El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, es acusado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por la contratación de empresas fantasmas cuando fue gobernador de Campeche. Las cuales llevaron a cabo operaciones simuladas y desvíos de recursos por más de 59 millones de pesos, de acuerdo con información de la revista Forbes México.
“Tengo conocimiento que, durante el periodo de gobierno, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Christian Mishel Castro Bello y América del Carmen Azar Pérez realizaron varias operaciones simuladas. Desvíos de recursos, entre otros actos por encima de la ley, defraudando al gobierno de Campeche y a la Hacienda Pública Federal”, informó Teresita Cervantes Pérez en la denuncia presentada ante la Administración de Fiscalización Estratégica del SAT.
Las operaciones se llevaron a cabo en 2017, 2018 y 2019
Así, la denunciante planteó que en 2017, 2018 y 2019 las empresas fantasmas y los acusados llevaron a cabo operaciones que constituyen hechos violatorios de las disposiciones fiscales vigentes. Y que forman parte del delito de defraudación fiscal y sus equiparables.
Los implicados en la denuncia son:
- Alejandro Moreno Cárdenas – presidente del PRI y ex gobernador de Campeche.
- Christian Castro Bello – actual candidato a gobernador en Campeche por la alianza PRI-PAN-PRD.
- América del Carmen Azar Pérez – secretaria de Finanzas en el estado durante la administración de Moreno.
Además, presuntamente Moreno Cárdenas, Christian Castro Bello y América del Carmen Azar Pérez suscribieron contratos con diversas empresas de distintos giros. Las cuales se encuentran incluidas en la “lista negra” contemplada en el artículo 69-B del Código Fiscal Federal. De acuerdo con la denuncia citada por Forbes México.
La denunciante dijo que esas compañías emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente. Para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Los mencionados contribuyentes se encuentran no localizados. Así que son utilizados por servidores públicos con la finalidad de desviar recursos públicos.
