“La gente dice que fue un acto de cobardía, pero, para nosotros, los que de verdad vivimos este infierno, fue la mejor decisión”.
“Nadie se pone en nuestros zapatos”… “¿Qué pasa con nosotros, las familias de los soldados que nos quedamos aquí solas mientras nuestros esposos están allá afuera, combatiendo contra ellos? ¿Nuestras vidas no valen?”.
Andrea Hernández es esposa de un soldado que vive en un conjunto habitacional para empleados de las fuerzas armadas, quien presenció cómo, el 17 de octubre de 2019, el lugar donde vive fue atacado con armas de alto poder por el crimen organizado, secuestrando por lo menos a un miembro del ejército. Bastantes testimonios similares de habitantes de Culiacán arruinaron en muchos sentidos la ventaja propagandística que la llamada “oposición” mexicana pretendió sacar de la liberación de Ovidio Guzmán. Si a Felipe Calderón le hubieran tocado las decisiones del Ejecutivo ese día -claro, tratándose de un grupo delictivo con el cual no estuviera coludido como el de los Guzmán-, el capo hipotético habría sido remitido a proceso después de su detención, mientras otra espiral más de violencia se desataba cual pólvora encendida por el Norte del país y más allá. Todas esas cuantiosas vidas no hubieran importado: sólo la captura de una “cabeza” de cartel como trofeo mediático persuasivo, destinado a obligar a la gente a aceptar la sanguinaria patraña de la “Guerra contra las drogas”.
Pero López Obrador daba un golpe de congruencia.
En medio de un enredo de cadenas de mando, precedido por la visita “misteriosa” del director de la DEA a las autoridades estatales priístas, todo daba la pinta de que el mandatario no había ordenado el operativo, o quizá ni enterado estaba de la preparación. Admitirlo públicamente representaba para él enviar un mensaje de disfuncionalidad muy grave, o peor aún, de caballos de Troya vulnerando su proyecto en las entrañas, con la anuencia del cotidiano intervencionismo gringo.
A pesar de estos costosos riesgos en la disputa del campo político-informativo, el Presidente giró orden inmediata de salvar vidas a través de la liberación del criminal. Poco importan los sermones sádicos de los múltiples actores nacionales y extranjeros hostiles a este gobierno -exigiendo el genocidio en aras de la “firmeza” anticrimen- , cuando se escuchan testimonios como el que abre este texto. AMLO mostró una valentía inusitada que le agradecieron miles de personas, manteniéndose firme en su nueva visión sobre la Seguridad: se acabó la guerra vs. el crimen tal y como la conocíamos.
Es esa la razón por la que Jorge Ramos ha sido enviado a aporrear al gobierno en las Mañaneras con cifras sobre violencia e inseguridad que, si bien obtiene en gran medida de la propia administración, azota en las pantallas de forma facciosa, sin el menor análisis fino que se requiere para dar una interpretación realista a los datos. Ramos es un granadero de lobby Obama-Clinton, ese bando de extraordinaria fuerza que hizo del PRIAN su falange en México, y cuya red de influencia no está nada contenta con nuestra presidencia actual. Menos cuando, en esos giros de ruleta que da la dinámica política, la casilla de Trump y su campaña electoral contra las suciedades demócratas, coincidió con la casilla de AMLO al exponer la complicidad entre la derecha neoliberal mexicana y las corruptas maniobras de la inteligencia anti-drogas estadounidense, incluidos los correspondientes vínculos con carteles y otras cochinadas.
Ese tremendo encono del linaje Obama-Clinton ahora vuelve recargado en la figura de Biden, que nos viene con su nueva retórica imperial: la “anticorrupción” y la “democracia”. Lo dejó muy claro cuando ratificó el apoyo de su gestión a las ONG’s operantes en México, desde la USAID y NED hasta Mexicanos Contra la Corrupción de Claudio X. González, como recordando que su presencia en este país no pasa por el consenso de sus poblador@s, a no ser de aquell@s que quieren ver en la ruina al obradorismo.
