(30 de noviembre, 2021. Revolución TRESPUNTOCERO).— “Desde hace varios años hago rápel. He bajado hasta 30 metros en barrancas en busca de fosas clandestinas y desaparecidos. Pero, sobre todo, busco a mi hija”, narra Tranquilina Hernández Lagunas.
Desde el 13 de septiembre de 2014, Tranquilina busca a su hija, Mireya Montiel Hernández, una joven que desapareció en Cuernavaca, Morelos, cuando tenía 18 años de edad y cursaba el primer semestre de la educación media superior en el Conalep.
“Aquella tarde el novio de Mireya llegó a mi casa a pedirme permiso para que la dejara ir con él a casa de su abuela. Iba a dejar una lista de útiles, comentó el muchacho. Yo accedí porque era en la misma colonia. Ellos llevaban de novios año y medio.
“Le dije a mi hija que se apurara porque iría a dejar a su hermanita al catecismo. Pasaron 40 minutos y ella no llegaba, le marqué, pero su teléfono me enviaba al buzón. Salí a buscarla y solo me encontré al novio en la calle. Le pregunté por ella y me dijo: ‘Llegamos a casa de mi abuela y me dijo que le daba pena entrar. Yo pasé y no tardé ni cinco minutos y cuando salí ya no estaba’. Él estaba bastante tranquilo, por lo que pensé que tal vez ella se había ido a casa de su abuela… pero no fue así”, cuenta Tranquilina Hernández Lagunas a Revolución TRESPUNTOCERO.
A partir de ese momento comenzó la búsqueda de Mireya. Primero por la colonia y después por la autopista. La familia de la joven se dividió para abarcar distintos sitios.
“Momentos antes de ir a la autopista a buscar a mi hija encontré a su novio hablando por teléfono en una caseta. Él me dijo que estaba llamando a su padre para que con su taxi lo ayudara a buscar a Mireya. Le creí, sin embargo, momentos más tarde mi hermana fue a casa del muchacho para saber si sabían algo del paradero de mi hija, el señor se levantó de la mesa asustado porque apenas se estaba enterando de la noticia.
“Se suponía que su hijo se lo había contado en la llamada que hizo desde aquella caseta. ¿A quién le llamó el muchacho? A su padre, no. Comencé a sospechar del joven y mis sospechas se intensificaron cuando él me llamó al saber que yo estaba en la fiscalía de Cuernavaca denunciando la desaparición de mi hija. Me preguntó insistentemente qué había escrito en la denuncia”, explica Tranquilina.
La madre expuso los hechos, pero aquel día de nada sirvió porque, a pesar de seguir todo el procedimiento, la fiscalía no había tomado en cuenta el caso y Tranquilina tuvo que repetir el proceso de denuncia.
En una segunda ocasión la atendió un ministerio público de guardia de fin de semana. Asistieron a la zona de la desaparición e interrogaron al novio de Mireya. Tras la investigación le comunicaron a Tranquilina que “el novio sabía qué pasó con la muchacha”.
Empero, no se dio seguimiento a esa línea de investigación. “Ahora busco a mi hija viva, pero también en fosas clandestinas desde 2016 y también busco a otros desaparecidos”, asegura la madre.
Tranquila Hernández Lagunas se unió a las Brigadas Nacionales de Búsqueda de Personas Desaparecidas en 2016. Aquella fue la primera vez que decenas de colectivos de unieron para buscar cuerpos y restos humanos en fosas clandestinas en Veracruz.
Esta acción se repitió en Sinaloa, Guerrero, nuevamente en Veracruz, y este año el punto de reunión y búsqueda fue Morelos.
La Sexta Brigada trabajó por dos semanas en 13 municipios del estado de Morelos: Jojutla, Huitzilac, Amacuzac, Yautepec, Cuautla, Temixco, Totolapan, Puente de Ixtla, Tetecala, Xochitepec, Cuernavaca y Yecapixtla.
Bajo un modelo de intervención integral, cada eje de búsqueda realiza actividades en las comunidades visitadas. “Esta articulación generó espacios de escucha, lucha y memoria para dar continuidad a los trabajos que ya realizan los colectivos en el estado”, explica la Brigada.
Con el hallazgo de diez importantes puntos de inhumación clandestina, el compromiso de las autoridades de continuar con el adecuado procesamiento de las fosas irregulares del Estado en Jojutla y el involucramiento de nuevas comunidades de fe en el acompañamiento a colectivos de familiares, entre otros logros, la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas concluyó su trabajo el 24 de octubre.
