“Este país no es de delincuentes, es de víctimas. Los delincuentes son pocos, pero están muy bien amarrados históricamente en las estructuras de poder”.
Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República (2021)
Desde enero de 2019, cuando Alejandro Gertz Manero fue electo por dos terceras partes de los votos del Senado para convertirse en el primer Fiscal General de la República, he observado con curiosidad los constantes ataques vertidos contra él por parte de la derecha y, lo que me resulta más asombroso, por algunos simpatizantes del obradorismo que reiteran los “argumentos” de la oposición.
La impunidad y la falta de justicia que han imperado por años nos han lastimado profundamente.
Es normal el anhelo de soluciones inmediatas para revertir esto. Pero por muchas ansias de reparación y revancha que se tengan, debe entenderse que la ley no se maneja a nuestro antojo, ni al antojo del presidente, ni al antojo del fiscal.
Es indispensable un análisis riguroso y serio a fin de evitar ser presas de una distorsión de la realidad muy convenientemente fabricada por los grandes intereses económicos y políticos, a través de sus grandes medios, con el propósito de socavar la presidencia de la 4T y colocar de nuevo a sus afines en el poder ejecutivo y en la fiscalía general.
Las funciones de un fiscal consisten en la iniciación del procedimiento penal, la investigación del delito, la supervisión de la legalidad de esas investigaciones, la supervisión de la ejecución de los fallos de los jueces. Su cargo se encuentra estrictamente separado de las funciones judiciales. Y sólo es uno más de los actores en dicho procedimiento, el cual incluye a la víctima, al imputado, a los policías, a los defensores, a los policías, a los jueces, a los facilitadores, a los peritos.
Tal procedimiento, como cualquier otro, está constituido por distintas etapas en las que participarán, en mayor o menor medida, los distintos actores desplegando diversas conductas y decisiones de conformidad con lo que dispongan la ley y la naturaleza específica de cada caso.
Pretender que por un dedazo, por un oficio, es decir, por un acto decisorio del Fiscal General de la República, se agilice y resuelva un asunto, resulta ilusorio, en el mejor de los casos, y en el peor, un franco engaño que se aprovecha de la ignorancia jurídica de la mayoría de la población.
Eso es imposible en un verdadero Estado de Derecho que fue por lo que votamos en 2018. Y a lo imposible nadie está obligado.
Como acertadamente planteó el tuitero @Erickisback1: “¿Qué velocidad se puede tener si un juez tarda 15 días en autorizar una solicitud de copias simples?”
Se trata de fases donde las actuaciones de cada una de las partes se concatenan, supeditan, superponen entre sí y cuyo control de ninguna manera lo tiene únicamente el fiscal general.
Tampoco puede perderse de vista que en la Constitución de nuestro país se ha establecido que el Estado adopte la forma federal; en otros términos, coexisten tanto un poder central como diversos poderes locales, generando una división de competencias en las que cada uno puede actuar legal y legítimamente sin invadir aquellas que no les corresponden. Esta división de competencias aplica en materia penal entre la Federación y las entidades federativas. Por lo tanto, el Fiscal General de la República sólo puede iniciar un procedimiento y perseguir los delitos que pertenecen a la esfera de su competencia. Los delitos del orden local deben ser perseguidos e investigados por el fiscal de cada una de las entidades federativas.
En consecuencia, la complejidad aumenta y también la probabilidad de que las personas se vean sujetas a injusticias no atribuibles únicamente ni siempre a la conducta, por acción u omisión, del Fiscal General de la República.
El bombardeo constante de los medios de la derecha sobre la supuesta inactividad o la falta de resultados del Fiscal General que, según ellos, se evidencia porque no ha encarcelado a nadie, es absolutamente insostenible. Omiten de mala fe informar que no es facultad única de este funcionario público ni de la dependencia que encabeza.
Sin embargo, estas acusaciones dolosas permean rápida y hondamente en el imaginario de las personas, al traerles a la memoria las veces que en sus ámbitos locales no han podido obtener justicia o ésta se ha retrasado sin justificación alguna. Como afirma con precisión Alejandro Gertz Manero: “Entiendo, y es lógico, que si las autoridades locales no pueden, exijan resolverlo a la Fiscalía General de la República, pero deben comprender que el 1% no puede suplir las deficiencias del 99% restante, como tampoco la Guardia Nacional puede suplir las deficiencias de todas las policías locales del país en cada municipio”. A esto hay que añadir, como ya mencionamos con anterioridad, que la ley es clara y no permite la invasión de ámbitos de competencia.
