Enrique Legorreta/@enriquelego3_0
(28 de junio, 2013).- Hoy se cumplen 18 años de la matanza de un grupo de 40 campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). La versión oficial aseveraba que se dio en medio de una “confusión” mientras campesinos exigían al gobierno del estado liberar con vida a uno de sus miembros detenido injustamente.
La marcha de la OCSS iba en dirección la capital de Guerrero pero, en su camino, al llegar a la zona de Aguas Blancas, un grupo de policías exigió a los campesinos que descendieran de la camioneta en la que viajaba: mientras lo hacían, los miembros de la corporación judicial comenzaron a disparar a quemarropa, lo que dejó 17 campesinos muertos y 23 heridos.
Después de esta situación, el Gobierno del estado señaló que los campesinos agredieron a los policías, que dichas agresiones propiciaron el enfrentamiento violento y que los policías optaron por utilizar las armas de grueso calibre y municiones que llevaban en su momento.
El entonces Gobernador Rubén Figueroa Alcocer, calificó el uso de la violencia como “resultado de una actitud violenta”. Los campesinos respondieron que la versión del gobierno era una total mentira, y esta acción se fundamentó cuando el medio de información CNN presentó un video de estos hechos donde se ve a un campesino muerto, mismo que era señalado por los policías como uno de los responsables del ataque, en la cinta se observó que tenía en la mano un revólver, y en otra escena aparecía el mismo hombre pero sin arma alguna.
Mientras esta situación era destapada, Arturo Núñez, el actual Secretario de Educación y que en ese momento tenía el cargo de subsecretario de la Secretaría de Gobernación, comentó a los medios que Rubén Figueroa Alcocer no había sido participe de la muerte de 17 campesinos.
El entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se hiciera cargo de la investigación de lo ocurrido en Aguas Blancas ya que lo catalogó de hechos de gravedad que violentaban las garantías constitucionales de los implicados.
Con toda la información recabada, la Comisión de Derechos Humanos de México (CNDH) emitió una recomendación donde resaltaba que se debía de esclarecer lo ocurrido y no sólo enfocarse a responsabilizar a funcionarios de primer nivel.
La investigación dio como resultado que quince policías estatales y un comandante resultaran despedidos y acusados de haber participado en la matanza. Su situación fue momentánea: sólo permanecieron tres años en la cárcel.
La hipótesis de que los policías actuaron bajo presión se derivó de que argumentaron ser mandados a rescatar a un niño secuestrado y que, en el operativo para rescatarlo, realizaron un retén en donde ocurrió la masacre.
En 2011, declaraciones hechas por los policías acusados de participar en el hecho destacaron que cuando llegaron al lugar ya se había realizado la matanza. Francisco Sandoval Medina, quien era comandante de la institución policiaca culpada por la masacre, declaró que la prueba de Harrison, que determina si se uso un arma de fuego o no, dio resultados negativos, por lo que su culpabilidad fue sólo un montaje.