“El primer hallazgo positivo se localizó en el municipio de Cuautla, donde previo a la brigada se realizaron rastreos en la zona. La segunda semana se trabajó en una mina de arena en Mixtlalcingo, municipio de Yecapixtla, donde las familias tuvieron ocho hallazgos positivos en diversas fosas clandestinas, de los cuales, tres están siendo procesados por la Fiscalía del Estado de Morelos.
“Junto a la zona de trabajo en Yecapixtla se obtuvo un décimo hallazgo en lo que fue utilizado como casa de seguridad. Es importante denunciar que se encontraron restos óseos en una zona que ya había sido procesada por la fiscalía, lo cual muestra irregularidades al no tener un levantamiento correcto de los fragmentos y evidencia”, indica la información obtenida por este medio.
“Yo me uní a las brigadas para ayudar a buscar, pero también para aprender. Quienes buscamos somos antropólogos, peritos y hasta abogados. Hacemos lo que el Estado no hace: buscar a los desaparecidos”, dice Tranquilina.
A inicios de octubre, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, dio a conocer que se tiene un registro de 92,794 personas desaparecidas y no localizadas en México durante el periodo de 1964 y octubre de 2021.
Durante una comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Quintana informó que 135,887 personas reportadas como desaparecidas han sido localizadas, de ellas 126,857 fueron halladas con vida y 9,030 sin vida.
La titular de la CNB expuso que en el periodo mencionado el mayor número de personas desaparecidas lo reportó Jalisco, con 14,241, seguido de Tamaulipas, con 11,657; en tercer lugar está el Estado de México, con 9,984; luego siguen Nuevo León, con 5,692, y Veracruz, con 5,467 casos.
Sobre la problemática, el activista José Martínez Cruz miembro de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHM), comenta en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO que “la cantidad de desaparecidos es desafortunadamente tan grande que efectivamente en muchas ocasiones las autoridades no pueden llevar a cabo las tareas”.
Abunda: “Ahora que las brigadas de búsqueda han presentado sus informes se habla de que solamente 4 por ciento de cuerpos son identificados por los peritos forenses porque la cantidad es tan grande que la identificación se dificulta muchísimo. Por ello se creó recientemente un mecanismo de identificación forense, porque vivimos una situación muy grave de desapariciones forzadas”.
Ante la crisis que vive el país, si la sociedad participa de manera organizada puede influir para que se erradique la impunidad actual y que se logre el esclarecimiento de la verdad histórica de los desaparecidos en México de varias décadas atrás, señala Martínez Cruz, quien añade que es importante que el Estado y la sociedad aprovechen este momento para garantizar la no repetición de hechos.
LA INDIFERENCIA MATA
“Los familiares de los desaparecidos de los años 70 comenzaron a formar colectivos de búsqueda e identificaron claramente al Estado como el responsable; la consigna ‘vivos se los llevaron, vivos los queremos’ era porque se tenía información de que muchos de ellos estaban vivos detenidos en campos militares. Por ello no los buscaban muertos.
“Con el paso de los años y el crecimiento de la cantidad de desaparecidos esta idea fue cambiando y muchos de los que buscaban o buscan piden saber de su familiar y que se lo entreguen ‘como sea’, y es así como ellos mismos se han especializado para buscarlos. La gente va a remover lo que sea y como sea para saber qué pasó con su ser querido y en el camino muchos incluso han sido asesinados al estar buscando a sus desaparecidos”, comenta el activista.
Martínez Cruz analiza la empatía de la sociedad tras décadas de desaparición forzada y observa que “la gente cada vez tiene más conciencia y por ello crece la información, pero estructuralmente todavía no se logra erradicar el tema de la impunidad y de eso se tienen que ocupar las fiscalías, los jueces, las policías, aunque el sistema está demasiado corrompido.
“Una de las grandes tareas de la lucha por los derechos humanos implica ir a la raíz de fondo, que es el propio sistema que reproduce el problema y lleva a la descomposición social. Todos tenemos algo de responsabilidad en las desapariciones. La indiferencia mata y somos indiferentes ante el dolor de los demás, hay deshumanización. Se trata de exigir a las autoridades concretas porque todas tienen responsabilidad. Fundamentalmente se trata de que exista organización social”.
Hace un año a Tranquilina le llegó la información de que a su hija la mataron y sus restos se encontraban en un terreno en Morelos. De inmediato se comunicó con el ministerio público encargado del caso, pero “no me hicieron caso”.
