Valentina Pérez Botero / vpbotero3_0
(28 de agosto, 2013).- Hilda lo repite: soy inocente. El aval jurídico del Supremo Tribunal de San Luis Potosí permite a la joven de 22 años luchar contra el estigma de “mala madre” y “asesina” que tanto la prensa como el personal médico que la denunció por aborto empleó en su contra durante más de tres años.f
El caso de Hilda es uno de los 25 que el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha podido documentar durante los últimos dos años y corresponde a una muestra clara de criminalización contra las mujeres. Para Regina Tamés, directora de GIRE, “todos estos casos cumplen un patrón: mujeres de bajos ingresos, con poco acceso a la información, acusadas por el personal hospitalario, obligadas a autoincriminarse y carentes de un debido proceso”.
La ratificación de la inocencia de Hilda coincide, en fecha, con el aniversario de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la interrupción legal del embarazo en la capital del país. Ésta establece que: no es inconstitucional la resolución –como alegaban sus detractores- y que la mujer tiene la virtud de decidir sobre su cuerpo; “El DF nos ha mostrado cuál debe ser la vía para prevenir que casos como los de Hilda se repitan” asegura Tamés.
Pero a pesar de que han pasado seis años desde que la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) lo promulgó y cinco desde que la SCJN dio la resolución; ambas decisiones en lugar de convertirse en un incentivo nacional provocaron una oleada conservadora “17 estados de la República reglamentaron que la vida empieza desde la concepción” afirma Alma Beltrán y Puga, coordinadora jurídica del GIRE, en entrevista con REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
La decisión de los estados provocó, de acuerdo con Beltrán y Puga, confusión política y del personal médico. “En toda la República, la violación y problemas de salud son causales legales del aborto. Los estados, al legislar sobre la personalidad jurídica del embrión, generaron una confusión de si esta ley federal seguía vigente” continúa la abogada.
La confusión deriva en casos como el de Hilda, pues San Luis Potosí fue uno de los 17 estados que blindó su normativa legal contra cualquier reforma a favor de la interrupción del embarazo. “La idea es que estas iniciativas estatales sean compatibles e incentiven programas integrales de salud sexual para mujeres: provean información, cuidados prenatales para reducir los índices de mortalidad materna, por ejemplo” dice Beltrán y Puga.
“La resolución de la SCJN es idónea” asegura la abogada mientras establece que la siguiente batalla legal debe estar dirigida a que la Suprema Corte se pronuncie a favor de la interrupción legal del embarazo después de las primeras 12 semanas –o 90 días- para que las mujeres cuenten con un marco jurídico que les permita ejercer su derecho.
GIRE ha podido documentar que 226 mujeres, en promedio, por año, son criminalizadas. La mayoría de los casos se concentran en nueve estados del país: Baja California, Puebla, Sonora, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Chiapas, Michoacán y Jalisco.
