Hace unos días se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado de Jalisco clausuró 10 tomas clandestinas de agua, sin embargo, agricultores acusan al gobierno de Enrique Alfaro por dañar estas obras que son legales.
Agricultores de las comunidades de Ocotlán, Poncitlán y Zapotlán del Rey, comprobaron que las tomas de agua son legales y cuentan con un título de concesión.
El documento se expidió el 1 de julio de 1992 por la Comisión Nacional del Agua y se actualizó el 31 de octubre de 2019 a favor de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego del Río Santiago.
Pedro Hernández Padilla, comisariado ejidal de San Miguel Zapotitlán, afirmó para Diario NTR que “la mayor parte de los equipos dañados pertenecían a quienes tienen concesiones y dotaciones legales”.
El pasado lunes 22 de marzo, el gobernador Enrique Alfaro dio a conocer que en el operativo se clausuraron las tomas “irregulares”.
Órdenes autoritarias y daños costosos
Campesinos relataron al portal Decisiones que el personal de la Fiscalía que dañó las tomas de agua no permitieron tomar evidencias, además de que la reparación de los daños representa un fuerte suma de dinero.
“No nos dieron acceso a tomar evidencias, me dijeron solamente que esa orden venía de arriba”, dijo Pedro Maldonado, ejidatario de San José Ornelas.
Pedro Maldonado denunció que no le permitieron comprobar si se llevaron los medidores y lograron ver cables cortados.
“Las reparaciones de las bombas que fueron dañadas por personal de la Fiscalía oscilan entre los 60 mil y 80 mil pesos. Las bombas del ejido La Constanza valen más de 1 millón y medio de pesos pues los agricultores habían invertido en tecnología para aumentar la capacidad de riego”, se lee en el portal.
