Valentina Pérez Botero / @vpbotero3_0
(02 de agosto, 2013) Desde las tres de la tarde Julia Alonso, madre de Julio Alberto López –desaparecido en 2008-, Brenda Rangel, hermana de Héctor –desaparecido en noviembre de 2009-, dos abogados de la Comisión de Derechos Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entraron a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) para hablar con Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Palacio de Covián, para asentar los compromisos de la dependencia con los desaparecidos.
Ni Julia ni Brenda se querían reunir con Lía Limón porque meses antes, esa funcionaria, le dijo a Julia Alonso que de su hijo, si tenía suerte, podría encontrar sólo un diente; los abogados de la CNDH convencieron a las víctimas para que ellos pudieran crear un oficio donde constataran los compromisos de la autoridad.
La reunión se suscitó porque Julia Alonso, desde el jueves a la una de la tarde, llegó a las instalaciones de la Segob con la resolución de vivir frente a la instancia política que incumplió los cinco acuerdos que se firmaron entre la secretaría y las víctimas para la pronta resolución de sus casos.
Al plantón también llegaría un camión de mudanza con todas las pertenencias de la familia. Después de cinco años siete meses de buscar a Julio, su familia ha pasado de Guerrero, México a San Diego, Estados Unidos. –por las amenazas de muerte- y de regreso a Tijuana para atender la investigación de Julio.
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