Por el lado de la “democracia”, Biden encuentra la excusa para apoyar a la derecha mexicana en el “amague” que el Ejecutivo empuja contra los órganos electorales autónomos; esto se quiere significar ante el mundo como supuestas tentaciones dictatoriales de López Obrador, cuando ha quedado más claro que nunca que estas “instituciones” son frentes de batalla ideológica, mediática y política del régimen ultraneoliberal y sus tentáculos partidistas, régimen que, no sólo no se ha retirado, sino que sigue moviendo hilos en los destinos de la nación. Identificar al INE y al TEPJF con la democracia en México es un montaje insostenible, auto-exhibido cada día en formas más cínicas mediante agresiones selectivas que ya no conocen pudor alguno, porque cuando cuentas con el respaldo de los grandes jefes del dinero, la prepotencia te lleva a actitudes como “Sí, cómo ves, a este le favorezco con la Ley, y a este otro lo perjudico. Porque sí, porque me conviene. Y si no te gusta ¿qué, qué vas a hacer…?
Sólo así se entiende que Lorenzo Córdova anuncie que va a establecer un reglamento para la consulta de revocación pasándose por el arco al Congreso; que en el TEPJF se den golpecitos de estado y de repente un sector político-económico tome el control total (todavía más) de esa instancia, o que se impugnen elecciones en Campeche espetando inconformidades sin sentido.
Por el lado de la “corrupción”, la Casa Blanca y su Departamento de Estado, como ya apuntamos antes, nos están imponiendo a sus “observadores” externos e internos, con el objetivo de validar todo lo que el prianismo dejó para afianzarse en la toma de decisiones sobre los asuntos de primer orden del país, incluyendo blindajes jurídicos impenetrables que protegen a sus agentes, a sus reformas y a sus tratados; es el caso T-MEC, en el cual Peña Nieto entregó nuestro trasero de nuevo y las negociaciones de Ebrard poco pudieron hacer. Todo bajo el pretexto de que cualquier intento de la 4T de cambiar este tinglado obedece a motivaciones de opacidad, discrecionalidad y despotismo “bananero”.
Para robustecer esta segunda narrativa, la derecha está tratando de extraer beneficios de la derrota que sufrió el 6 de junio. Ese es el entrenamiento de sus cuartos de guerra: sacarle ventajas a sus peores tropiezos. La nueva movida se trata de articular una perspectiva según la cual el narcotráfico favoreció la victoria de Morena en todas las entidades que perdieron. Ahora resulta que no fue su pésimo desempeño; no fue el hartazgo de los votantes contra su -esta sí- corrupción de abolengo; no fue su despilfarro o su ineptitud, ni la lealtad a modelos económicos fabricantes de injusticia. No, nada de eso: a los votantes los obligó el narco a rechazar la renovación de sus espectaculares resultados, de sus brillantes administraciones que tenían a las masas bien contentas…
¿La razón? Según ellos hay una alianza tácita de “laissez faire, laissez passer” de la 4T con el crimen organizado, evidenciada por su negativa de seguir en la lógica de la guerra calderonista-peñista. No se trató ese octubre de 2019 de salvar vidas como la de Andrea Hernández y su familia; esas, como dijo Felipe Calderón Hinojosa alguna vez, son dolorosos pero necesarios costos que “valdrán la pena”; de acuerdo con la propaganda de la derecha mexicana, ese octubre de 2019 se trató de salvar la libertad de Ovidio Guzmán, y de un mensaje de respeto a los delincuentes, porque si hubiera tenido pantalones, AMLO habría dejado arder a Culiacán y su gente con tal de inspirar “autoridad”. Más psicopatía no se puede…
Durante la era del dominio PRI-PAN, el Estado neoliberal cooptó al crimen organizado. Se edificó el mitote del narco como un gobierno paralelo que arrodilla autoridades. Nada mejor para encubrir al verdadero para-estado: las oligarquías formadas por actividades productivas “legales”, entre ellas mineras, madereras, “energías limpias” y otras empresas de jugosas ganancias que necesitan el terrorismo, el genocidio y el desplazamiento de poblaciones enteras, aplastando derechos humanos. Las gestiones gubernamentales -en los tres niveles- de esa edad “dorada” 1994-2018, no querían ensangrentarse demasiado las manos al favorecer a estos negocios; tenían que trasladar la responsabilidad a milicias delincuenciales y así no comprometer la imagen de la Alta Iniciativa Privada. Esta debía permanecer, ante la mirada de las mayorías, como el honesto motor del progreso y la prosperidad. El narco, sobredimensionado, pasaría a ser, junto a la “clase política”, el origen de todos los males, distrayendo así la atención multitudinaria de los verdaderos móviles estructurales de la imparable desigualdad. Personajes como Edgardo Buscaglia, Jorge Fernández Menéndez, Alejandro Hope o Ana María Salazar, se encargaron de difundir conceptos como “narcoestado”, “Estado fallido” o “narcoinsurgencia”, acuñados por el Pentágono para señalar objetivos que necesitan un pretexto de intervención.
