- México refrenda como prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas; mantiene diálogo, atención y acompañamiento a madres buscadoras y sus familias, y condena cualquier violencia contra quienes participan en las labores de búsqueda.
El Gobierno de México reafirmó que atender la desaparición y no localización de personas constituye una de las más altas prioridades nacionales, al tiempo que refrendó su compromiso de mantener diálogo, atención y acompañamiento directo a las madres buscadoras, familias y colectivos que buscan a sus seres queridos.
El posicionamiento se produjo tras un comunicado emitido por cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ante el cual las autoridades mexicanas expusieron las acciones emprendidas para fortalecer la búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia. El Gobierno precisó que estos especialistas ejercen sus mandatos a título personal e independiente y sus opiniones no representan la posición institucional de la ONU.
México reconoce desafíos y refuerza acciones de búsqueda
El Estado mexicano reconoció que persisten desafíos en búsqueda de personas, investigación, identificación humana y acceso a la justicia, por lo que durante los últimos años se han impulsado reformas legales, políticas públicas y mecanismos institucionales para ampliar la capacidad de respuesta.
Como parte de ese trabajo, México mantiene cooperación internacional con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente en materia de asistencia técnica y capacitación.
La administración federal sostuvo además su plena disposición al diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos, con el objetivo de compartir información sobre los avances y acciones implementadas frente a las desapariciones.
En su respuesta, el Gobierno señaló que la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras y sostuvo que cada caso debe ser atendido con la debida diligencia.
El pronunciamiento ocurre después de que autoridades federales emprendieran durante 2026 recorridos regionales para reunirse directamente con colectivos y familias de personas desaparecidas. En mayo, la Secretaría de Gobernación informó que estas reuniones serían encabezadas por su titular, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, en las seis regiones del país.
Búsqueda es una obligación irrenunciable del Estado
El Gobierno federal remarcó que buscar a las personas desaparecidas es una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas, y sostuvo que las autoridades asumen plenamente esa responsabilidad.
Para ello, el país cuenta con un marco jurídico e institucional destinado a prevenir, proteger, investigar y sancionar estos delitos, así como reparar a las víctimas, además de mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos.
A esta labor se suma la coordinación entre el Gobierno de México, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, con el objetivo de ampliar el acceso a la justicia y evitar que las agresiones contra personas buscadoras queden impunes.
Diez acciones fortalecen la estrategia nacional
La Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas concentra diez acciones que abarcan desde la reacción inmediata ante una desaparición hasta la investigación, identificación forense y coordinación institucional.
Entre las principales medidas se encuentran la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la apertura obligatoria de carpetas de investigación desde el primer reporte; la Base Nacional de Carpetas de Investigación; la Plataforma Única de Identidad; y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
También contempla fiscalías y unidades especializadas en las entidades federativas; más especialistas y equipamiento para la Comisión Nacional de Búsqueda; datos mínimos obligatorios en los registros oficiales; coordinación entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR; y la incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
La Alerta Nacional cuenta además con un centro de mando en el que participan la CNB, FGR, SSPC, Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, con operación permanente para activar la respuesta institucional desde el primer reporte de desaparición.
Familias y colectivos, parte de las políticas de búsqueda
El Gobierno sostuvo que las propuestas de las familias y colectivos buscadores forman parte de la construcción y fortalecimiento de las políticas públicas, mediante encuentros directos con autoridades federales y locales.
El Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030 también señala que la búsqueda de personas desaparecidas es un asunto prioritario y documenta la realización de mesas de diálogo con familias, colectivos, especialistas, organismos defensores de derechos humanos, académicos e instancias internacionales.
Con estas acciones, México reafirmó su apertura a la cooperación internacional y el compromiso de mantener el diálogo, atención y acompañamiento a madres buscadoras, familias y colectivos, mientras fortalece las capacidades institucionales destinadas a buscar, localizar e identificar a las personas desaparecidas y garantizar el acceso a la justicia.
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