Y, a pesar de todo, y a diferencia de lo que la propaganda mediática de la derecha ha pretendido inducir en la población con su repetición incansable en todos sus canales de comunicación, la Fiscalía General de la República sí ha logrado muchos resultados muy loables, sobre todo, si los comparamos con lo llevado a cabo en los regímenes pripanistas.
Pero, como muy atinadamente lo expresó la tuitera @PArmendarizMx en un brillante hilo que tuiteó sobre los logros de la 4T: “Y los medios, calladitos”.
Leo en el portal de la revista Expansión declaraciones de distintos expertos en justicia que señalan que la Fiscalía General de la República de Gertz Manero “tiene más golpes políticos que a la delincuencia”, lamentando que se haya concentrado en los casos de Lozoya, Collado, Robles o Cabeza de Vaca.
¿En serio? ¿A estos políticos no se les puede atribuir la categoría de presuntos delincuentes a pesar de haber sido vinculados con escandalosos casos de corrupción cuyas consecuencias incluso han traspasado nuestras fronteras?
Vaya, vaya.
En el portal de El financiero puede consultarse la primera conferencia de Alejandro Gertz Manero como fiscal donde directamente le cuestionaron si investigaría casos del sexenio anterior como el de la constructora brasileña Oderbrecht (por el cual numerosos funcionarios de todo el mundo han sido sujetos a proceso penal o, incluso, se han suicidado) y la Estafa Maestra (escándalo destapado por una premiada investigación elaborada por periodistas a los que no se puede tachar de partidarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que mostró el desvío de recursos por parte de once dependencias tan variadas como la Secretaría de Desarrollo Social encabezada por Rosario Robles o PEMEX, así como ocho universidades públicas que fungieron como empresas intermediarias cómplices).
Entonces, ¿antes sí podían considerarse actos delincuenciales cuya investigación se exigía a la Fiscalía, pero ahora que este órgano dio inicio al procedimiento penal y provocó reacciones de todo tipo en los actores involucrados, ya sólo se trata de golpeteo político?
¿No es actuar contra la delincuencia proceder penalmente contra los beneficiarios por los sobornos de la transnacional Odebrecht que, en palabras del fiscal, y por lo que nos hemos enterado por las noticias nacionales e internacionales, “vino a México a corromper todo el sistema jurídico para poderse apoderar de los recursos petroleros de nuestro país”?
En los últimos dos años, como sigue relatando la nota del portal de Expansión, han pasado los expedientes de Emilio Lozoya y el caso Oderbrecht; Rosario Robles y la Estafa Maestra; la investigación contra Juan Collado, el abogado del poder detenido por defraudación fiscal; la detención de Mario Marín por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho; la investigación en contra del gobernador Francisco Cabeza de Vaca, a quien se le acusa de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal; la denuncia de exfuncionarios públicos ligados con negocios en las cárceles de México; la orden de aprehensión contra Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal durante el sexenio de Peña Nieto, por tortura a detenidos en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La mayoría de los expertos a los que da voz la revista Expansión no critican la tardanza en el procedimiento, dado que saben bien los recursos con los que cuentan acusados tan pudientes y protegidos para interponer todo tipo de medidas jurídicas que dilaten el proceso, así como las decisiones de los diversos actores involucrados. Lo que objetan es que se persiga a políticos y no al crimen organizado, siguiendo la misma lógica perversa que el sistema nos ha querido inocular dirigida a que pensemos que hay una separación clara entre los buenos ricos y poderosos que actúan siempre dentro de los cauces de la ley y los criminales malos que viven a salto de mata infringiéndola, y que son estos últimos los que realmente dañan a la sociedad, mientras que los primeros a veces sólo estiran un poco la liga de la legalidad para obtener jugosos beneficios que se derraman a la población y utilizan a fin de crear empleos.
Pretenden hacernos creer que los operativos escandalosos por los que en el sexenio de Felipe Calderón se atraparon, mataron y exhibieron los cadáveres de algunos capos, resultaron más eficaces para combatir la impunidad y lograr la justicia, a pesar de las cifras y los datos arrojados por numerosas investigaciones que indican que lo único que se logró con esas aparatosas acciones, que inundaban los noticieros de televisión y las primeras planas de los periódicos, fue aumentar el consumo de drogas en la sociedad, escalar la violencia a niveles nunca antes vistos, multiplicar las ejecuciones extrajudiciales y las organizaciones criminales; en fin, hechos que nada tienen que ver con una sociedad próspera, pacífica, justa donde la impunidad no impere.
Ya no fluye el dinero a los medios para armar espectaculares montajes de aprehensión de presuntos delincuentes o difundir loas al gobierno por la captura de capos.
