México se ha convertido en un parteaguas en cuanto a medidas contra la obesidad, pues se implementaron una serie de nuevos etiquetados frontales y la prohibición de venta de alimentos chatarra a menores de edad en el estado de Oaxaca, medida que quiere ser replicada por varias entidades.
Como era de esperarse, las refresqueras no planean dejar que eso ocurra, y no se descarta que FEMSA y Pepsico. acudan a la Organización Mundial de Comercio (OMC), acusando que el Gobierno de México atenta contra varios acuerdos internacionales de comercio y propiedad intelectual.
Ante esta posibilidad, varias organizaciones de salud y alimentación han recomendado a México el mantenerse firme ante la decisión y no ceder a las presiones de las empresas.
Durante el foro denominado “Amenazas sin sustento de la industria de comida chatarra contra el etiquetado frontal de advertencia relacionadas a acuerdos internacionales”, el cual fue organizado por la Alianza por la Salud Alimentaria, los especialistas de la salud reconocieron los esfuerzos de nuestro país por implementar este nuevo etiquetado, el cual entrará en vigor el próximo mes de noviembre, tras el plazo de 30 días que se le dio a las compañías.
“Las medidas mexicanas van a enfrentar impugnaciones, no obstante, la OMC reconoce que los estados tienen el derecho soberano de regular aspectos de salud. No se dejen engañar y manténganse fuerte en esta medida. No hay que ceder”, mencionó Pepita Barlow, doctora y profesora asistente en Políticas de Salud en la London School of Economics and Political Science.
Esto genera la duda si países como los Estados Unidos, Suiza y Canadá, puedan verse presionados para impugnar estos nuevos etiquetados ante el Comité de Barreras Técnicas al Comercios de la OMC.
“Al unirse a la OMC los estados aceptan acuerdos, como los obstáculos técnicos al comercio, cuyo objetivo es que los miembros no introduzcan algunas políticas que sean obstáculo entre los países miembros y esta cláusula de la OMC es aprovechada por la industria. No obstante, la OMC también reconoce el derecho de los estados a regular la salud”, agregó Barlow.
Eric Crosbie, profesor asistente de la Escuela de Ciencias de la Salud Comunitaria, University of Nevada, recalcó que la industria privada no tiene los suficientes argumentos para impugnar o poner en duda las intenciones del Gobierno de México ante la OMC, además de que tales industrias corren el riesgo de solo perder millones de dólares en el proceso.
Otro asunto que preocupa es que se use al T-MEC como vía de presión, así como el Codex Alimentarius, el organismo más alto internacional en materia de normas de alimentación.
“La industria amenazará al Gobierno con desafíos legales para intentar bloquear, debilitar y retrasar este etiquetado, pero México tiene el derecho soberano de implementar este etiquetado por razones de salud”, señaló Crosbie.
“Los derechos comerciales no son absolutos, existen excepciones que están incluidas en estos mismos tratados comerciales. Gran parte del etiquetado que se busca en México es darle más información al consumidor”, señaló Gabriela Rodríguez Huerta, miembro del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
