Redacción / @Revolucion3_0
(26 de agosto, 2013).- “No nos dieron chance de alzar vuelo”. Así explica uno de los pobladores de San Miguel Aquila, Michoacán lo que pasó con sus guardias comunitarias: vieron que aún eran pocos –aproximadamente 300- y el Estado se apresuró a desmantelarlo “Nos arrestaron a 49 compañeros y mataron a dos sólo porque tenían camisetas que decían guardia comunitaria de Aquila”.
“Ya no podemos volver” explica B mientras toma aliento, él no lo sabe pero su condición de migrante interno, de desplazado, lo hermana con los 5.5 millones de desplazados por la violencia en Colombia –debido a la guerra civil-. B, junto a los tres compañeros que relatan la historia de su comunidad, entiende que su cabeza tiene precio. Dejaron su tierra, el arraigo y ahora migran a la capital para pedir justicia y seguridad para su pueblo.
De acuerdo con el Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) México tenía, hasta 2012, 160 mil desplazados internos por motivos de inseguridad, pero esa cifra no cuenta la escalada de violencia en Michoacán ni Guerrero. “Son muchas las familias que ya no pueden regresar a su tierra” dice O mientras afirma que la de ella es una de esas.
Implantaron pruebas
De casi medio centenar de guardias comunitarios que las autoridades federales substrajeron de Aquila, 21 enfrentan cargos graves que les impedirán vivir su proceso en libertad y que los mantendrá a más de mil kilómetros de su lugar de origen (la prisión de alta seguridad donde los tienen está en Perote, Veracruz).
B afirma que las armas que tenían los guardias comunitarios contaban con permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no obstante que uno de los cargos que se les imputa es el porte de armas exclusivo del ejército. Al respecto B enfatiza “Esas no eran nuestras, se las pusieron…a algunos compañeros se los llevaron mientras estaban dormidos y no tenían nada con ellos”.
La incriminación de la autoridad federal y estatal en lo sucedido en Aquila va más allá de la implantación de pruebas: “Nos mataron a dos compañeros a sangre fría” dice P mientras se lamenta: “fue el gobierno estatal, y sus muertes quedaron impunes”.
El énfasis en esa última palabra recopila el porqué de las autodefensas: “nos pedían dinero, se llevaban a nuestras mujeres, violaban a nuestras hijas, nos robaban las herramientas con que trabajar y hostigaban la tranquilidad. ¿Qué íbamos a hacer?” pregunta O mientras vuelve al abandono “Al gobierno no le importamos” y esa soledad de la justicia en Aquila regresa a la impunidad… 49 guardias comunitarios detenidos, un bus que transportaba a sus familias incendiado y dos asesinatos, todo en 14 días.
Los cuatro pobladores de Aquila que fueron a entablar un diálogo con la comunidad académica y universitaria de la UNAM coinciden en que hay miedo. Por no poder regresar a casa. “A la oficina de gobierno que nos metamos no vamos a salir” dice B mientras explica que no confían en la autoridad “si vamos y les decimos, nos desaparecen”. Ellos cuatro ya son desplazados permanentes.