Ahora que la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas llegó a Morelos, Tranquilina tuvo mayor fortaleza para continuar la búsqueda de su hija. Sin embargo, de no ser posible visitar el sitio junto con la Brigada sí lo hará junto al colectivo de búsqueda al cual pertenece.
De acuerdo con el V Informe de la Brigada Nacional de Búsqueda “Buscando nos encontramos”, en poder de Revolución TRESPUNTOCERO, “la mayor parte de los casos de desaparición tienen registro del año 2006 a la fecha, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa endureció la aportación mexicana a la guerra mundial contra las drogas, en una estrategia de seguridad conocida nacionalmente como ‘la guerra contra el narco’.
“La falta de investigaciones y búsquedas eficaces mantienen a miles de familias de personas desaparecidas en la incertidumbre, sin acceso a la verdad y a la justicia; enfrentando la revictimización por autoridades de los tres niveles de gobierno, así como la imposibilidad de las organizaciones de derechos humanos de brindar el acompañamiento al grueso de las víctimas debido a la magnitud del fenómeno”.
COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, en febrero de 2019 existían diez comisiones locales de búsqueda. Al 29 de febrero de 2020 se contaba con 30.
En 2019 se entregaron 248 millones 881,652 pesos con 22 centavos en subsidios para acciones de búsqueda a 21 comisiones estatales que lo solicitaron y que cumplieron con los requisitos administrativos pertinentes para realizar dicha solicitud.
“Por su parte, el presupuesto de 2019 a la Comisión Nacional de Búsqueda fue de 400 millones 791,984 pesos, el cual fue aumentado para 2020 un 79 por ciento, ascendiendo a 720 millones 396,000 pesos, de los cuales 457 millones 576,512 pesos están etiquetados para subsidios a las comisiones locales de búsqueda y, el resto, 262 millones 810,000 pesos, para la Comisión Nacional. Asimismo, en 2019 la CNB contó con 43 plazas, y en febrero de 2019 se aprobó la ampliación de 46 plazas más, que da un total de 89 personas”.
IDENTIFICACIÓN HUMANA
Aun cuando la identificación humana corresponde actualmente principalmente a las fiscalías, una de las funciones de la CNB es incidir en la política pública en materia forense.
“Al respecto se ha trabajado en diversas rutas. En febrero de 2019 se llevó a cabo un levantamiento de información en los servicios médicos forenses de todo el país, junto con la Fiscalía General de la República, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda con la finalidad de tener un diagnóstico nacional forense.
“Este análisis fue el primero en su tipo a nivel nacional y permitió tener un primer acercamiento concreto con enfoque nacional, desde la institucionalidad, a la crisis forense que vive el país. Desde la CNB se ha impulsado la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), y se han dirigido y organizado las diferentes mesas de trabajo que llegaron a la creación del mismo por parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, explica la dependencia.
Al inicio de la sexta Brigada los colectivos reafirmaron estar convencidos de que la atención, prevención y erradicación de la desaparición en México conlleva inevitablemente la reconstrucción del tejido social y la construcción de paz mediante intervenciones integrales de gran escala.
“La magnitud del problema que enfrentamos solamente puede ser abordada con un trabajo realizado por los tres niveles de gobierno, los familiares de personas desaparecidas y la sociedad en general. Por eso mismo, para poder encontrar a las personas que nos faltan, la Brigada está convencida de la necesidad de encontrar la humanidad en las personas que integramos este territorio”.
SENTIDO DE JUSTICIA SOCIAL
La lucha por los desaparecidos es una problemática que debería importarle a todos, incluidos los niños y adolescentes, reflexiona Fernando de Lucio Villalobos, quien, a sus escasos 14 años, además de estudiar el primer semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Comunicación y Medios Digitales en la Universidad del Valle de México (UVM), es un activista contra la desaparición forzada de personas y, puntualmente, de infantes y adolescentes.
Fernando de Lucio conoció la problemática de la desaparición forzada cuando tenía aproximadamente ocho años durante una manifestación de madres un 10 de mayo. Ellas buscaban a sus hijos y protestaban por la falta de justicia y acompañamiento.
El activista comenzó a realizar entrevistas a fin de realizar proyectos sobre la base científica enfocados en la desaparición forzada. El impacto fue “inminente”. Su recuerdo más sobresaliente, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, es el ver cómo dos hermanos, de 12 y 15 años, se “desmoronaban de dolor”.
“El más grande era alto, fuerte, tenía una expresión en su rostro y su físico imponente. Sin embargo, todo cambió en el momento en que comenzó a narrar los momentos que pasó con su hermano desaparecido, la forma en que lo habían buscado y cuánto lo extrañaba. De pronto comenzó a llorar inconsolablemente y me impresioné muchísimo”, comenta Fernando de Lucio.
