Redacción / @Revolucion3_0
(29 de agosto, 2013).- El tiro de gracia se da aquí, y Luis se señala la mitad de la frente. Traga saliva. O en la nuca, dice mientras hace de su mano un arma y se apunta entre el cuello e inicio de la cabeza. Respira acelerado porque sabe que puede ser el próximo: hace una semana, un cartel pegado en la colonia 10 de abril, Guerrero, anunció su sentencia de muerte.
“Como asi fueron ejecutados tus amigos asi bas aser asesinado tu y Sofio (sic)” La cartulina se refiere a los seis líderes sociales que han sido asesinados en lo que va del sexenio de Ángel Aguirre en el estado -tres líderes campesinos que aparecieron con un tiro de gracia flotando en el río y tres normalistas- y advierte tanto a Luis Olivares, miembro de la Organización Popular de Productores de Costa Grande, como a Sofío García, miembro del comité central del Partido Comunista.
“Si algo me pasa, responsabilizo al gobernador, Ángel Aguirre y al presidente Peña Nieto”, dice Olivares con la conciencia de que mañana se cumple el plazo que le dieron, quienes firman el anuncio – “gente especializada en ejecutar”-, para que abandonara su municipio junto a toda su familia.
Si Olivares debe partir no sería la primera vez. Las dos colonias aledañas que ayudó a fundar, 10 de abril y Frente Emiliano Zapata, ambas están constituidas por 120 familias que han tenido que desplazarse por la violencia en Guerrero. Olivares tuvo que bajar de la sierra después de la masacre de Aguas Blancas donde el Estado asesinó a 17 campesinos. “Fue por defender la madera” dice Luis en entrevista con REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
Ayer Luis recibió una llamada de su esposa. Personas vestidas de militares estuvieron frente a su casa y en su colonia. “Nos quieren sacar” narra Luis mientras explica que sus vecinos y él han pensado en generar grupos de autodefensa “sólo así vamos a poder vivir tranquilos” afirma este líder indígena quien dice haber vivido 16 de sus 50 años bajo el hostigamiento de los grupos paramilitares del gobierno.
Luis aún no ha realizado ninguna denuncia sobre las nuevas acusaciones. “El Ministerio Público, el gobernador… todos son indolentes y quieren confrontar a los grupos sociales al incentivar la acusación entre organizaciones”. Olivares pronuncia precisamente su historia y preocupación frente a la representación del estado de Guerrero en la capital mexicana como un acto de protesta frente a la complicidad gubernamental con la mafia. “El gobierno y el crimen organizado son lo mismo” sentencia.
Las razones por las que es amenazado aún son confusas. Luis explica que puede ser una ayuda retrasada del gobierno, o que mandaron desmantelar una trituradora clandestina en el río, o la defensa al agua, o la autogestión de su comunidad porque la clase política no los quiere dotar ni de electricidad ni de acueducto; pero concluye que debe ser por su tierra. “Nos quieren sacar de aquí”.
“Van con todo por el Plan Puebla Panamá (PPP)”, dice Olivares a pesar de que ningún político ha mencionado, en los últimos años, la carta fuerte que Vicente Fox quería incentivar durante su gobierno: un plan que aglutinaba Centro América como una contraparte de oferta de mano de obra barata al bloque de los tigres asiáticos. La propuesta era conjuntar la región entorno al jaguar americano.
Aunque Fox no pudo conciliar las resistencias locales y los fondos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional al parecer nunca llegaron, para Olivares el PPP “es parte de la Iniciativa Mérida: quieren Perote, la sierra, nos quieren sacar de la tierra” dice con la intención de afirmar que el plan continúa vigente y en operación.
Mientras las pujas por la tierra y los intereses continúan, la vida de Luis, de Sofío, de miles de amenazados anónimos, pende de un tiro de gracia del que nadie se hace responsable.
