Enrique Legorreta/@enriquelego3_0
(5 de julio, 2013).- Felipe Calderón no sólo dejó más 20 mil víctimas por su guerra contra el narcotráfico, también aprehendió a generales del Ejército por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Calderón utilizó a los testigos protegidos para culpar a mandos militares como al Mayor Arturo González Rodríguez, quien fue acusado de proporcionar información al Cártel de los Beltrán Leyva cuando se realizó la “Operación Limpieza”.
Ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) alista la liberación de cinco militares detenidos durante el gobierno de Felipe Calderón.
El titular de la Procuraduría, Jesús Murillo Karam, presentó conclusiones no acusatorias contra los generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, además del teniente coronel Isidro Silvio Hernández y el mayor Iván Reyna Muñoz que fueron acusados de participar con la delincuencia organizada.
Aunque esta resolución podía tomar su tiempo, la dependencia federal contaba con un plazo de 10 días para ratificar la decisión del Ministerio Público, pero confirmó la no acusación a favor de los generales para que estos salieran libres.
La defensa señaló que se espera la salida de los militares, quienes estaban internos en el penal de máxima seguridad de Almoloya tras permanecer un par de años recluidos.
La PGR vivió momentos de tensión por la dificultad de sostener las acusaciones de delincuencia organizada señaladas desde que Marisela Morales dirigía dicha institución y contaba con el apoyo del entonces subprocurador Cuitláhuac Salinas y del teniente coronel de infantería Avigaí Vargas Tirado.
Los casos de los generales detenidos propiciaron la discusión -desde la Cámara Baja- de la verdadera relevancia de los testigos protegidos que han servido para difundir mentiras y enjuiciar a personas sin pruebas concretas en su contra.
