por el líder del sindicato petrolero y senador priista Carlos Romero Deschamps.

En ese contexto, Veracruz saltó en 2011 y 2012 a los primeros lugares de todas las listas negras de libertad de expresión. Registró todas las formas graves de ataques a la prensa: periodistas asesinados y desaparecidos, mujeres periodistas agredidas, ataques a medios de comunicación y periodistas forzados al exilio. En el mapa de las agresiones a periodistas destaca el puerto, con seis periodistas y una trabajadora del área de publicidad asesinados; seguido de Xalapa, con dos periodistas asesinados, entre ellos la corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez. De ahí también son la mayoría de los periodistas desplazados.

Hay otra zona al sur, entre los municipios de Acayucan y Chinameca, donde desaparecieron tres periodistas –uno de ellos, Noé López Olguín, fue asesinado–. En esa región, cercana al puerto petrolero de Coatzacoalcos, se encuentra Ciudad Isla, una comunidad que es foco rojo por desapariciones y asesinatos de mujeres.

Córdoba, donde el diario El Buen Tono fue incendiado, es una ciudad de la cordillera montañosa colindante con la Zongolica y Río Blanco, una parada importante en la ruta de los migrantes centroamericanos. Los reporteros de la región confirman que, desde hace por lo menos un año, los directivos reciben llamadas de grupos criminales con indicaciones de lo que deben o no publicar.

Pero la gran zona de silencio está en el norte del estado, en la región del Pánuco que colinda con Tamaulipas. Ahí, Twitter es el único medio para tener información de las constantes balaceras. Miguel Morales, el último reportero desaparecido, trabajaba en el Diario de Poza Rica, municipio ubicado entre la capital y esta zona.

Veracruz, el miedo que silencia. Parte II