Esta función del crimen organizado como brazo armado de las cúpulas económicas y la política migratoria de EE.UU en México y Centro América, también incluía, por supuesto, coacción en las elecciones a favor de los partidos predilectos de las élites. La violencia en días electorales es tan antigua como las elecciones mismas en México. De acuerdo con el alegato que la derecha está armando al día de hoy, en las intermedias la balanza de las preferencias del narco en términos de extorsión, coerción y asesinato, se cargó excesivamente hacia Morena. Así, el tratamiento que la 4T ha dado a la seguridad y la delincuencia, al no ser el calderonista-peñista, ha envalentonado a los maleantes, quienes el 6 de junio le devolvieron la cortesía. Ergo, hay una alianza implícita y la 4T es, o está en vías de ser, un “narcoestado”.
Toda esta hipótesis, que no tiene pruebas pero tampoco dudas, demanda por lo menos una pregunta: ¿Ese mismo escrutinio se realizó en cada elección del periodo 1994-2018? Porque con ese dato se podría verificar si en realidad las estadísticas de junio 6 sobre las acciones del crimen -inclinadas predominantemente a favor de un gobierno en turno- son realmente “inéditas.”, y por lo mismo “alarmantes” o indicadoras de corrupción.
De gran ayuda para responder a estas interrogantes son varios textos extraordinarios, que desafían a esa ortodoxia intelectual al servicio de la clase alta empresarial. “Los cárteles no existen.” de Oswaldo Zavala, “Estado de emergencia” de Carlos Fazio, “La Guerra que nos ocultan” de Francisco Cruz (et al.), “Capitalismo antidrogas” de Dawn Marie Paley, entre otros, son investigaciones y análisis de gran seriedad y rigor, que dan cuenta de cómo el Estado neoliberal penetró al narco, y no al revés; de cómo el crimen organizado se transformó en el brazo paramilitar del expolio.
¿Qué tan posible es que, bajo estas condiciones, en las elecciones de 1994-2018 los partidos imperantes hayan recibido ayuda mayoritaria de la delincuencia organizada, cuando prácticamente eran los patrones -o capataces de los patrones- de esta última? Siendo honestos, las posibilidades son altas, pero lo importante aquí era esa relación “contractual” que ahora no existe. Incluso Zepeda Patterson -ese periodista de “hoy con AMLO, mañana en contra, pasado nomás tantito”- ha tenido que aceptar que la pretensión de ver un pacto entre el crimen y la 4T es una vacilada. Si las cifras que ponen al narco “del lado de Morena” en las intermedias son verídicas y metodológicamente limpias de sesgo, contextualizadas con otros factores no expresan ni por asomo lo que la derecha quiere forzar ante la opinión pública.
Pero si el pacto de antaño rompió con el Ejecutivo, no lo ha hecho con los grandes intereses económicos que aún siguen contando con el prianismo a niveles estatal y municipal. Eso es, en gran parte, incontrolable para la gestión de AMLO. Si la “oposición” ya calculaba una derrota irreversible en varias regiones, les era muy conveniente arreglar que sus milicias ilegales les vendieran la faena de ejercer presión en apariencia favorable a las candidaturas de la 4T, para atribuirle al narcoterror la pérdida de más territorios de los que se imaginaban -algunos hasta ese momento inexpugnables- y de paso ir confeccionando la figura del dictador que examinábamos en la primera columna de esta serie.
También es explorable el escenario de un mensaje de organizaciones criminales al gobierno para ofrecer sus servicios “por las buenas”, pues la chamba que les llegaba desde la burocracia dorada de la federación en aquél 94-2018 ha disminuido considerablemente. Podría, dado el caso, de tratarse de una “última llamada” al pacto en “términos amables”. Después, la ley de “plata o plomo” rondaría con no pocas probabilidades el horizonte complicado de la seguridad.
