Lo que mal empieza, mal termina. Pero algunos grupos de poder ya mostraron sus armas y que están al acecho de la incipiente democracia mexicana. Que ostentan una ansiedad febril de recuperar el poder “haiga sido como haiga sido“.
Un sector de la oposición ha decidido jugar, desde ahora, la elección presidencial de 2024 por todos los frentes legales y extralegales. Si bien carece de un candidato o candidata sólida, el único proyecto que ha definido es la reconquista del poder a toda costa, bajo la lógica maquiavélica de que el fin justifica los medios.
En dicha premisa se circunscribe el asalto fallido calderonista al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Un organismo indispensable y responsable de calificar y validar los procesos electorales federales y revisar las impugnaciones estatales, cuando es el caso. En pocas palabras, los siete magistrados tienen la llave de acceso a la formalización del poder de cualquier elección popular; pueden decidir quién sí y quién no es candidato o candidata y si los triunfos son válidos o no.
Por eso el recién truncado asalto calderonista al TEPJF debe ser una señal de alarma para la frágil democracia mexicana. Como si se tratara de tomar el control de un centro de mando, entre las sombras, un grupo de poder alentó a 5 magistrados para que se rebelaran contra su presidente José Luis Vargas.
En una sesión y sede alterna (ya solo faltaba que escogieran la casa de Calderón) los magistrados escogieron por unanimidad a su par Reyes Rodríguez Mondragón como “nuevo presidente del TEPJF“, cuyo mandato supuestamente concluiría en octubre de 2024.
Paradójicamente, los garantes de la ley ensuciaron el proceso y atropellaron las normas fundamentales. El artículo 99 de la Constitución es claro al señalar que el magistrado presidente del TEPJF es elegido por 4 años y la vigilancia de su actuación corresponde a una comisión integrada por tres integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, un magistrado (obtenido por insaculación) y por el propio presidente del tribunal electoral.
¿Reyes Rodríguez fue entonces un breve presidente espurio del TEPJF? La respuesta es sí. Un adjetivo que por cierto le persigue aún hasta estas fechas a su exjefe Felipe Calderón, presidente producto de un proceso impugnado, cuestionado y calificado como fraudulento por millones de mexicanos en 2006.
Además del desastroso proceso ilegal, era impensable que la misión de calificar la elección presidencial de 2024 quedara en manos de un calderonista consagrado y cuestionado por decisiones anteriores. Reyes Rodríguez no solo trabajó en la Residencia Oficial de Los Pinos para el presidente Felipe Calderón en 2011 como coordinador de asesores de su entonces secretario particular Roberto Gil, sino para que no quedara duda de sus filias, intentó favorecer al calderonismo con determinación.
Cuando el INE negó el registro a México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala por haber recibido financiamiento oscuro, el magistrado Rodríguez Mondragón intentó maniobrar para que el TEPJF revirtiera el fallo y avalara el registro del pretendido partido político.
También a este magistrado que intentaron imponer había sido señalado de haber tumbado victorias de Morena bajo acuerdos políticos.
El 28 de octubre de 2016, el entonces dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador denunció que a ese partido le “robaron” la elección en el municipio de Zacatecas. Le atribuyó la decisión al entonces magistrado “corrupto” Reyes Rodríguez Mondragón. De acuerdo a la denuncia pública de AMLO, a Rodríguez Mondragón en la Secretaría de Gobernación le habían prometido llevarlo al TEPJF, a cambio de revertir el resultado
¿Garantizaba entonces Reyes Rodríguez Mondragón una presidencia imparcial, objetiva y libre de influencias políticas para calificar la elección de 2024? La respuesta era no. Por eso los primeros en celebrar el asalto fueron Calderón y Zavala.
¿Cuestionar este asalto significaba una defensa del cuestionado presidente, que finalmente ha renunciado ya por voluntad propia, José Luis Vargas? La respuesta es tampoco. Si Vargas tiene procesos e investigaciones que rinda cuentas ante la justicia, pero en todo caso que se siga el debido proceso.
En medio de esto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, exhortó a José Luis Vargas a que fuera realista y diera un paso al costado pues su permanencia no era “viable”. Renuncia que finalmente sucedió este lunes por la noche.El diagnóstico del ministro Zaldívar puede ser acertado. ¿Pero cuál es la verdadera alternativa ante esta crisis?
Algunos pretenden que caigamos en la trampa de una falsa disyuntiva de optar entre corruptos en el TEPJF. Por eso la mejor opción sería que mediante una reforma electoral profunda y con miras al 2024, se vayan todos los magistrados. No podemos arribar a la siguiente elección presidencial con un árbitro supeditado a intereses políticos perversos y jugando abiertamente a favor de un equipo. Sería el tiro de gracia para la democracia.
Reyes Rodríguez terminó también por declinar este lunes a su estancia ilegal como “presidente” del TEPJF. Pero desde el calderonismo mandaron ya la señal de que intentarán amarrar la elección de 2024, atropellando la ley como en 2006 si es necesario.
La solución más óptima se encamina hacia una reforma electoral que permita la refundación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así como del Instituto Nacional Electoral (INE), ambos rehenes de grupos de poder muy identificados.
Aún estamos a tiempo de evitar que nuevos penosos episodios de ruptura constitucional en materia de acceso al poder terminen por regresar a la democracia mexicana a una tragicomedia autoritaria. Ahora hicieron el ridículo, después no sabemos.