La Fiscalía está atenida a sus propias vías de comunicación que no son numerosas ni las más idóneas para informar sus actuaciones y logros. Es por eso que quizá no nos enteremos – no son temas en las mesas de análisis de radio y televisión o en los titulares y las columnas de prestigiados intelectuales en la prensa escrita – que se ha vinculado a proceso a un importante número de miembros del crimen organizado dedicados al narcotráfico o al robo de combustible (huachicoleo) o que, a diferencia de lo sucedido en las dos últimas administraciones, en estos tres años se pudieron disminuir los ilícitos federales en un 27%, se redujo en un 68% el rezago en las carpetas de investigación, se resolvieron 13 mil asuntos mediante mecanismos alternativos de solución de controversias y se recuperaron 6 mil 650 millones de pesos por reparación de daños.
La Fiscalía General de la República ha provocado que poderosos actores políticos y económicos se hayan visto, como nunca antes, en la necesidad de hacer uso de todos sus recursos financieros y humanos, de todas las inercias institucionales que perduran, de toda la trama de complicidades tejida durante los gobiernos pripanistas, así como de estirar hasta el límite el blindaje jurídico que les permitió durante mucho tiempo vivir en la mayor tranquilidad, bonanza e impunidad y sin, ni siquiera, perder una pizca de respetabilidad. Pero ahora eso ha cambiado. Ya no les ha sido suficiente. Resulta inédito ver caer su disfraz de imperturbabilidad y convertirse en prófugos de la justicia o en protagonistas de sus propios montajes en video en los que se autonombran perseguidos políticos, regresar extraditados de países lejanos para enfrentar su proceso penal encarcelados o en libertad condicional, declararse culpables y comprometerse a devolver el dinero robado. ¿Cuándo se había visto todo esto con los procuradores de justicia pripanistas? ¿Ya se nos olvidó la vidente del panista Lozano Gracia? ¿El “Ya me cansé” de Murillo Karam? ¿La manipulación de testigos por parte de Marisela Morales?
Los medios nos han hecho creer que podemos conocer a cabalidad lo que sucede en un caso penal cuando se ventila diariamente en los noticieros de televisión, cuando vemos a las autoridades declarar en cada trámite del proceso. Basta recordar el infame caso de la niña Paulette en el Estado de México cuando fue gobernador Enrique Peña Nieto.
Esto no es cierto. No se hace justicia. Sólo se contamina la vida pública al exacerbar el morbo que en nada ayuda a determinar lo que sucedió ni a evitar la impunidad o la violación de derechos humanos. Nos deja sólo un mal sabor de boca porque al final nunca creemos que lo que nos dijeron es lo que realmente pasó, ni que se haya hecho justicia porque cada quién tiene una versión distorsionada debido a que las imágenes fragmentadas de televisión nunca nos aportan realmente todos los datos necesarios para aproximarnos a la verdad, a la consecución de justicia y a la protección de las víctimas.
En 1924 tuvo lugar en Chicago el llamado crimen del siglo donde dos jóvenes judíos ricos, poderosos, atractivos y muy inteligentes asesinaron a un adolescente también judío. Dadas las singulares características de lo sucedido, se generó un enorme escándalo en la sociedad de ese tiempo. En esa época sólo se contaba con el cine, la radio y la prensa escrita. La televisión aún no tenía la penetración que después alcanzaría y, por supuesto, no existían ni Internet ni las redes sociales. Y, sin embargo, ya se hablaba de la corrupción de la justicia por parte de la cobertura mediática.
Los medios de la derecha insisten en que Alejandro Gertz Manero es un florero que no ha hecho nada. Y eso repiten simpatizantes de la 4T. Ahí están los hechos, ahí están las diferencias con los gobiernos pripanistas para quien tenga la seriedad de analizarlos con rigor.
Es verdad que una Fiscalía eficiente puede ayudar a reducir los delitos. Y eso es lo que se ha hecho en el ámbito federal a diferencia de lo que ha acontecido, por ejemplo, en Guanajuato, el estado considerado el más violento del país, donde el fiscal local ha durado en el cargo doce años sin buenos resultados.
Falta muchísimo por hacer, mucho que arreglar y reformar. Y hay que seguir exigiendo que así se haga tanto al gobierno federal, a la Fiscalía General de la República, pero también a los legisladores, al poder judicial y a los órganos estatales, incluyendo a sus propias fiscalías.
Si Alejandro Gertz Manero es un florero, ha resultado un florero bastante incómodo para el pripanismo.