La forzadísima conjetura del apoyo delincuencial a la 4T termina de derrumbarse con otros factores a considerar. AMLO ha desechado la costumbre de la captura de “peces gordos” o “cabezas”. Sabe que el crimen es exponencial y se nutre de la pobreza y la desigualdad; que los arrestos a líderes sólo precipitan el infierno de la lucha por las plazas y los vacíos de poder, y que los mandatos neoliberales los utilizaban a modo de espectáculo para simular que se estaba actuando. Por estas razones ha optado por la inteligencia financiera, el reforzamiento en el control de las aduanas y la demanda legal a las corporaciones norteamericanas productoras de armamento. Esta falta de espectáculo y simulación es la que la derecha quiere hacer pasar por “concesiones” a los maleantes, echando en descrédito los números que no les convienen: el aumento en la cantidad de decomisos, el arresto de huachicoleros de alto rango y la canalización de ayuda económica a las zonas que son semillero de niños y adolescentes halcones.
Ahora, los dirigentes del PRI, PAN y PRD presentaron ante la OEA un documento en el cual denuncian “la intervención (en las elecciones) del crimen organizado -de manera consentida o pactada con el Gobierno Federal”. Tienen un serio problema con las evidencias del “pacto” o “consentimiento”. Saben que carecen de un caso. Pero lo importante es la construcción social del dictador. Así lo demuestra Zambrano cuando “resaltó la importancia de que la OEA y la CIDH emitan medidas de carácter precautorio para el gobierno mexicano con el fin de evitar que el país continúe sumergiéndose en un ‘autoritarismo preocupante’ ”. Almagro escuchó -con muy probable placer- sobre la “persecución a opositores” y los “ataques frontales a las instituciones electorales como el INE y el TEPJF”.
La declaración del Destino Manifiesto está lejos de replegarse. Al contrario: China y Rusia están poniendo a los EE.UU. en una actitud especialmente vehemente y paranoica en lo que respecta a su hegemonía. La derecha mexicana cuenta con ello, pues el Covid-19 ha llegado a tales niveles de confusión mundial, que ya no tienen tan claro, como creían antes, de qué forma pueden usarlo para denostar al primer mandatario y su equipo; vaya, ni siquiera han conseguido señalamiento alguno de la OMS que les permita criminalizar el manejo de la pandemia en algún tribunal internacional; no pasan de su propagación de odio y estadísticas torcidas en redes. Esperan golpear fuerte acudiendo a la entidad que fue formada ex profeso con la meta de imponer la Doctrina Monroe. Ello es para tomar en serio.
Las elecciones del 2018 fueron aplastantes. El voto masivo y contundente redujo a nada el margen de maniobra de los operadores de fraudes. La OEA sabía que no había modo de desacreditar ni el proceso ni los resultados -por mucho que lo quisiera- sin hacer el ridículo, así como Lorenzo Córdova estuvo limitado para darle el registro al partido de Calderón, pues la avalancha de irregularidades le hubiera salido muy cara en cuestión de imagen al INE. Hay cosas que no se pueden ni con todo el oro del mundo, cuando la democracia auténtica se les viene encima a los dictadores del dinero. Sin embargo, esto no quiere decir que la OEA vaya a desestimar las “preocupaciones” de las fuerzas políticas oligárquicas que fueron a quejarse. El que haya validado el triunfo de AMLO y su plataforma no le impide el intento de engatusar a la comunidad internacional, argumentando que si bien hubo limpieza en las elecciones del 2018 (gracias al INE), el crecimiento del tirano es harina de otro costal y debe ser detenido.
Tal es la estrategia implacable que busca el regreso de aquello que tanto costó a las dinastías millonarias de este país, y que comenzó a solidificar desde 1982. Las contradicciones, incoherencias y calumnias que los dirigentes de los maltrechos partidos de la reacción llevaron ante Luis Almagro son irrelevantes.
La OEA es capaz, con menos que eso, de montar una “emergencia humanitaria” tipo Venezuela y hacer campaña para deponer al déspota populista. Primera parada: frenar las reformas energética y electoral. No nos extrañe seguir recibiendo invectivas al Presidente desde The Economist, Financial Times etc. La construcción social del dictador continúa con paciencia. Es una carta muy importante a jugar.
