Jorge Luis Sierra*
Este texto forma parte del informe anual ¿Por qué tanto silencio? Daño reiterado a la Libertad de Expresión en México 2012, que será publicado a finales del mes de junio. Es resultado del trabajo permanente de monitoreo, registro y documentación con enfoque de derechos humanos, de las agresiones a periodistas y medios de comunicación que Cencos realiza desde los años 80.
Podrás encontrar más información en los próximos días a través del hashtag #PorQueTantoSilencio y a través de las cuentas @Cencos y de la Campaña Permanente de Protección a Periodistas @Campperiodistas en Twitter y Facebook previamente a la presentación del informe.
El reto más grave de los periodistas en 2012 fue el simple ejercicio de su profesión en entidades afectadas por el enfrentamiento entre grupos rivales de la delincuencia organizada y de éstos contra las fuerzas federales, principalmente el Ejército y la Armada de México.
Tratando de silenciar a los medios o convertirlos en su caja de resonancia durante los enfrentamientos entre sí o con las fuerzas federales, las bandas de la delincuencia organizada mantuvieron una presión exacerbada contra periodistas que incluía la amenaza de muerte, el secuestro, los golpes, la desaparición forzada y el asesinato. En algunos casos documentados en este informe, los grupos delictivos también recurrieron al uso de explosivos y granadas contra instalaciones de medios de comunicación.
Esa violencia contra periodistas fue más intensa en los estados de Veracruz y Coahuila, lugares donde se ha extendido una serie de enfrentamientos armados entre la Nueva Federación –una coalición de grupos criminales que incluye al Cártel del Golfo, al Cártel de Sinaloa y a La Familia Michoacana, además de otros de reciente creación como Jalisco Nueva Generación– y Los Zetas, un grupo que fue formado originalmente por ex soldados del ejército mexicano.
En 2012 ocurrieron 8 asesinatos de periodistas, 6 de ellos del estado de Veracruz, y 4 casos de desaparición, 2 en Veracruz, uno en San Luis Potosí y otro en Tamaulipas.
Esas agresiones extremas han contribuido a crear un clima de angustia y zozobra permanente que ha llegado a provocar el abandono de la profesión o el éxodo masivo de periodistas que abandonan sus empleos y se desplazan a localidades de menor riesgo. Algunas organizaciones periodísticas han preferido no publicar más información de violencia relacionada con la delincuencia organizada, aunque eso no les ha protegido de las agresiones provenientes de grupos criminales y funcionarios públicos corruptos.
Los grupos criminales han impuesto distintos niveles de agresión a periodistas y medios que no siguen sus instrucciones al pie de la letra. En el caso de Coahuila, los grupos criminales empezaron a realizar secuestros al azar de empleados de los medios locales para presionar a éstos a cubrir incidentes a su conveniencia y satisfacción. Esto puso en evidencia que no sólo reporteros y editores estaban en riesgo, sino que también personal administrativo y de producción. Las amenazas provenientes de la delincuencia organizada se extendieron a todos los medios de comunicación de ciudades como Torreón.
Los periodistas, particularmente los que cubren la fuente policíaca, han tenido que aprender el modo y ejercicio particular de las agresiones de cada organización delictiva hacia los medios de comunicación.
Periodistas de Tamaulipas, por ejemplo, reportan que el Cártel del Golfo no permite la publicación del nombre de sus integrantes que mueren asesinados o en enfrentamientos, ni tampoco el nombre de las personas que sus miembros asesinan. Para este grupo lo importante es mantener la noción pública de que en sus zonas de control hay paz relativa.
La colusión de este cartel con funcionarios públicos se hace evidente cuando sus integrantes prohíben a los medios la difusión de noticias sobre la corrupción de ciertos funcionarios. Según reporteros de la zona, las prácticas de este grupo hacia los medios son siempre agresivas, con amenazas, y sus miembros suelen citar y golpear a los reporteros que no obedecieron las órdenes para cubrir eventos de su interés.
El contacto directo y amenazante entre grupos criminales y periodistas se ha multiplicado en el país. Los grupos criminales mantienen presión sistemática a periodistas locales a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos.
En algunos estados del país, los grupos delictivos obligan a los periodistas a asistir a reuniones de control. Periodistas de Tamaulipas reportan que, en otro ejemplo de esa tendencia, Los Zetas llamaron a reuniones a periodistas de Nuevo Laredo que cubren la fuente policíaca para invitarlos a la colaboración a cambio de prebendas. Aquellos colegas que rehúsan colaborar con el grupo criminal se ven obligados a dejar la fuente policíaca, cambiar de medio y en ocasiones, salir de la ciudad.
La intimidación a periodistas se ha vuelto una práctica extendida a todo el país. Según testimonios de reporteros de Michoacán, la organización Los Caballeros Templarios, presentándose como un grupo de empresarios del aguacate, convocó a una reunión a reporteros, editores y productores de los medios de comunicación del estado para informarles sobre sus planes de inversión. En la reunión, los integrantes de esa organización criminal amenazaron de muerte a todos los periodistas reunidos y les exigieron que no perjudicaran la imagen de Michoacán y sólo publicaran notas aprobadas previamente por el grupo criminal.
El secuestro intimidatorio de periodistas se ha vuelto otra tendencia en el país, junto con el silencio de las víctimas y de sus propios medios de comunicación. Ése parece ser el caso de los medios de comunicación de Torreón, Coahuila, donde las amenazas de la delincuencia organizada se han concretado en el secuestro de periodistas o de empleados que salen o entran de las instalaciones de los medios. Los grupos criminales secuestran periodistas con el fin de que sus medios publiquen noticias a modo del grupo de interés. Los grupos rivales responden con el secuestro y golpes contra los periodistas que firmaron las notas y publicaron la información conveniente al grupo rival.
No todas las entidades con presencia de los cárteles del narcotráfico presentan las mismas tendencias de agresión hacia periodistas. Algunos estados como Nayarit, Baja California y Jalisco no han presentado los mismos niveles de agresión, aunque persiste ahí la práctica de los grupos criminales de dejar mensajes o mantas con el objeto de que su contenido sea divulgado en los medios de comunicación.
Las agresiones extremas ocurrieron en el contexto de varios factores como las elecciones federales, estatales y locales; el uso predominante de la fuerza militar en la ofensiva gubernamental en contra de la delincuencia organizada, el reacomodo de las organizaciones criminales en algunas regiones del país y los niveles de impunidad en la investigación de los crímenes contra periodistas; que contribuyeron a incrementar el nivel de riesgo general y tuvieron como resultado un número muy elevado de ataques contra periodistas en el país.
*Knight International Journalism Fellow, Centro Internacional para Periodistas
