El reciente ataque ocurrido en una secundaria pública de Torreón, Coahuila, ha encendido nuevamente las alarmas sobre la violencia en los entornos escolares y los mecanismos de respuesta frente a conductas delictivas cometidas por personas menores de edad. Sin embargo, en medio del reclamo social y las voces que exigen penas más severas, defensores de derechos humanos e instituciones especializadas señalan que la solución no reside en endurecer el castigo penal, sino en abordar las causas estructurales y fortalecer las políticas de prevención.
A diez años de la promulgación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA), las organizaciones Tejiendo Redes Infancia y Justicia Juvenil Internacional, junto con los especialistas Francisco Castellanos García y Juan Martín Pérez García, publicaron durante este año un balance crítico sobre el estado actual de la justicia juvenil en México, subrayando que la crisis penal del país se concentra abrumadoramente en el sistema de personas adultas y no en la población adolescente.
La aclaración sobre Torreón: un delito del sistema de adultos
Si bien el caso en Torreón avivó la especulación y los debates sobre la violencia en planteles educativos, la organización Tejiendo Redes Infancia recuerda que las dos personas detenidas tienen 18 años y son exalumnas del plantel. Federico Fernández, fiscal general de Coahuila, señaló que podrían enfrentar una pena superior a 50 años de prisión
«Por tanto, utilizar este caso como ejemplo de “delincuencia adolescente”, “violencia de adolescentes” o como argumento para modificar el sistema de justicia penal para adolescentes implica atribuir el comportamiento de dos personas adultas a una población a la que no pertenecen jurídicamente».
Sin embargo, sucesos trágicos como el de Torreón suelen avivar la estigmatización y en respuesta, tienden a reaparecer discursos que promueven el aumento de penas, la ampliación del internamiento o retrocesos en materia de derechos humanos.
Este discurso también se ha popularizado en los partidos y representantes políticos de derecha, ante figuras como Nayib Bukele y en el país, con propuestas como la del alcalde panista del municipio de Corregidora, Querétaro, Josué David Guerrero, quién durante julio del presente año planteó modificar el Código Penal Federal para bajar la edad de imputabilidad, de tal forma que los adolescentes que cometan delitos graves puedan ser sancionados como adultos.
No obstante, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrecen una perspectiva distinta. De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025, de las más de 2.1 millones de carpetas de investigación iniciadas en el país durante 2024, solo el 1.3 por ciento correspondió a la justicia para adolescentes.
Asimismo, la Estadística sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) revela que los ingresos a centros de internamiento pasaron de 2 mil 728 en 2017 a 1,508 en 2023, registrándose 1,461 adolescentes internados al cierre de 2024.
Estos datos demuestran que el uso de la privación de la libertad ha disminuido de forma constante. Sin embargo, los analistas advierten que una menor tasa de internamiento puede traducirse en abandono si el Estado no dota a escuelas, familias y comunidades de recursos presupuestales, servicios de salud mental y acompañamiento psicosocial para prevenir tragedias como las ocurridas en las aulas.
Violencia institucional y vacíos en la protección a adolescentes
El balance de Tejiendo Redes Infancia sobre el sistema juvenil pone de relieve que los derechos de las y los adolescentes en conflicto con la ley continúan vulnerándose desde el primer contacto con las autoridades.
La Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJPA) documentó que el 65.9 por ciento de la población adolescente en el sistema sufrió violencia psicológica al momento de su detención, un 45.9 por ciento violencia física y un 38.7 por ciento reportó despojo o robo de sus pertenencias por parte de los agentes captores.
A la violencia en las detenciones se suman dos desafíos de atención prioritaria: el aumento de la violencia sexual y el reclutamiento de menores por el crimen organizado. En 2023, el abuso sexual representó el 9 por ciento de los delitos registrados en las carpetas de investigación de justicia adolescente, situándose como el cuarto delito más frecuente. Esto evidencia la falta de educación sexual integral y de programas para desarticular la socialización machista desde edad temprana.
Asimismo, de acuerdo a los especialistas, la ausencia de un tipo penal autónomo para el reclutamiento forzado en el Código Penal Federal impide dimensionar el problema y fomenta que adolescentes instrumentalizados por estructuras criminales adultas terminen siendo el último eslabón castigado.
Llamado a la intervención temprana, más vigente que nunca
Ante este panorama, la postura de las organizaciones es clara: el país debe dejar de cuestionar únicamente qué hizo una persona adolescente y comenzar a indagar qué le ocurrió antes, qué redes de protección fallaron y qué adultos se beneficiaron de la situación.
Para evitar que hechos de violencia juvenil mediáticos se repitan y garantizar una verdadera justicia restaurativa, se ha hecho un llamado urgente al Estado mexicano para implementar siete prioridades estratégicas:
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Sistema Nacional de Información: Creación de una plataforma de datos abiertos, desagregados y comparables sobre la justicia penal adolescente.
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Defensa especializada: Garantía de asistencia legal técnica y médica independiente desde la detención.
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Erradicación de la violencia institucional: Protocolos obligatorios y supervisión externa para sancionar la coacción o los malos tratos policiales.
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Medidas no privativas de libertad: Presupuesto e infraestructura comunitaria centrados en la educación, la salud mental, la cultura y el deporte.
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Atención a violencias sexuales: Protocolos estrictos con perspectiva de género que eviten la revictimización.
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Tipificación del reclutamiento: Cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH y la ONU para tipificar el reclutamiento forzado como delito autónomo y reconocer a los menores como víctimas.
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Fortalecimiento comunitario: Consolidación de escuelas, familias y municipios como redes primarias de contención y detección oportuna de riesgos.
Si bien el caso de Torreón no es un ejemplo de violencia cometida por adolescentes, la respuesta social sí evidencia que la respuesta del Estado no puede limitarse a la reacción penal o al aislamiento, dado que se requiere de una política integral capaz de llegar antes, proteger a tiempo y reconstruir el tejido social desde la comunidad educativa.