La familia de Fernando de Lucio le inculcó el sentido de justicia social, asegura, por ello nunca ha dejado de ser empático sobre todo con uno de los casos más emblemáticos de la problemática: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Llevo ya cinco años investigando la desaparición forzada y el caso de los 43 estudiantes fue un punto detonante. A partir de ahí no dejé de asistir a manifestaciones y pude conocer a familias de víctimas de desaparición y gracias a sus testimonios que reflejaban el tormento que vivían comencé proyectos relacionados con el tema”.
Desde la perspectiva del activista, la desaparición forzada también se ha nutrido de la indiferencia social y de la apatía de la sociedad. “La grave problemática ha existido desde hace muchas décadas; sin embargo, desde 2006 y la llamada ‘guerra contra las drogas’ las desapariciones forzadas estallaron derivado del clima de violencia que se desató, y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto los casos aumentaron por la impunidad que aumentó”.
Fernando de Lucio es enfático al decir que se debe generar conciencia social y volver la desaparición forzada un tema cotidiano.
“Buscar elementos para prevenirla y, principalmente, enseñarles el tema a las niñas, niños y adolescentes. El representante en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jan Jarab, me dijo durante una entrevista que era necesario que este fuera un tema que se dialogara entre las familias, acercar a los niños a conocer la problemática y generar con ello planes y medidas de prevención”.
Como activista, el adolescente creó un canal de YouTube: Fer contra la desaparición /a favor derechos niñez, para generar conciencia sobre esta problemática, difundir materiales para la prevención y crear empatía con las familias de los desaparecidos, así como para la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA).
También lanzó una campaña contra la desaparición de NNA. Entre sus observaciones, Fernando de Lucio señala que se debe poner mayor empeño en aplicar con eficacia los protocolos de búsqueda y capacitar a las autoridades competentes en la problemática para actuar con mayor prontitud y eficacia. “Se debe exigir al Estado que realice sus funciones”.
De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación, en México hay un total de 230,710 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. Las personas localizadas son 137,191 y ocupan un 59.46 por ciento de la cifra.
UN MECANISMO EXTRAORDINARIO DE IDENTIFICACIÓN FORENSE
“Por instrucciones presidenciales, ante solicitud expresa de los familiares de personas desaparecidas, y en seguimiento, además, de una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde mayo y hasta diciembre de 2019 se llevaron a cabo 15 reuniones con familiares, sociedad civil, organizaciones internacionales, cooperación internacional y autoridades federales, con la finalidad de crear el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF)”, informa la CNB.
El MEIF, creado oficialmente por el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en diciembre de 2019, tiene como mandato la identificación, notificación y restitución digna de los más de 37,000 cuerpos pendientes de identificación en México.
El MEIF está integrado inicialmente por un Grupo Coordinador, compuesto por cuatro especialistas en identificación forense; un especialista en materia legal y jurídica en desaparición forzada y por particulares en México. Así como un especialista en cooperación técnica internacional; y un especialista en enfoque psicosocial y acompañamiento a familiares.
En abril pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, al encabezar el informe de avances de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, que en esta materia se realiza una labor profesional y responsable “como nunca se había llevado a cabo en este asunto tan doloroso”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que, a pesar de la prevalencia del hallazgo de fosas clandestinas, en 2020 se registró una disminución del 33 por ciento en el número de fosas localizadas y de 18 por ciento en los cuerpos recuperados.
“Esta tendencia afortunadamente se mantiene durante el primer trimestre del presente año. Estamos convencidos de que, de mantenerse esta tendencia descendente, estaremos por debajo del cierre de 2020”, puntualizó.
Al igual que miles de familias de víctimas de desaparición forzada, Tranquilina Hernández Lagunas mantiene la esperanza de que las acciones de este gobierno se vean reflejadas en la localización de su hija, un caso que ha denunciado durante siete años sin encontrar apoyo y respuesta contundente por parte de las autoridades.
“Al novio de mi hija ninguna autoridad le ha podido hacer cambiar la declaración de que dejó a mi hija cinco minutos en la calle y desapareció”, concluye Tranquilina. “Nadie ha llevado la investigación con mayor profundidad y yo, mientras tanto, la sigo buscando y pidiendo cualquier información anónima que me ayude a dar con su paradero. No busco y nadie de las familias busca culpables, solamente a nuestros desaparecidos”.
